Ir al contenido principal

La caverna rabiosa con Carmena por la Memoria Histórica.




No es complicado hacer un ejercicio de imaginación y suponer cómo reaccionarían las autoridades alemanas o italianas si algún periodista, o un medio con todos sus tertulianos le dedicasen toda clase de denuestos a los políticos que decidieran eliminar cualquier vestigio monumental de los nazis o los fascistas italianos. Quien haya visitado esos países saben que no hay un solo monumento, placa conmemorativa o nombre de calle que recuerden a los prebostes del nazismo o del fascismo. Sin embargo, en este anómalo país nuestro, la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de hacer desaparecer de la ciudad monumentos y nombres de calles de representantes del régimen fascista y genocida del general Franco, ha provocado las iras, los insultos y los alardes de ideologías que, en cualesquiera países democráticos en los que de verdad se hubiese acabado con una dictadura criminal, habrían sido ilegalizados, por los muchos crímenes cometidos durante cualquier siniestra dictadura.

Un paradigma de la chulería, afán de provocación e inadmisible ejercicio de desfachatez y falta de respeto a las leyes democráticas lo constituyen esas emisoras cavernarias de la TDT, a las que el PP otorgó todas las licencias que pidieron, negándoselas a la vez a cualquier opción periodística progresista. El Gato al Agua y El Cascabel, ambos programas de tertulias ultraderechistas de las cadenas Intereconomía, 13TV respectivamente, se dedican, a diario, a insultar, difamar y envenenar a sus espectadores en contra de los gobernantes progresistas.

Resulta inconcebible que 13TV, propiedad de la Conferencia Episcopal, que es la que financia esa cadena, con los cientos de millones de dinero público que sucesivos gobiernos de PSOE y PP fueron aumentando a lo largo de los años - es de esperar que si se conforma un Gobierno de Progreso este le corte el grifo a una institución beligerantemente enemiga de la libertad y la democracia-, utilice el dinero de todos los ciudadanos para hacer continuas campañas sectarias contra todo lo que pueda oler a izquierda, y para los integrantes de los diversos programas de esa cadena, hasta el PP lo es.

Mas quien se llevó la palma de la desfachatez, el insulto y la chulería fue, en pasados días, un notorio periodista de Intereconomía, Eduardo García Serrano, que en cualquier país civilizado tendría que responder ante los tribunales no solo por sus insultos indiscriminados, sino, y también, por sus alardes ideológicos de defensa de la dictadura a propósito de la retirada de algunas placas y monumentos. No fue la primera ni única vez que García Serrano perdía los papeles. Lo hace con frecuencia, con la aprobación y beneplácito de sus contertulianos. Sonada fue su intervención contra la Consellera de Sanitat del Govern catalán, Marina Geli, a la que, a propósito de una campaña de educación sexual para los jóvenes, la dedicó epítetos como ‘guarra’, ‘zorra’ y ‘puerca’. Aquellos excesos verbales le costaron 21.000 euros de multa. También insultó en su día a Pedro Zerolo, contra el que cargó el día en el que escupía su rabia contra el cambio de nombres en calles y plazas de Madrid, criticando el que se quitase en nombre de Vázquez de Mella a una plaza para rebautizarla en recuerdo del luchador por los derechos civiles e impulsor del matrimonio homosexual, Pedro Zerolo. Vázquez de Mella fue un político carlista, germanófilo e integrista religioso que vivió a caballo de los siglos XIX y XX.

Para García Serrano, confeso homófobo, quitar del callejero madrileño el nombre de tan señalado personaje constituyó una afrenta imperdonable por parte de la Alcaldesa Carmena, más sus iras se acrecentaron ante la idea de que desaparezca de la Castellana el horrible monumento a Calvo Sotelo, paradigma de monumento franquista en las calles de la capital del Estado. A propósito de la posible demolición de tal muestra del pseudoarte urbano del franquismo, García no dudó en lamentarse de que ahora mandasen los sucesores de los ‘asesinos de Calvo Sotelo’, circunstancia que aprovechó para llamar asesino a Largo Caballero y ladrón a Indalecio Prieto.

