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Imputados o investigados. La palabra es lo de menos: son unos corruptos.



 Ante ciertos titulares sería fácil echar de menos de un Berlanga que, con su ácido humor, retratase la actualidad política. “Villarejo conocía la financiación del PP catalán en la época de Fernández Díaz” cuenta el diario Público. “Anticorrupción investiga un contrato a dedo al despacho que fundó Montoro”, informa El País. Pero no pasa nada, el Gobierno no llevará en sus listas imputados, porque ya no lo serán, dado que pasan a ser ‘investigados’, ya que el Ministro de Justicia cambió el término, junto con el límite de meses que tendrán los jueces para instruir casos de corrupción, y que no son, como pretenden vender a la opinión pública los populares, medidas para luchar contra la corrupción o contra la lentitud de la Justicia, sino un poner trabas para que sus correligionarios queden impunes de tanto latrocinio como vienen protagonizando.

Cuenta Público que el comisario Villarejo, que está siendo protegido por el Ministro del Interior, Jorge Fernández, más allá de los límites razonables, podría guardar información sobre Fernández de cuando este ejerció como presidente provincial del PP en Barcelona y como secretario general del partido, entre 1983 y 1990. El financiero Javier de la Rosa, aseguran algunas fuentes, “podría haberle proporcionado hace dos años la información que a Villarejo le faltaba sobre las relaciones con el ministro y sobre cómo se financiaba el PP en Catalunya durante esos años. Villarejo se ganó su confianza para que declarara en el caso Pujol y este le aportó mucha información de esos años”.

Por aquel entonces, y siempre según el diario Público, el ahora comisario Villarejo ya estaba destinado en Barcelona trabajando como agente de información cuando llegó Fernández a cargos orgánicos del PP. En esos años Villarejo montó un Sindicato Profesional de la Policía, donde ejerció de jefe de prensa dejando uno de sus primeros agujeros: 17 millones de pesetas de deuda en la revista del sindicato. La misión de Villarejo no estaba centrada tanto en la labor sindical como en la obtención de información de políticos, empresarios y organizaciones políticas. El comisario que destapó el asunto del ático de Ignacio González resultaría un personaje impagable en cualquier película de Berlanga, o incluso en uno de esos films rodados en Italia en los años 70 sobre políticos y mafiosos, o aun en una de las dramáticas películas de Costa Gravas. Aunque, sus implicaciones en la comedia bufa de la corrupción made in Spain, le hacen más propio de uno de esos comics en los que aparecen los disparatados agentes de la TIA. 
Colocado en el punto de mira de la prensa cavernaria afín a Ignacio González, el defenestrado presidente de la Comunidad de Madrid, por obra y gracia del aristocrático dedo de Esperanza Aguirre, el comisario Villarejo, investigado, pero menos, por sus negocios millonarios en paraísos fiscales, aunque el Ministro del Interior parece haber extendido su manto protector, ya sea por fidelidad, ya por el miedo a que cuente lo que sabe de la financiación ilegal del PP catalán, resultaría un personaje muy propio de cualquier astracanada o esperpento, si no fuese tan sumamente dramático lo que sucede en nuestro país.

Aunque no es solo el Ministro del Interior el que está bajo la lupa, o la sospecha, y aunque seguramente se acabaría antes designando a los ministros que estén limpios de asuntos poco éticos, no es solo el ministro del Interior el que está bajo la lupa o sospecha, sino también  Cristóbal Montoro, azote de sus críticos, a los que siempre acusa de no pagar impuestos, quien anda bajo la lupa de la Justicia al haberse detectado que el despacho de asesoría fiscal que fundó cuando dejó el Gobierno de Aznar, y que abandonó cuando se reincorporó al de Raxoi, Equipo Económico, podría estar involucrado en un asunto de vulneración de la Ley de Contrataciones Públicas, al haber elegido la Cámara de Comercio, a dedo, el despacho fundado por Montoro para que elaborase un informe orientativo que sirviese como borrador para la nueva ley de Cámaras de Comercio que se empezó a tramitar en 2012 y aprobó dos años más tarde. En principio se presupuestó en 216.000 euros, aunque luego tan solo se abonaron 90.000. Puertas giratorias o todo queda en casa. En la del PP.

