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El sucio negocio del agua desalinizada que roza a Arias Cañete.




                         La desaladora de Almería, en el centro de la corrupción


El escándalo estaba servido, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, encargado de la investigación del caso de corrupción en la sociedad pública Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas), tomaba el martes declaración a Federico Ramos, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, y a Liana Ardiles, actual directora general de Aguas del Ministerio de Agricultura. Ambos, según informaron fuentes judiciales, señalaron al exministro Miguel Arias Cañete como responsable del nombramiento del ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, cabecilla de la trama corrupta que cobraba dádivas a cambio de beneficiar a empresas constructoras.

Los manejos de los implicados en la conocida como Operación Frontino no eran una broma, en las primeras investigaciones se calculó que se produjeron más de 20 millones de euros de sobrecostes que recayeron, cómo no, en las maltrechas arcas públicas de un Estado cuya Deuda supera ya el 100% del PIB. Más eso no tiene importancia para los ladrones que durante años saquearon el país en beneficio propio.

La UE amenaza con sanciones y reclama recortes por más de 70.000 millones de euros. Unos recortes que, sin duda no tendrían que castigar a los maltratados ciudadanos -o súbditos a tenor de su falta de respuesta ante los abusos de los gobernantes- de no haberse producido un constante saqueo a las arcas públicas por parte de toda una organización de malhechores que defienden su posición argumentando que se trata de casos aislados. Más tanto caso ‘aislado’ da la medida de que no hay tal aislamiento si no una sistemática forma de hacer las cosas. O como dijo hace años un alto cargo del PP “estoy en política para forrarme”.

La trama de las desaladoras se investigó a partir de una serie de sobornos que protagonizaba la constructora FCC, pero de la que pronto el juez Velasco señaló que estaban implicados ‘muy altos cargos” en la trama de corrupción. Tan altos como el que en su día fuera responsable del Ministerio del que depende Aguas de las Cuencas Mediterráneas. Fue el propio Arias Cañete el que nombró al presidente de esa sociedad pública, y al que defendió en numerosas ocasiones, llegando a cesar a quienes ponían en tela de juicio las actuaciones de Arcadio Mateo, que recibió sobornos como viajes, coches y hasta un implante de pelo.

Según fuentes judiciales consultadas, Federico Ramos, ex secretario de Estado de Medio Ambiente, presentó, durante su declaración del pasado martes, un informe de su departamento en el que se desaconsejaba cerrar una compensación con fondos públicos para FCC por los daños en una desaladora de Almería, una obra en el centro de la trama sobornos de Acuamed. A pesar de ese informe, y tras reunirse con FCC, Arias Cañete encargó a la Abogacía del Estado que analizara el encaje legal de la operación de compensación.

Lo que no llega a entenderse es que con ese escándalo rozándole de lleno, junto con la implicación de su esposa en la lista de Mossack Fonseca, conocida también como los papeles de Panamá, Arias Cañete permanezca aún como comisario de la UE. Aunque no debe extrañar, teniendo en cuenta que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, está tocado por un escándalo de impuestos registrado en su país, Luxemburgo, cuando ocupaba su presidencia.

Desde que Raxoi eligió a Miguel Arias Cañete como Ministro de Medio Ambiente los ecologistas temblaron, ante la ausencia de sensibilidad en esa materia y sus vinculaciones económicas con sectores lesivos para la conservación medioambiental. En 2012, después de que se conociese la reforma de la Ley de Costas, pensada no para protegerlas, si no para fomentar grandes negocios, Greenpeace publicó un informe que ligaba a familiares y amigos del ministro con industrias muy lesivas para la conservación medioambiental.

El mencionado dosier firmado por Greenpeace, citaba, junto al nombre del Ministro de Medio Ambiente, el de su cuñado, José Ramón Bujanda Sáenz, casado con una hermana de su mujer, y expresidente de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado y de la Asociación Europea de Fabricantes de Hormigón. También Borja Domecq, hermano de Micaela Domecq Solís, esposa del ministro, tiene importantes relaciones en el mundo empresarial, al igual que sus sobrinos, Borja y Fátima, que forman parte de la dirección de Inversiones S.L., empresa dedicada a la construcción, edificación reparcelación y venta de edificios.  Junto con los nombres de familiares del Ministro de Medio Ambiente, estaban los de prohombres del PP, como Abel Matutes y Gabriel Canellas, expresidentes ambos del corrupto PP de las Illes Balears, con intereses en empresas de construcción, explotación salinera y piscifactorías. Otro 'ilustre' interesado en negocios que comportan la destrucción de las costas es el exministro franquista y de la UCD, Juan Villar Mir, que, tras su paso por la política, creó un grupo empresarial que agrupa a diferentes empresas energéticas (Vilar Mir Energía), siderometalúrgicas (Ferroatlántica), de fertilizantes (Fertiberia) y de construcción (Grupo OHL).

Se da la circunstancia de que, como este país es pequeño y no hay gente suficiente para cubrir altos cargos sin que estén vinculados a otros negocios, si el dueño de Fertiberia es Villar Mir, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las órdenes de Arias Cañete, era Isabel García Tejerina, exdirectora de Planificación en Fertiberia y actual ministra de Medio Ambiente. Y es que el PP suele tener una rara habilidad para poner lobos a cuidar corderos o zorros a vigilar gallineros.  

La trama de las desaladoras, o desalinizadoras, puestas en tela de juicio por el PP cuando estaba en la oposición, cuando gobernaba Zapatero, fue una constante batalla contra ellas, sobre todo contra la de Torrevieja, sobre la que se vertieron toda clase de falacias y cuentos de miedo para poner en contra a los habitantes de esa ciudad. El entonces Conseller Esteban González Pons visitó la ciudad salinera en varias ocasiones con el fin de anunciar toda clase de catástrofes medioambientales si se llegaba a poner en funcionamiento la obra de esa desaladora, muy avanzada ya, y sobre la que nunca hubo ni el más mínimo escándalo cuando Acuamed era presidida por el socialista Adrián Baltanás.

Mas fue llegar el PP al poder y descubrir los sucios negocios que se podían hacer con las desaladoras, con sobrecostos disparatados a repartir entre constructores y políticos y nunca más se oyeron críticas contra ese sistema de proporcionar agua en un país que no está sobrado de ella.

Ahora dependerá del juez Velasco sentar en el banquillo a todos los implicados en el saqueo de Acuamed, incluido el señor Comisario Europeo…


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