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La democracia con la que dice Cifuentes que quiere acabar Unidos Podemos (II)




La exdelegada del Gobierno y actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, decía hace unos días que Unidos Podemos “quiere acabar con esta democracia”. Es un viejo recurso del PP, desde que Podemos se convirtió en una formación que en las elecciones europeas consiguió cinco escaños desde la nada, y comenzó a suponer lo que la derecha percibe como una amenaza a su poder. Antes que Cifuentes, lo repetiría con machacona insistencia, Esperanza Aguirre. La pregunta que surge ante tales aseveraciones es ¿qué democracia quiere destruir Unidos Podemos y cual la que quieren conservar quienes consideran que lo que ahora tenemos es una democracia perfecta, aunque las democracias sean siempre perceptibles?

Que no es una democracia perfecta, ni mucho menos, lo demuestran los actuales gobernantes, corruptos tanto perpetrando latrocinios de dinero público, como corrompiendo el Estado de derecho, como acostumbra a hacer, y se constata frecuentemente, el peor y más reaccionario Ministro del Interior -Jorge Fernández Díaz-, que se ha padecido desde la proclamación de la Constitución del 78 que, continuamente, el partido ahora en funciones, y cuatro años de Gobierno, estuvo vulnerando y despreciando. No hay que olvidar que el Ministro de AAEE, García Margallo proclamó que “excepto los artículos 1 y 2 -los que hablan de la indivisibilidad del país- la Constitución es papel mojado”.

Que el Ministro del Interior, Fernández Díaz, haya sido descubierto intrigando para desprestigiar a los nacionalistas catalanes, del mismo modo que inspiró, desde su gabinete, una campaña de difamación contra Podemos, dándole documentación falsa a ese pseudoperiodista sin ética llamado Eduardo Inda, que acordó con Interior ir sacando informaciones mendaces contra Podemos en fechas claves, y utilizada por el presunto delincuente de Manos Limpias, Miguel Bernat, de ideología ultraderechista, para presentar querellas contra la formación morada que fueron sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo, es la constatación de que la democracia que quieren conservar los dirigentes del PP deja mucho que desear.  

Como paradigma queda la trayectoria de un Ministro empeñado en espiar y desprestigiar a sus contrincantes políticos que, desde su punto de vista reaccionario, son “enemigos de la patria”, o de su partido, ya que la gente de su ideología suele tomar la parte por el todo, usando de forma corrupta las instituciones del Estado.

Cuando algo no le ha gustado a ese ministro -que en una democracia real hubiese sido obligado a dimitir por condecorar santos de palo, o por hablar, como un demente de ángeles de la guarda que le ayudan a aparcar-, siempre ha decidido que era ilegal y debía ser perseguido. Aunque existen cuestiones aún más graves, como la puesta en marcha de una ley, la Mordaza, que, si se estudia bien, revela que da todo el poder a la policía y acaba con una de las imprescindibles prácticas jurídicas de un Estado de Derecho: el Habeas corpus, la posibilidad de que un detenido sea presentado ante un juez para que este dirima si hubo o no delito, o qué medidas legales hay que aplicar al detenido y este puede defenderse con la ayuda de un letrado. Con la ley Mordaza la policía acusa y sanciona sin ninguna cortapisa.

Decía hoy Iñaqui Gabilondo “Oír al ministro en plena ceremonia de la conspiración husmeando, rebuscando, hozando en el estercolero, con la esperanza de encontrar basura contra sus adversarios políticos, es una escena repugnante que además nos estremece”. Y abundaba en la idea de que, igual que hizo en esa ocasión, en las conversaciones que revela el diario Público, sin duda esa obscena practica de espiar a sus contrincantes políticos, o sus enemigos, dada la ideología reaccionaria y filofascista del personaje, seguramente se hizo muchas más veces.

Gabilondo, como la práctica totalidad de la oposición, e infinidad de periodistas, pide la dimisión del ministro. Vana solicitud, la reacción a su mal comportamiento es la de abrir una investigación para averiguar quién grabó o filtró la conversación. El viejo dicho del siglo XIX de la burguesía: “que se queme la casa pero que no se vea el humo”. No importan las prácticas ilegales y contrarias al Estado de Derecho. Lo que preocupa es quién filtró la vulneración de la legalidad democrática.

