Ir al contenido principal

Fascistas y torturadores pasean su impunidad por las calles de un país que se dice democrático.




En esta España de la falsa transición, y con la connivencia de todos los políticos que pasaron por el poder desde el año 77, los asesinos del franquismo se pasean impunes por las calles, cobran jubilaciones que no tienen nada que ver con la miseria que perciben la mayoría de los pensionistas y, con su presencia impune, recuerdan, en cada aparición por las calles, cada mención en la prensa o, incluso cuando se ve sus imágenes en las televisiones, que en este país se vivió una falsa y tramposa transición, donde los asesinos andan sueltos sin haber asumido sus responsabilidades ni pagado por sus crímenes. 
 
Nada puede sorprender en un país donde la familia del dictador se chulea de la posesión de bienes hurtados al pueblo de una manera u otra. El caso más paradigmático es la actitud de la familia Franco con el Pazo de Meirás, propiedad regalada al dictador con el dinero que se hurtó con amenazas al pueblo. Pero no solo. La enorme fortuna de Franco, obtenida durante la dictadura permanece incólume en manos de sus herederos, que no vieron mermados ni uno solo de sus privilegios a la muerte del dictador. 
Y es que tras la muerte del asesino genocida todo estaba, efectivamente, atado y bien atado. Se ocuparon de ello no solo los militares que detentaban el poder desde hacía cuarenta años y tras un golpe de Estado contra una República legalmente constituida, se ocuparon, cómplices de la dictadura, todos los gobiernos sucesivos de la falsamente considerada democracia. Es una falacia histórica el argumento que algunos pseudohistoriadores pretenden hacer creer, cuando justifican el golpe de fascista de unos militares africanistas y lerdos en mil injustificables razones. La realidad es que los militares, el capital y el clero se levantaron contra una República destinada a convertir España en un país democrático, libre, educado y moderno. Y en su brutal zafiedad no podían consentirlo. 

Han pasado cuarenta años desde la desaparición física del dictador y los torturadores de su régimen, como el policía González Pacheco, conocido como Billy el Niño, o los también policías Celso Galván o Giralte González y el capitán Muñecas, entre otros muchos,  siguen gozando de la impunidad que les facilitó la Ley de Amnistía denunciada por la ONU, que dejó en libertad a cientos de asesinos de la dictadura franquista. En el presente se abre una luz de esperanza con el proceso abierto por la jueza argentina Servini de Cubría que decidió investigar los crímenes del franquismo, pese a estar estrellándose contra el muro inexpugnable levantado para proteger a los asesinos del franquismo por PP y PSOE, que permitieron, durante años, no solo la impunidad de esos criminales, sino y también, que recibiesen honores y condecoraciones quienes tendrían que haber estado a buen recaudo en una sociedad democrática. 

Mucho tiene que ver en ese estado de cosas absurdo e injusto el modo como se hizo la falsa transición que no fue si no aplicar una política gatopardiana –que todo cambien para que todo siga igual-, al servicio de los que estuvieron detentando el poder durante cuarenta largos años, y siguieron, otros cuarenta más, disimulados en una falsa democracia, imponiendo sus condiciones a la sociedad civil. 

Si no hubiese sido así, si de verdad hubiese habido un cambio de régimen como nos vendieron a los ingenuos –y en este país lo fuimos casi todos excepto muy contadas singularidades- el Gobierno de España habría atendido la orden de búsqueda y captura emitida por la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo y elementos como Billy el Niño, Utrera Molina, Martín Villa y un largo etcétera de torturadores y cómplices de los asesinatos del general genocida, estarían ante ese tribunal y no amparados y protegidos por un Gobierno que es el claro sucesor de las políticas franquistas. 
Mas no nos engañemos, tan sucesor de la dictadura franquista como lo es el Gobierno del PP lo fueron los sucesivos de Felipe González, y hasta el de Zapatero. Todos ellos, presos de la cobardía o firmantes de algún documento secreto con los fascistas, se negaron a obedecer las indicaciones de la ONU que, por activa y pasiva, lleva cuarenta años diciéndole a los gobernantes españoles que la Amnistía del 77 es ilegal puesto que los crímenes genocidas no se pueden amnistiar. 

Los asesinos de fascismo pasean así su impunidad por las calles de las ciudades de este país, con la connivencia de los cobardes y la indiferencia de quienes, sin dignidad ni sentido de la justicia, apelan al olvido de los crímenes franquistas, arguyendo que también en el bando republicano se produjeron actos criminales. Sin duda fue así, la diferencia está en que sobradamente purgaron los republicanos, culpables unos, inocentes otros, sus actos violentos, durante cuarenta años, porque el número de represaliados por el régimen franquista fue infinito. 

Así, con la complicidad de gobiernos cobardes y rebeldes a las resoluciones de la ONU, los criminales del franquismo pasean su impunidad por nuestras calles. A quienes se crucen con esos elementos que por favor, como poco, les hagan saber que se les conoce.  
Documental de La Sexta con el asesino González Pacheco como es ahora.





Comentarios

Entradas populares de este blog

26J: ¿Pucherazo o estupidez del pueblo?

Susana Díaz: El enemigo en casa

Crónica en negro del País Valencià: ¿Carlos Fabra implicado en asuntos mucho peores que la corrupción?

Quienes gustan de la historia, saben que muchos acontecimientos nunca explicados por los coetáneos de hechos ominosos, acaban apareciendo claros como el cristal con el transcurrir de años, o de los siglos. Acontecimientos políticos, guerras sin sentido que respondían a intereses económicos ocultos o, incluso, a pasiones de índole sexual, se desvelaron con el paso del tiempo aunque, para quienes fueron testigos directos hubieran constituido secretos insondables.
Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…