No se entiende cómo en un país supuestamente democrático elementos como García Serrano, que proclamó su falangismo ‘a mucha honra’ pese a que ese partido fue responsable durante los años de la postguerra que, en términos de libertades, o de su ausencia, duró casi cuarenta años, los que pervivió la dictadura fascista de Franco, de miles de crímenes.

El problema de que existan esas cadenas de ultraderecha, enemigas de la democracia y las libertades, difamadoras contra cualesquiera que no sean los representantes del más integrismo cavernario es que, durante los años de gobierno del PP, tanto en el Gobierno de nación, como en los autonómicos concedieron licencias de emisión únicamente a cadenas de ultraderecha.

No hace muchos meses, concretamente en octubre del pasado año. eldiario.es daba a conocer la noticia de que un informe interno del Ministerio de Industria, a cuyo frente estaba José Manuel Soria, revelaba cómo se manipulaba el sector audiovisual y la concesión de TDT.


Eldiario.es, publicaba en exclusiva la noticia de que un informe interno del Ministerio de Industria –encargado de las concesiones de nuevos canales y de regular el sector– revelaba cómo se cocinaba la estrategia audiovisual en el Gobierno del PP. En el documento, al que tuvo acceso el citado medio, aparecía al final el nombre de Luis Belzuz de los Ríos, mano derecha del ministro José Manuel Soria y director de Gabinete de Industria desde 2014, dirigiéndose a un "Querido amigo", que recibía seis hojas de doctrina y estrategia política sobre qué hacer con el audiovisual en España, todo en función de intereses políticos.

Entre otras cosas, se proponía acabar con las televisiones comunitarias y vecinales, alterar normas para que Mediaset y Atresmedia tuvieran el mismo número de licencias TDT o reconocía de antemano que, con los derechos del fútbol, se beneficiaría directamente a Telefónica. Aunque el informe no estaba fechado, se podía inferir que todo esto se recomendaba antes de que se convocara siquiera el concurso de las seis licencias pendientes de adjudicar y antes del Decreto Ley sobre los derechos de explotación del fútbol aprobado en abril.

Otra de las recomendaciones del citado informe hacía referencia a las televisiones y radios comunitarias, es decir, vinculadas a localidades, grupos, asociaciones, vecinos. Bajo el epígrafe ‘Tercer Sector’ -el primero es la televisión pública y el segundo, la privada- se citaba a televisiones de barrio como Tele K, la televisión de Vallecas desde la que Pablo Iglesias hacía su programa La Tuerka. El informe era contundente, daba la solución y la coartada: "Eliminar esta categoría audiovisual. Justificado en escasez de frecuencias y posibilidades internet medios digitales".  Y al tiempo contemplaba el argumento en contra que iba a generan la decisión en “partidos extrema izquierda".

En el informe se señalaba, además, que había que dejar solucionado el asunto de las TDT ‘antes de las elecciones’ para, de esa manera, controlar medios afines a la ideología de extrema derecha del PP, hijos putativos de la dictadura, como se puede ver en los programas cavernarios que no tendrían que emitirse en una democracia consolidada.

Comentarios

Entradas populares de este blog

26J: ¿Pucherazo o estupidez del pueblo?

Susana Díaz: El enemigo en casa

Crónica en negro del País Valencià: ¿Carlos Fabra implicado en asuntos mucho peores que la corrupción?

Quienes gustan de la historia, saben que muchos acontecimientos nunca explicados por los coetáneos de hechos ominosos, acaban apareciendo claros como el cristal con el transcurrir de años, o de los siglos. Acontecimientos políticos, guerras sin sentido que respondían a intereses económicos ocultos o, incluso, a pasiones de índole sexual, se desvelaron con el paso del tiempo aunque, para quienes fueron testigos directos hubieran constituido secretos insondables.
Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…