Con tantos frentes abiertos, hoy, por ejemplo, tuvo que dimitir Alfonso Grau, vicealcalde de València por su implicación el caso Nóos, o la espectacular crecida de enanos en el PP a causa de la corrupción de la que es protagonista, no extraña que, trileros como son por naturaleza, anden legislando a la medida de sus impunidades, llamando a las cosas por otro nombre, que qué más dará imputado que investigado, si al final de lo que se trata es de que jugaron sucio con el dinero de todos. Y limitar los tempos de las instrucciones para que los jueces no puedan poner cerco a sus piraterías es el colmo de la desvergüenza. Como lo es la manipulación infame de los fiscales, a los que el actual gobierno maneja cual marionetas de un guiñol siniestro.

Aunque ahí andan, con su impunidad y una oposición blandita, que no brama a voz en cuello, ni cuenta con claras palabras a los ciudadanos cuán desvergonzados son. Será, tal vez, que algo tienen también que ocultar.

Con lo bien que estaría que, como en el título de la película de Berlanga, fuesen todos a la cárcel, previo paso por caja para devolver todo cuanto hurtaron a los ciudadanos,  

Esquirlas de actualidad.
La moratoria nuclear es la gran desconocida del recibo de la luz, que la  presenta de forma ilegible en la factura por lo que se paga por ese concepto. Ni los expertos en nuclear de ONG’s, como Greenpeace o Ecologistas en Acción,  pueden aventurar una cifra más o menos exacta, y la Comisión Nacional de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, mantiene un ominoso silencio a la petición de cifras que le hacen desde prensa o ONG’s. Sin embargo, un rastreo llevado a cabo en esporádicos informes de la CNE, generalmente bastante confusos, permite aproximar que los españoles pagaron al menos 9.000 millones de euros para compensar una inversión de las eléctricas de 2.300 millones. Son 6.600 millones de sobrecoste que, como tantos otros millones de los ciudadanos, fueron a parar a saber a qué bolsillos.
***
Los dirigentes del PP, cargos autonómicos, alcaldes, asesores y gente que viene viviendo de la política y sus prebendas andan al borde de un ataque de nervios porque las encuestas de uso interno de esa formación les pronostican la pérdida de poder en la mayoría de las autonomías. “Se pierde hasta Murcia”, lamentan quienes mantuvieron sus feudos autonómicos y municipales. Según esos sondeos, tan solo Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, seguirán en manos del PP. Aunque resulta un tanto cuestionable que, tras cuatro años de infames recortes y barbaridades sin cuento, los castellanomanchegos vuelvan a otorgar su confianza a Cospedal. El País Valenciá, donde ganaban las elecciones por mayorías absolutísimas ya lo dan por perdido, igual que Extremadura o Madrid. Lo que se preguntan dentro del PP es qué consecuencias tendrá esa pérdida de poder para Mariano Raxoi, al que pueden mover la silla tras el fracaso de las autonómicas y municipales. Los dioses lo quieran.
Leído y visto por ahí. 

Espléndida dama Manuela Carmena, que sería una magnífica alcaldesa de Madrid. Lo demuestra en esta entrevista realizada por Pablo Iglesias en La Tuerka.


Magnífico artículo de Luisa Seoane en su blog Dissidens. No tiene desperdicio.

Leonardo Boff: “El capitalismo prefiere ser suicida que cambiar” Palabras del teólogo en una entrevista en La Marea. Los medios oficiales no suelen darle la palabra.

Es un gran mérito de Javier Marcos Angulo el gran sentido del humor que tiene a la hora de diseccionar la actualidad y las tonterías que dicen nuestros políticos

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Comentarios

  1. Totalmente clavada la crónica de lo que está pasando en España.
    Un placer leerte.
    Gracias Luisa

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    Respuestas
    1. Gracias a ti, Javier, por leerme todos los días. Un enorme abrazo

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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…