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Albert Rivera enseña la oreja totalitaria y rehúye hablar de corrupción.



El señor Rivera, que cualquier día de estos dirá que se llama Alberto para hablar así ‘el idioma del imperio’ como hace Raxoi, que reniega de la grafía de su nombre en su lengua materna, empieza a enseñar la oreja aznariana con su postura sobre el conflicto desatado tras los atentados de París. Rivera, al que faltó tiempo para pedir sumarse al pacto antiterrorista que firmaron PP y PSOE –con una cortedad de miras por parte de Sánchez Castejón de hacérselo mirar- además de manifestar un ardor belicista más que inquietante, propone, además, con el pretexto de la lucha antiterrorista una serie de medidas que no se le ocurrieron ni al ministro del Interior, que ya es decir.

Porque Rivera apoyó la propuesta de uno de sus candidatos, Juan Carlos Girauta, candidato de Ciudadanos por Barcelona -abogado, y periodista en medios como ABC, COPE, TV8. Libertad Digital y esRadio, todas ellas ligadas al periodismo más reaccionario y cavernario del país-, consistentes en, aprovechando que los terroristas son malos, aplicar un recorte de libertades parecido a un Estado de excepción en el que se puedan recortar la libertad de expresión e información dado que, según sus propuestas, los derechos que podrían quedar en suspenso, sin intervención ni control judicial preceptivos en momentos de normalidad, es el derecho a la libertad de expresión, de difusión de ideas, de creación artística y literaria, así como la libertad y el derecho de información, con la autorización de secuestrar, incluso, publicaciones. Y el cierre de redes sociales como Facebook o Twitter.

Las propuestas de Albert Rivera recuerdan mucho a la Patriot Act (o Ley Patriota), consistente en un sistema de restricción de derechos y libertades públicas que aprobó EEUU a raíz de los atentados del 11S, impulsada por el siniestro Bush. Esa ley, que tanto gusta a Rivera y a su correligionario Girauta, restringe o suprime derechos fundamentales como el derecho de defensa (aislamiento del detenido sin derecho apenas a ser asistido por abogado en los primeros momentos) y el derecho a la intimidad (vigilancia y control de las comunicaciones). Y extiende su jurisdicción allende sus fronteras, permitiendo la persecución por todo el mundo, sin respetar la soberanía de cada país e incursionando en el sistema judicial y policial del país donde se encuentre el perseguido. Todo ello, además, sin sujeción a convenio internacional alguno.

Resulta significativo que Albert Rivera, con formación jurídica, sea defensor de un sistema de represión, ampliamente contestado en USA por los sectores más progresistas e intelectuales del país, y no haya calibrado las evidentes contradicciones de su propuesta; auténticas aberraciones jurídicas, que no persiguen otra cosa que allanar el camino para construir un estado de excepción permanente o Patriot Act a la española.

Señala maneras con esas ideas el señor Rivera que se presenta ante la ciudadanía como un político nuevo, moderno y de centro izquierda cuando parece que en asuntos de lucha contra el terrorismo bebe en las fuentes de uno de los gobernantes más siniestros del siglo XXI, George Bush, que, en última instancia, y con la colaboración de Blair y Aznar, fue el responsable de la tragedia que se vive en Oriente Medio y que está ya afectando a Europa de manera incontrolada y con consecuencias imprevisibles, después de que hoy, los turcos, miembros de la OTAN, hayan derribado un avión ruso.

Y para acabar de mostrarnos su verdadera cara, y la inconsistencia de sus alardes sobre corrupción, ha dado una imagen que, igualmente, pone en evidencia la falsedad de sus soflamas contra la corrupción al escaquearse de una visita a la Asamblea de Madrid tras descubrirse, y no tener consecuencias, que el número uno de Cs en las cortes madrileñas falseo su currículum haciéndose pasar por abogado sin serlo.  Y no es el único miembro de Cs involucrado en asuntos muy poco edificantes, como las cuentas en Suiza de Javier Nart, la imputación a Jordi Cañas por fraude fiscal, la implicación en la Operación Púnica de Antonio Sánchez, la imputación por el caso Innova de Fernando Munt, o Manuel Endorzan, implicado en un caso de tráfico de influencias y cuyas cuentas con la Justicia no han impedido que sigan en sus cargos. Y como si su tibieza con los corruptos de su partido ya ha anunciado que el sueldo del Presidente del Gobierno –que es a lo que él aspira- no debe ser la miserable cifra de 79.000 euros anuales, sino que hay que elevarlo a los 300.000. Eso sí, se niega a las rentas sociales porque considera que los presupuestos no dan para ello.

Hay otro detalle que equipara a Rivera al PP, con el que vota sistemáticamente, su negativa, allí donde se proponen retiradas de medallas honoríficas a los representantes de la dictadura. El representante de la marca blanca del IBEX 35 se muestra contrario a la apertura de fosas o al cambio de nombres de calles que recuerdan a los criminales del franquismo, y no quiso condenar en Les Corts catalanas, la condena formal del régimen del genocida Franco, protagonizando una vergonzante estampida todos sus diputados, que siguieron, como borreguitos a los diputados del PP.

Los medios del sistema apuestan descaradamente por Albert Rivera, convencidos de que la ciudadanía, enfadada con Raxoi y el PP, verán en el joven catalán un cambio de estilo, cuando la realidad es que Albert Rivera no es sino la misma cara del PP, con las mismas supeditaciones a las empresas del IBEX, decidido a aplicar recortes en derechos sociales y laborales y defensor de una Ley Patriota que acabará con las escasa libertades de las que aún gozamos, si llega al Gobierno. Y tan belicista como Aznar.

No hay que dejarse engañar, el ‘emergente’ Rivera es la otra cara del PP y del sistema. Y votarle es condenarse a las mismas, o peores, practicas del PP.

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