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La Fiscalía que nombra el PP no ve delito en la financiación ilegal del PP.



 Veinte años financiándose ilegalmente. Aunque la financiación ilegal de los partidos parece que no es delito. O no lo era en los años en los que los líderes del PP, con Aznar a la cabeza, proclamaban la honradez de su partido y de ellos mismos, mientras otorgaban contratos públicos a dedo o se comprometían a legislar a la medida de los empresarios que les entregaban enormes cantidades de dinero. Siempre presuntamente, no vaya a ser que contar lo sucedido sea delito, no como el financiar ilegalmente un partido que jugó con ventaja en los períodos electorales, burlando la democracia y burlándose de los ciudadanos. 
 
La Fiscalía, que está jerárquicamente supeditada a los deseos del Fiscal General del Estado, quien a su vez depende jerárquicamente del Gobierno, considera que el partido que sustenta al Ejecutivo no cometió delito alguno, y que, además, no defraudó al fisco, porque las donaciones no han de pagar impuestos, siempre que el beneficiario sea un partido político, y sobre todo si ese partido es el PP. 

El juez Pablo Ruz no se atrevió a señalar a los máximos representantes del PP en la responsabilidad de la caja B de esa formación y la Fiscalía tampoco considera que deba ser procesado por ello. Aunque el PP adquiriera o reformara con dinero negro varias sedes de su partido, incluida la de Génova 13, aunque pagara campañas electorales con dinero de obscura procedencia y no declarada ni a Hacienda ni a la Junta Electoral y un largo etcétera de irregularidades, los responsables políticos del PP no tuvieron nada que ver en toda esa corrupta trama que, solo y por su interés, llevaron a cabo los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Que en los papeles que aportó el último, cuya veracidad se ha comprobado, se constate cómo durante casi dos décadas el PP habría recibido donaciones de empresarios y habría pagado, con ese dinero, sobresueldos a sus dirigentes, no tiene visos de ilegalidad ni es reprochable para la Fiscalía. No lo será tampoco para la magistrada encargada de juzgar el caso, amiga íntima de Dolores Cospedal.

Leer en la prensa los argumentos de la Fiscalía, que exoneran a los dirigentes del PP del uso ilegal de dinero negro para hacer reformas, comprar sedes, llevar a cabo campañas electorales con trampa o pagar sobresueldos a sus dirigentes, produce una inmensa indignación y hasta en los medios más afines se adivinan pequeños reproches. Aunque nada que pueda llegar a desatar la ira de una ciudadanía que parece resignada al saqueo sistemático de su dinero, sus derechos y sus libertades. 

Y en tanto la Fiscalía exonera al PP y a sus dirigentes, cargando las culpas únicamente sobre el anciano Lapuerta y Luis Bárcenas, se descubren nuevas incompatibilidades de diputados del PP que, a la vez que cobraban del erario, hacían trabajos de asesores. A los nombres de Federico Trillo y el de Vicente Martínez Pujalte, se sumaba hoy el del diputado y exalcalde de Toledo Agustín Conde, que ocultó a la Cámara que es dueño de una empresa de eficiencia energética y asesor, como abogado, del Banco de Santander en pleitos de impagos, como pueden ser los hipotecarios. El diputado del PP no solo consideró que no existe una situación de conflicto de intereses, sino que cree que hay una "cacería contra diputados del PP" con circulación de dosieres. 

 Haya o no cacería, como lamenta con cinismo el diputado Conde, lo que se pone de manifiesto son los intereses cruzados entre políticos y banqueros. ¿Cómo va a extrañar que el Gobierno se cerrase en banda por sistema a la hora de aprobar medidas que suavizaran los dramas de los desahuciados, si hay diputados del PP al servicio de los mismos bancos que desahucian?

Jueces que no se atreven a procesar a políticos, fiscales complacientes con el poder que exoneran de culpa a los corruptos y una Agencia Tributaria que asegura que el PP no defraudó porque no han de tributar por regalos... Todo un catálogo de irregularidades que, desde una Fiscalía al servicio del PP y una judicatura que ignora a Montesquieu, permiten que los dirigentes del PP lleven veinte años vulnerando leyes y ética.
A falta de fiscales independientes, jueces valientes y un sistema que no admita la corrupción, la única posibilidad que existe es que los ciudadanos, con su voto, saquen del poder a esta escoria. En otro caso habrá que aceptar, con dolor, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.
Esquirlas de actualidad.

En el colmo de la desfachatez y la ausencia de respeto, como el esclavista indecente que parece ser, el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, pidió  que en España se eliminen “todo tipo de barreras en el mercado laboral”, porque cree que los parados están en la calle “los pobrecillos estarían encantados de tener un marco laboral más flexible”. Con lo que estarían encantados los parados es con que hubiese una legislación laboral decente que parase los pies a gentuza como el Presidente del Círculo de empresarios que, además de pretender explotar aún más a los trabajadores, muestra una absoluta falta de respeto a los parados. Pobrecillos, lo que se dice pobrecillos no son los parados, pobrecillo es él, un pobrecillo cabrón.
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Esperanza Aguirre, haciendo honor a su condición de señorona de extrema derecha, quiere que se oculte a los indigentes que se ven obligados a dormir en la calle por falta de hogar –muchos de ellos porque se los quitaron los bancos- porque dice que ahuyentan el turismo. Con sus palabras demostró su ausencia de cualquier sentimiento de empatía y de respeto humano. Todo un ejemplo de lo que realmente es la derecha.
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La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia y la organización de Derechos Humanos Rights International Spain han denunciado ante la Comisión Europea el paquete de reformas promovido por el Gobierno español sobre asuntos como la Ley Seguridad Ciudadana, las tasas judiciales o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal e instaron a esa institución a “intensificar su escrutinio sobre la situación en España, emprender una evaluación de conformidad con el nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España”. Esas asociaciones denuncian además la interferencia política en la Justicia. Rights International Spain está llevando a cabo, además, una recogida de firmas para solicitar a la CE que actúe frente a los ataques a los valores fundamentales de la UE en España.
Visto y leído por ahí.
 Impresionante documental de Greenpeace sobre la destrucción del Ártico

Una vez más el profesor Vicenç Navarro llama a las cosas por su nombre

Interesante tertulia radiofónica sobre cómo juegan con la salud de todos las industrias farmacéuticas

Luisa Seoane tiene la amabilidad de facilitarnos la lectura del editorial de la Cartelera Turia, una publicación valenciana que llama las cosas por su nombre de forma acertada y valiente.


Hasta los más templados blogueros, como Javier Marcos Angulo, se irritan con la situación política, que sin duda es para irritar e impacientar.





Comentarios

  1. Vas a tener razón que tenemos lo que nos merecemos...
    Que desgracia de los que no entienden que los de arriba nunca se pondrán a la altura de los de abajo.
    Un abrazo

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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…