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La complacencia religiosa de nuestros gobernantes nos cuesta a los ciudadanos casi 19.000 millones de euros.



La iglesia católica recibe del Estado 14.169.862.030  millones de los presupuestos generales del Estado, y la exención de impuestos que se le aplica, por no pagar el IBI o el IVA, suponen, según cálculos de algunos expertos, otros 5.000. millones. Todo en base a un acuerdo rubricado por el gobierno de Suárez en 1979, que no era sino la actualización de un Concordato firmado por el régimen dictatorial y nacionalcatólico del dictador Franco.

Hoy mismo, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacía profesión de fe religiosa, sin que nadie se lo preguntase y sin venir a cuento, a propósito de la desafortunada comparación de uno de sus asesores de Hacienda entre Cáritas, la ONG vinculada a la Iglesia Católica y el PP, al argumentar que ambas organizaciones procuran el bien común. No es Montoro el primero en proclamarse católico y practicante, otros miembros del gabinete de Raxoi hicieron en el pasado alardes que rayaron en lo esperpéntico, al invocar santos o vírgenes para solucionar la crisis económica, como hicieron en su día Fátima Báñez, ministra de Empleo, o Fernández Díaz, ministro del Interior, que llegó, además, al ridículo de condecorar a un santo de palo.

Sin esos alardes de devoción tampoco la generosidad de los gobiernos socialistas de Felipe González o Zapatero fue muy distinta. Los socialistas se plegaron con sumisión a las exigencias de la secta vaticana y nunca se atrevió a acabar con el Concordato o a hacer una ley de Libertad Religiosa que dejara a la secta católica fuera de su actual lugar de privilegios. Con la llegada al poder del PP, cuyos ministros se reconocen creyentes más allá del ámbito privado, la situación de la iglesia católica ha mejorado, porque la complacencia del gobierno de Raxoi es de casi total sumisión. Mansedumbre que deja de serlo cuando se encuentran con que si se pliegan a los deseos de la Conferencia Episcopal pueden perder votos, como sucedió con el caso del aborto. Sin embargo, cuando se trata de disparar con pólvora del rey, o de poner en manos de la secta los dineros de los ciudadanos, el Gobierno de Raxoi se muestra generoso.

De las arcas públicas saldrán en 2015, 14.169.862.030 de euros, de los que 160 millones van directamente a la Conferencia Episcopal, procedentes de lo que marcan los contribuyentes católicos para que se destine a esa secta. Si los aficionados al cine impusieran que similar cifra se donase a producir películas, o los amantes de los animales impusiesen que esa cantidad de millones se destinasen a protectoras, muchos españolitos, seguramente de los que están encantados que su dinero vaya a la confesión católica, pondrían el grito en el cielo, porque, se supone, los impuestos que pagan todos los ciudadanos, y más en tiempos de crisis, han de ir a sufragar los gastos más necesarios para los ciudadanos, como la Sanidad, la Enseñanza o las prestaciones sociales, de las que se detraen esos millones de euros para satisfacer la avaricia de una secta que, en una democracia real, tendría que sufragarse por sus propios medios, como hacen el resto de  religiones, o de asociaciones de todo tipo.

Además de los 160 millones que recibe la Conferencia Episcopal para su boato, pagar lujos o caprichos como el ático de Rouco Varela, disfraces recamados en oro, manifestaciones contra la libertad de los ciudadanos o cualesquiera otros caprichos episcopales, el Estado paga a la secta católica los sueldos de 20.005.300 sacerdotes y religiosas que, si se calcula que las personas que visten hábitos cobran una media de 700 euros mensuales, da una cifra de 14.003.710.000 que paga, religiosamente, el Estado.

A esos 14.163.710.000 euros, hay que añadir los 6.152.000 euros que paga el Estado a los profesores de religión que elige la Iglesia para impartir doctrina en los colegios, a cargo de los ciudadanos. O los 30 millones que cuestan al erario los capellanes castrenses que atienden cuarteles, cárceles y otras instituciones. En total 14.169.862.030 euros.

Aunque las prebendas de la secta católica a costa del erario, esto es, de toda la ciudadanía, profese o no la fe católica, no acaban en el dinero que reciben de las arcas públicas, sino en lo que deja de abonar en impuestos, una cifra que, aunque el Gobierno de Raxoi se niega a dar, la cifran algunos expertos en 3.000,000.000 por no pagar el IBI, otros 2.000.000.000 por estar exentos de abonar el IVA en transacciones comerciales como la venta de entradas de monumentos en manos de la secta católica y una cifra indeterminada de lo que deja de ingresar a Hacienda por las herencias que recibe con frecuencia de fieles que dejan a esa secta su patrimonio.

