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De perros y burócratas: Una estúpida prohibición de la Junta de Andalucía.



Resulta ya manido repetir la frase de Gandhi que dice que el grado de civilización de un pueblo se mide en el respeto por sus animales. Siendo esto cierto, este país nuestro no puede presumir de una civilización avanzada. Las fiestas llamadas “populares”, que se desarrollan cada verano en miles de pueblos de todas las regiones del país, suelen tener como principal diversión la tortura de cualquier animal. Algo hemos mejorado con la nueva ley de Protección animal. Ahora falta ver cuántos de esos pueblos que ‘celebran’ sus fiestas masacrando animales la obedecen o prefieren pagar multas a renunciar a su sadismo.

El caso de Tordesillas es paradigmático de la brutalidad de un pueblo cuyos ediles, tanto del PSOE que gobierna, como el PP en la oposición, se pusieron de acuerdo para clamar contra la decisión de la Junta de Castilla y León de prohibir el alanceamiento, apuñalamiento y toda clase de atrocidades que un día de septiembre ejecutan los mozos de ese pueblo de cerriles ágrafos violentos contra un indefenso toro que persigue a campo abierto.

Fiestas llamadas ‘populares’ aparte, el grado de rechazo hacia los animales afecta en muchas ocasiones a las administraciones que, con sus afanes burocráticos, toman medidas inaceptables en un país llamado civilizado.

Aún está en la memoria de todos la atrocidad que las autoridades sanitarias cometieron contra el desdichado Excálibur, cuando su ama enfermó de ébola, desoyendo la desesperación de su familia, el clamor popular y hasta las recomendaciones científicas. No se sabe si tras lo que se supo después de asesinar al pobre inocente perro, a los responsables del crimen se les cayó la cara de vergüenza. De lo que hay constancia es que ninguno de los responsables de la irracional y tosca decisión, alguno de ellos pidiese disculpas por su brutalidad irracional.
  
Sin llegar al crimen de eliminar a un ser inocente, la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía, prohíbe la presencia de perros en los pisos de alquiler social, como si quien no puede pagar un piso normal no tuviese derecho a tener a su lado a su compañero peludo. Es una medida brutal, porque habrá familias que no tengan más remedio que ‘deshacerse de su perro’, que es la expresión eufemística que suele usar la gente cuando, ignorando el sufrimiento horrible que causan al pobre animal, que se ve apartado de su familia, de su manada, lo dejan tirado en cualquier parte.  

La Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía, presidida por esa señora, Susana Díaz, a la que tanto gusta posar con toreros como Fran Rivera, o delincuentes como el Presidente de Ausbanc, Luis Pineda, pone impedimentos a la gente que tiene perro para ocupar una vivienda de alquiler social. La noticia la daba ayer el diario Público, en la que narraba como una joven sevillana, cuando ya había entregado la señal del alquiler, al firmar el contrato, se encontró con la desagradable sorpresa de que le prohibían que compartiese el piso con su perra Nía. Afortunadamente para su perrita, la joven renunció, indignada, al piso.

Desde la Agencia Andaluza de Vivienda expresaron a los miembros del PACMA que se interesaron por el caso, que no tienen por qué dar cuentas de las decisiones que toman, ni informar previamente a la firma del contrato de las prohibiciones y limitaciones que imponen para ocupar una vivienda de alquiler social. Con lo que se junta la arrogancia de la burocracia, con la nula sensibilidad de algunas administraciones.

Constantemente se lee en la prensa casos atroces de crueldad contra desdichados perros, caballos u otros animales, domésticos o no, censurando tales barbaries, dado que en el presente, los medios muestran una mayor sensibilidad a la crueldad contra los animales, quizá porque el número de personas que los quiere y respeta aumenta día a día, aunque no en las cerriles mentalidades de algunos gobernantes.  

El caso de la Junta de Andalucía, protectora y promocionadora de los festejos taurinos, a los que da unas cantidades de dinero que bien podrían emplear en asuntos más edificantes, resulta intolerable, una violación de los derechos civiles, que reconocen, a cualesquiera personas, el derecho a tener o no tener en su domicilio aquello que deseen, si no supone la lesión de los derechos de sus vecinos o una clara peligrosidad. Cosa que, obviamente, no sucede en el caso de compartirlo con un compañero peludo.

La respuesta dada por el burócrata de turno, a la frustrada afectada y al indignado PACMA, es propia de un político o cargo de una dictadura bananera que no respeta los derechos de los ciudadanos. Cosa que tampoco es de extrañar en una comunidad como la Andaluza, gobernada por el PSOE desde hace treinta y tantos años, y que debe estar convencido de que es el dueño de esa autonomía, e incluso de la voluntad de sus pobladores.

Esta bloguera, impelida por una persona que convive, en su propia casa, con tres perros, solidaria con los problemas de los demás, e indignada por la decisión burócrata de la Agencia de Vivienda andaluza, sugirió crear una petición en Change.org, para que la protesta y el rechazo por el comportamiento cerril de los administradores de ese servicio, llegue a sus responsables. Tanto esa persona como esta bloguera rogamos firmen la petición masivamente:


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