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Los que nos estafaron por encima de nuestras posibilidades mientras ellos se forraban




El diario.es, dentro de la sección “Los papeles de la Castellana” revela hoy como el expresidente de la Cámara de Comercio de Castilla-León, y actual presidente de la Cámara de Comercio de Palencia regularizó, gracias a la amnistía fiscal de Montoro 11.2 millones de euros, por los que pagó a la Hacienda Pública una media de un 2%. La mayor parte, 10,9 millones, correspondió a una de las hijas de los fundadores de la empresa, Rosa María Blanco; su marido, presidente del fabricante de aperitivos y de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, afloró 262.762 euros. La cuota a pagar por ambos fue de 337.405,36 euros, el 3% del dinero que tenían oculto en varias cuentas de la entidad suiza UBS, la cuñada de ambos, esposa de un exgerente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, regularizó otros 139.434 euros por los que pagó a Hacienda 1.690,83 euros, un 1,2% del patrimonio opaco.

Villagrá concedía en 2013 una entrevista al cavernario diario ABC, en la que aparte de poner de chupa de dómine a los trabajadores, pedir que se tomasen medidas más draconianas aún que las que puso en marcha la Reforma Laboral de Raxoi, afirmaba, mientras él escondía su dinero en Suiza para no pagar impuestos, que “hemos vivido hasta un 30% por encima de nuestras posibilidades”, resumía Villagrá, en la mencionada entrevista, concedida diez años después de haber abierto una cuenta en Suiza con la entidad UBS. El empresario hablaba así tras ser elegido presidente del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, cargo que ocuparía durante dos años.

Las palabras de Villagrá, defraudador fiscal de libro, beneficiado de la injusta amnistía de Montoro, y por ello insolidario y delincuente, tenía, o tiene, la misma desfachatez que otro empresario similar, ahora encarcelado: Gerardo Díaz Ferrán, que pontificó, con todo su rostro de cemento que los trabajadores tendrían que trabajar más y cobrar menos para salir de una crisis cuya responsabilidad fue, y sigue siendo, enteramente de los empresarios, los especuladores y unos políticos consentidores de injusticias y perpetradores de latrocinios.

El cuento que de habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades se lo montó la derecha para justificar una crisis y unos latrocinios en los que nos robaron por encima de cualquier posibilidad de hacer avanzar el país y los derechos de los trabajadores. Según se van conociendo la lista de los defraudadores perdonados por Montoro, todos ellos de los círculos de poder afines al PP, se va entendiendo la razón de los recortes que han costado ya miles de vidas, ya fuera por suicidios causados por la penuria económica, por la falta de prestaciones o de medicación que el Gobierno obligó a pagar a los pensionistas que, con sus escasos ingresos, debían mantener a hijos y nietos en paro y sin prestaciones, porque el dinero público escasea a causa de los fraudes fiscales, la financiación ilegal del PP y las maniobras de ese partido en las comunidades o regiones donde gobernaba.

Durante años han estado atracando el fondo de pensiones, con la idea de promocionar los negocios de las aseguradoras privadas, anunciando que quienes tienen ahora entre cuarenta y veinte años no podrán cobrar pensiones de jubilación, máxime con las reformas laborales que exigen una carrera profesional pagando la SS que es imposible completar dado los niveles de paro.

El presidente de la Patronal, Juan Rossel, no paró durante estos años en apretar las tuercas al gobierno del PP para que legislase a su gusto, esto es, dejando a los trabajadores en estado de esclavismo, sin derechos, sin paro y sin capacidad para poder ejercer los derechos que consagra una Constitución que, ya dijo, hace años el ministro de AAEE, García Margallo, que, excepto para imponer la unidad territorial, el resto es papel mojado. Así un alto cargo del Ministerio de Trabajo, apareció en las televisiones asegurando que un trabajador que rechazase cualquier trabajo ‘aunque fuese en Laponia’ no tenía derecho a cobrar el paro.

Nos robaron tanto por encima de nuestras posibilidades en impuestos, derechos, salud, y todo lo que fuese Bienestar, para poder asaltar las cuentas públicas con total impunidad y carácter mafioso. Así es como actúan cuando se descubre un escándalo de pufos, como ha sucedido en el Hospital Provincial de Castellón, donde se ha descubierto un agujero de 25 millones de euros. Nada sorprendente si se tiene en cuenta que, entre facturas falsas por servicios inexistentes y facturas infladas, los responsables del centro sanitario se embolsaron la citada cantidad.

La Vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, exponía hoy en “Las mañanas de Cuatro” que se habían encontrado facturas de 500 euros por cambiar las ruedas del sillón del despacho del gerente. Y que el denunciante del pufo, que llevó a Fiscalía toda la documentación, recibió amenazas del tenor de ‘ten cuidado con lo que miras”, al más puro estilo mafioso.

Latrocinios como ese, o el Gran Premio de Fórmula1, o los mil millones estafados por la empresa pública Ciegsa y otros atentados al dinero de todos, es lo que ha causado la ruina de las arcas valencianas, cuyas consecuencias estamos pagando los ciudadanos, que recibimos pensiones miserables, que tardaron años en cobrar la dependencia y otras muchas miserias que padecemos los pobladores del País Valencià en particular y todos españolitos en general, víctimas del latrocinio sistemático de empresarios defraudadores y gobernantes ladrones.

Lo que más sorprende de estas situaciones es que aún quede gente dispuesta a votar al PP, que sostiene a empresarios defraudadores, los beneficia con amnistías fiscales para que no paguen los impuestos necesarios para que el país funcione, porque ni se atienden a las necesidades sociales, ni se hacen infraestructuras nuevas que beneficiarían, incluso, a los propios defraudadores, que creen que al guardar su dinero en Suiza solo están mermando las necesidades de los económicamente débiles y los trabajadores.

Esos que, ya dijo Andreíta Fabra, que se jodieran. Es de esperar que la ciudadanía se acuerde de esas frases y esos robos a la hora de votar y que a partir del día 26 los que se jodan sean los defraudadores fiscales, los ladrones mafiosos e impunes, que tendrán que empezar a pasar por los juzgados y a devolver a las cuentas públicas de cuanto se llevaron.  

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