En total, entre lo que no ingresa a las arcas públicas y lo que el Estado paga la Iglesia, en forma de subvenciones o sueldos, la secta católica cuesta al país la nada despreciable cifra de 19.169.863.030 euros. Una suma con la que se hubiera evitado el recorte sanitario o el obligado repago de medicamentos. Y con la que se podrían haber costeado 560.000 casos de hepatitis C.

Mas en este país, gobernado unas veces por beatos y otras por cobardes, a los ciudadanos se les roban los dineros de las arcas públicas para ponerlo en manos de la secta católica, tal que si estuviésemos aún en el medioevo.
Esquirlas de actualidad.
Que cuando los ciudadanos se movilizan se logran cosas es algo que no parece haber calado aún en la totalidad de los españolitos, sin embargo, cada día es más evidente que la opinión pública cuenta, si no para nuestros políticos, sí para algunas empresas que no están dispuestas a concitarse el rechazo de los ciudadanos por una cabezonería. Cosa que no hacen nuestros políticos. Hoy hay que felicitarse de que las empresas organizadoras del World Padel Tour desistan de que el torneo de pádel que tenían previsto celebrar el en el Anfiteatro de Mérida tenga lugar en el histórico monumento. Las muchas protestas que partieron asociaciones de defensa del patrimonio, personas del mundo de la cultura y autoridades políticas, que se pronunciaron en contra de la realización de un acto deportivo en el citado recinto, y los miles de firmas recogidas en menos de veinticuatro horas por Change.org lograron la suspensión de tal dislate, a pesar de que el Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, siga en sus trece al manifestar que si de él dependiese el torneo se celebraría en el citado monumento.
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Otra rectificación que atañe al mundo de la cultura: el director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Bartomeu Marí, que provocó la suspensión de la exposición "La Bèstia i el Sobirà", al pretender que se eliminase de la muestra una escultura que consideró ofensiva para el jubilado rey Juan Carlos, ha dado marcha atrás, y ante la negativa de los expositores de celebrar la muestra si se eliminaba esa escultura, se vio obligado a ceder, ante lo que él mismo reconoce, en una carta enviada a la agencia Europa Press, que: "ante la práctica unanimidad de voces de asociaciones profesionales y sectoriales, entidades e individuos exigiendo la apertura de la exposición 'La bestia y el soberano’, la exposición se inaugurará el sábado". La decisión de Marí, de censurar la escultura de la artista austríaca Ines Doujak provocó las acerbas críticas del comisario de la exposición y numerosas personalidades de la cultura, y no poco escándalo en la sociedad civil. Otra muestra de que el silencio y la sumisión no llevan a ninguna parte y los clamores logran justicia.
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En un nuevo alarde de desfachatez, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se negó a dar explicaciones en la sesión de Control del Congreso, a propósito de sus relaciones con el gabinete de asesoría fiscal que él creo, como Montoro Asociados, y que en el presente se llama “Equipo Económico”, y que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por presunta adjudicación ilegal. Montoro adujo que dejó en 2008 el despacho de abogados y asesoría, que fundó dos años antes, lo que le impide dar explicaciones sobre su actividad. Sus explicaciones de por qué mucha gente de ese despacho fueron altos cargos suyos en el gobierno de Aznar en la Agencia Tributaria fuero igualmente descaradas, al afirmar que la vida laboral de la gente cambia. Nadie le preguntó al ahora ministro de Hacienda cómo es que trabajó para recaudar impuestos con Aznar, posteriormente en su gabinete privado  para ayudar a defraudar impuestos. y ahora, supuestamente, vuelve a trabajar recaudándolos. Algunas voces han sugerido que muchos de los beneficiarios de la amnistía fiscal del actual ministro de Hacienda, eran clientes de Montoro Asociados. Una muestra más de puertas giratorias y del concepto de cortijo que tienen los integrantes del PP del Estado, en el que mezclan siempre lo público y lo privado en su propio beneficio.
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Leído y visto por ahí. 

En ocasiones lo evidente ha de ser documentado para que tomemos conciencia de ello. Público lo hace hoy con el artículo “Cinco síntomas de que el proyecto educativo de Wert vuelve al siglo XIX”

El diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Coscubiela, dejó bien claro en el Congreso lo que es la Ley de segunda oportunidad de Raxoi

Beatriz Gimeno da en el clavo de lo que hemos de hacer para acabar con la corrupción

Inteligente visión de lo que está haciendo Cristóbal Montoro







Comentarios

  1. Pandilla de chupócteros e impresentables, eso es lo que son estas sanguijuelas de indeseables me-apilas.
    No puedo con ello.
    Un abrazo

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