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Toro de la Vega: ¿qué trampa de prohibición es esa?




La pasada semana, la Junta de Castilla y León, prohibía, mediante un decreto-ley, la muerte del animal en el festejo, de tal forma que se podrá celebrar el torneo, pero sin que los aficionados maten al toro a la vista de todos. La decisión, se celebró como la desaparición de una barbarie por parte de los animalistas, aunque, si se leen los términos del decreto, recibido con ingenuo alborozo por los detractores de la barbarie, y las violentas reacciones de los tordesillanos, no hay motivo ni para una cosa ni para la otra.

El Consejo de gobierno se limitó a modificar el Reglamento de Espectáculos Taurinos, que recogía una excepción ‘a la prohibición general de matar en público animales que participen en espectáculos taurinos tradicionales y populares’. En concreto, el Decreto-ley afecta a los festejos en los que se utilicen reses de lidia para el ocio y recreo de los ciudadanos. “Tendrán esta consideración los siguientes: encierro -urbano, de campo y mixto; vaquillas -capea o probadilla- y concurso de cortes”, señala tal reglamento.

En suma, los habitantes de Tordesillas, embravecidos y furiosos por la modificación de
la Junta de Castilla y León, no han reparado en los términos de la prohibición y toda la barbarie que se les permitirá seguir perpetrando. Es de agradecer al gobierno del PP de Castilla y León que haya tenido un mínimo gesto hacia los animalistas. Gesto que entraña, también hay que decirlo, una alta dosis de hipocresía y electoralismo, puesto que, si de verdad estaba dispuesto a escuchar a los cientos de miles de personas que a lo largo de varios años estamos reclamando la desaparición de tal salvajada, no solo en España, sino en numerosos países, no habría tenido sino que prohibir la celebración de tal aberración sin paños calientes.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, indicó que el Toro de la Vega es el único de los trece espectáculos taurinos tradicionales de Castilla y León que permitía matar en público el animal. "En los últimos años había mucha polémica con esto y hasta problemas de orden público. Todos lo han presenciado. No podía seguir así. Un torero de prestigio ya retirado me lo explicaba con un ejemplo: ‘Si hace 50 años no se hubieran modificado las corridas poniendo el peto a los caballos, igual se hubieran acabado los toros’. Pues con esto pasa igual, lo que hacemos es proteger una fiesta milenaria".

Y ahí está el quid de la cuestión, lo hecho, en realidad, por la Junta de Castilla y León, no es más que sacudirse las pulgas ante los animalistas, posiblemente en un intento de evitar las confrontaciones cada vez más numerosas entre los defensores de los animales, y los psicópatas que consideran una fiesta y una diversión un atroz acto de salvaje tortura.

Psicólogos, psiquiatras y sociólogos debieran hacer un documentado y serio estudio sobre la afición malsana de muchos españoles, sobre todo de la España rural y profunda, sobre las razones de su afición a divertirse torturando animales, e ignorando el sufrimiento de cualesquier especies que no sean la suya, y a veces, ni siquiera de la suya, si no pertenecen a su clan o tribu.

El falaz argumento de que los espectáculos taurinos mueven dinero -el de escasas familias privilegiadas- y dan puestos de trabajo es tan artero como si se justificase la trata de niños argumentando que los pederastas se dejan grandes cantidades de dinero en su malsana inclinación, o que el traficante de drogas mueve mucho dinero y crea puestos de trabajo -si no que se lo digan a las gentes de Arousa- para justificar tales desmanes.

El argumento de que es necesario ir convenciendo a los aficionados a tales brutalidades con paciencia y educación parece que es tan inútil como quienes quieren acabar con el terrorismo machista a base de conferencias y trabajos sociales. La maldad intrínseca de unos y otros no puede terminar con paciencia y concienciación. Lo necesario son leyes y gobiernos con los suficientes redaños para prohibir tales atrocidades y legislar severos castigos para aquellos que las trasgredan.

Si en Tordesillas aseguran que celebrarán ‘su fiesta’, por mucho decreto que firme la Junta, lo que debiera hacer el Gobierno de esa región es pedirle a Interior el suficiente número de agentes de la Guardia Civil o de los Geos, con el fin de que se presenten en el pueblo a impedirla.

Sería digno de ver si esos valientes agresores de un desdichado bóvido, perseguido y aterrorizado, tienen la misma valentía ante unas fuerzas de seguridad dispuestas a evitar, con todos los instrumentos de la ley a su disposición, la miserable y atroz salvajada.  

Contra los psicópatas violentos no caben tratamientos con placebos, hay que aplicarles un adecuado tratamiento psiquiátrico para evitar males mayores. Porque hay estudios realizados en USA que han constatado que los asesinos en serie fueron maltratadores de animales en su infancia y juventud.

Cualquier año de estos, los habitantes de la siniestra y degradada villa de Tordesillas, podrían levantarse un día con los cables cruzados y matarse unos a otros. Sería otra forma de acabar con la salvajada de su apreciada fiesta.

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