El caso de Alfon -joven al que la policía detuvo diciendo que llevaba una mochila con explosivos, que nunca se demostró fehacientemente que fuera suya, y cuyas pruebas se despreciaron para condenarle la varios años de cárcel- la detención de los titiriteros tratándolos como terroristas, dosieres en los que se liga a independentistas catalanes como Carmen Forcadell -expresidenta de las Corts- con Terra Lliure. Y el famoso Informe Pisa (Pablo Iglesias S.A) del que un comisario se responsabilizó directamente y filtró al nada honrado periodista Eduardo Inda y que repitieron machaconamente las televisiones digitales concedidas a dedo por el PP a sus afines, como 13TV, en manos de la Conferencia Episcopal, son todas argucias tramadas en el núcleo duro del Ministerio del Interior.  

Más grave aún, si cabe, fue la intención de Fernández Díaz, que manifestó la necesidad de sancionar a un juez, José Ricardo De Prada, que hizo unas reflexiones sobre la legislación antiterrorista y la cuestión de la tortura en España. Las palabras de De Prada, incidiendo en que en determinados casos la policía tortura a los detenidos sospechosos de terrorismo, tuvieron la inmediata reacción del funesto Fernández Díaz, instando al Consejo General del Poder Judicial a tomar “algunas medidas” contra el magistrado. La pretensión indignó a Amnistía Internacional que inmediatamente emitió un comunicado alegando que la organización compartía “algunas de las preocupaciones reflejadas por el magistrado, como las relacionadas con las reformas del Código Penal que conllevan una definición tan vaga de terrorismo que puede afectar al ejercicio de la libertad de expresión y reunión; o la existencia de casos de tortura en España y la impunidad efectiva de los responsables”.

Amnistía Internacional, que se pronunció contundentemente contra la Ley Mordaza y la Reforma del Código Penal, instaba a las autoridades a respetar el principio de separación de poderes, el ejercicio de la libertad de expresión de los jueces y a no realizar injerencias indebidas en la independencia del poder judicial.

Tampoco hay que olvidar la legislación y medidas tomadas por Fernández Díaz en las fronteras de Ceuta y Melilla donde, impunemente, las fuerzas de Seguridad del Estado dieron lugar a la muerte de quince inmigrantes en las playas del Tarajal, disparando pelotas de goma a un grupo de aterrorizadas personas, cuya mayoría no sabía nadar. La colocación de inhumanas ‘'concertinas’ que causan espantosas lesiones a quienes pretenden cruzar las vallas, y una política antinmigración censurada y condenada por los organismos europeos, son la característica de un Ministo y un Ministerio poco cuidadoso con las premisas democráticas. 

Si se analiza la política de Interior del Gobierno del PP, en materia de Interior, con la Ley Mordaza y la Reforma del Código Penal, con las brutales represiones de manifestaciones de izquierdas y la tolerancia con las de extrema derecha, con sus impresentables casos de espionaje contra todos los partidos políticos que no son el suyo, la corrupción endémica entre ciertos grupos policiales, ligados en sus carreras al régimen franquista, como el comisario de València que protagonizó en su día la brutal represión de los estudiantes de bachillerato y ESO del IES Lluis Vives, a los que tildó como ‘el enemigo’, no sería racional aseverar que estas actitudes y semejantes políticas no son propias de un régimen democrático.

De nuevo, se plantea la pregunta: ¿Qué clase de democracia es la que Cifuentes dice que Podemos quiere destruir? ¿Una democracia muy lejos de la homologación con países de corte europeo? ¿Una democracia que detiene, culpabiliza, niega el habeas corpus, espía a los contrarios y los difama, maltrata e incluso no evita la muerte de inmigrantes, por decirlo de forma suave, e ignora casi el 99% de las peticiones de asilo?  Esa democracia que quiere mantener Cifuentes es, sin duda, una democracia a la medida del PP y de gente como el funesto Fernández Díaz.

Sin duda la que puede ofrecernos Podemos se parecería más a una democracia europea, tan diferente a la que Cifuentes dice que hay que conservar, para su propio beneficio; no para los ciudadanos ni para el Estado de Derecho.



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