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Falacias respecto a la sanidad, las multas que sí pagamos a Europa y otras frescuras del Gobierno Rajoy



Ante el anuncio de que varias comunidades autónomas, casi todas de izquierdas aunque a última hora la presidenta de la de Madrid se haya sumado al carro, de devolver a los inmigrantes sin papeles el inalienable derecho a contar con servicios de Sanidad Pública, los representantes del Gobierno de Mariano Raxoi Brei –grafía del nombre en su lengua materna, el galego- alzaron la voz para advertir, manipulando a una ciudadanía que este Ejecutivo quiere insolidaria y racista, de que si se les concede a los inmigrantes sin papeles ese derecho la UE podría imponer enormes multas que habría de pagar el sufrido pueblo español. Pagano, por otra parte, de un millonarísimo rescate a los bancos que quieren se olvide,  al tiempo que alertan del peligro para la economía patria que puede suponer que se salve la vida a un enfermo de tuberculosis sin papeles, pongamos por caso.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtió a las comunidades autónomas de la forma en la que algunas están devolviendo la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular porque, según ese alto cargo, puede tener «consecuencias catastróficas» como multas diarias millonarias por parte de la UE. Moreno lanzó el aviso a los nuevos gobiernos autonómicos que vienen aprobando distintas normativas para devolver la tarjeta sanitaria a los sin papeles.

Resulta curiosa, y sobre todo falaz, la afirmación del secretario general de Sanidad, si se tiene en cuenta que cuando la ministra Mato impuso esa inmisericorde medida el Consejo de Europa advirtió al gobierno español de que dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular “iba en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea”. "Los estados que forman parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus de residencia", señalaba el Comité Europeo de Derechos Sociales en enero de 2014.

El informe del CEDS añadía: "Los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la atención sanitaria y que el sistema sanitario es accesible para toda la población", al recordar que se trata de un "prerrequisito para la preservación de la dignidad humana" y un "valor fundamental" para que se respeten los derechos humanos. Además, reprochaba al Gobierno que utilizase la "crisis económica como pretexto": "Hay alternativas menos costosas en términos financieros y respecto al impacto de la medida en la salud pública de la población en su conjunto".

Resulta, además, un tanto curioso que ese secretario general que lanzó una serie de falacias como que los estados europeos denunciarían la medida por desigualdad de trato con su nacionales, cuyos países abonan a España los tratamientos de sus ciudadanos, del mismo modo que se hace en el país entre las comunidades autónomas, no hiciera mención de lo que para las arcas públicas supone la multa que impuso recientemente la UE al Govern de Camps, de la Generalitat Valenciana, por falsear las cuentas y que va a suponer un desembolso para los españolitos de 19 millones de euros.

Tampoco habló de las multas que la UE lleva años imponiendo al Estado español, y que salen, obviamente de las arcas públicas y que, si se suman suponen una cifra nada baladí. Por ejemplo la de 36.000 euros anuales por mantener un cuerpo de policía militarizado, como la Guardia Civil que contraviene las normas europeas. Si se tiene en cuenta que esa cifra se viene abonando desde hace treinta años, la bromita de no acabar con la militarización de la GC nos ha costado a los españolitos un millón, ochenta mil euros.

Más no solo España paga multas a la UE por falsear cuentas o por mantener un cuerpo militarizado. El maltrato animal también tuvo como consecuencia multas a causa de la crueldad en el transporte de ganado, maltrato en los mataderos, matanzas del cerdo o por el estado de algunos zoológicos.

Aunque pareciera que a este Gobierno, tan preocupado en ahorrar negando derechos irrenunciables que afectan a la dignidad de las personas, como recordaba el informe del Comité Económico y Social, no le importa pagar sanciones cuando se trata de perpetuar la existencia de un cuerpo decimonónico o no cumplir con las mínimas normas de compasión con los animales.

Mas no debiera sorprender que el Ejecutivo de este país no muestre compasión con los animales –entre otras cosas destinado cantidades millonarias en los PGE a la barbarie de los espectáculos taurinos- mostrándose como se muestra inmisericorde con los inmigrantes sin papeles o con los trece millones de españoles víctimas de una pobreza surgida de sus recortes implacables, de sus avariciosa restricción de prestaciones a parados de larga duración, jubilados o viudas, a la vez que dilapida el dinero público en compra de armamento inútil y caprichoso, para facilitar negocios al ministro de Defensa, por cuyo nombramiento se interesó mucho el rey jubilado, supongan y piensen mal todo lo que les dé de sí su imaginación.  

No sería descartable que dentro de unos años averiguásemos que la razón de esas compras de armamento respondía a lo mismo que la obsesiva manía de construir colegios privados en suelo público, a la privatización de residencias de la tercera edad y otros muchos negocios detrás de las que estaban esas tramas como la Púnica o la Gürtel de las que el PP dice que no tienen nada que ver con él…


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