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PP: Corruptos y mendaces, ¿y suben en las encuestas?



La publicación de una encuesta de Sigma 2 para Mediaset, en la que se dice que el PP sube tres puntos en intención de voto y se sitúa como primera fuerza de nuevo, por delante de Podemos, que baja 2.5 puntos respecto al  anterior sondeo de la citada consultora, hace plantearse si las encuestas reflejan la realidad o son simple manipulación, destinada a dirigir el voto de la ciudadanía, o bien esta vive en un permanente estado de dipsomanía aguda. 
 
En los informativos de T5, de la cadena Mediaset -controlada por el grupo Fininvest, propiedad de Silvio Berlusconi y por Prisa, a su vez controlada por inversoras estadounidenses-, facilitaron unos datos que hacen sospechar que su encuesta responde más a los deseos de los amos que a la realidad del país, porque, de ser cierto que los españoles piensan aún en votar al PP, con todo lo que está sucediendo, y el marasmo de corrupción en el que se halla inmerso, por mucho que sus dirigentes nieguen tener nada que ver con la red corrupta Gürtel, es que la ciudadanía está loca o no se entera de datos tan llamativos como que el juez Ruz considere al PP beneficiario a título lucrativo de la trama, o que esté plenamente constatado que existía una Caja B, de la que supuestamente Bárcenas robó 300.000 euros de cantidades en negro, según la Fiscalía, lo que lleva a pensar a cualquier persona mínimamente lúcida cuánto dinero había en esa caja para que no se dieran cuenta de que alguien les birlaba la citada cifra. 

El mismo día que el abogado Javier Gómez de Liaño –exjuez expulsado de la carrera judicial por prevaricación por su actuación en el caso Sogecable- abandonaba la defensa del extesorero Bárcenas por la entrevista concedida por este al diario ABC, aparecía en la prensa la noticia de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria está también relacionado con la trama Púnica. 

Así la información sobre los casos de corrupción en el seno del PP se airea constantemente. En el caso del extesorero Bárcenas porque en la mencionada entrevista que provocó la renuncia de Gómez de Liaño como defensor, y en la que señalaba a la dirección del PP como responsable de la Caja B, hace sospechar si el letrado deja la defensa es porque, al fin, el extesorero haya decidido lanzar lo que desde algunos medios llaman dramáticamente su ‘bomba atómica’ contra el PP. Paralelamente los medios informaban de nuevos datos de corrupción en el seno del PP, esta vez de Madrid, donde un alto cargo de esa comunidad, José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones -un organismo público cuyo consejo de administración preside Victoria-, declaró ante el juez Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, que Victoria le ordenó pedir a la firma de tecnologías informáticas Indra saldar una deuda de 10.000 euros con el empresario Alejandro de Pedro Llorca, uno de los 35 detenidos en esa operación -en prisión hasta la pasada Nochebuena- y señalado como el conseguidor de la red.

Según las pesquisas llevadas a cabo por la policía judicial y la UDEF, la deuda obedecía a trabajos hechos por De Pedro para mejorar la imagen en las redes sociales e Internet de diferentes cargos del Gobierno de Madrid. En el sumario figuran pruebas de que Eico Online Reputation Management SL, la firma de Pedro Llorca, recibió encargos para promocionar la imagen en la Red de Victoria y del presidente madrileño, Ignacio González, algunos de ellos pagados con dinero público. Una vez más, y no es la primera vez, el PP madrileño habría cometido un delito de malversación de fondos públicos para hacer campaña a favor de sus dirigentes que, se supone, tendrían que abonar esas campañas con los de su partido. 

Cuesta trabajo aceptar que los ciudadanos estén dispuestos a renovar su confianza a una formación que no solo está sumida en escandalosos casos de corrupción, sino que parece muy poco interesado en acabar con ella, a tenor de su rechazo, por ejemplo, a bajar las cifras por las que se castigará con penas de cárcel a quienes financien ilegalmente un partido. La oposición quería que en cualquier caso fuese delito, independientemente de la cantidad, sin embargo el PP se empeñó en fijar el delito cuantificándolo a partir de 500.000 euros; si alguien financia ilegalmente un partido por debajo de esa cantidad no se enfrentará a penas de prisión sino a una multa. A propósito de ese asunto, el socialista Manuel de la Rocha señalaba: “es una vergüenza que deja la puerta abierta a un auténtico coladero de corruptos que no evitaría, por ejemplo, un nuevo caso Bárcenas. Porque si repasamos la lista de Bárcenas, la inmensa mayoría de los donantes no rebasaron esas cifras, que se situaban casi todas entre 50.000 y 200.000 euros. Quiere decir que aquellos que sigan financiando a PP lo harán sabiendo que si les cogen no irán a la cárcel”. 

La noticia fue editada en algunos medios de papel y en la mayoría de los digitales, sin embargo, en los informativos televisivos se ocultó a los espectadores. Si se tiene en cuenta que la mayoría de la población se informa, precisamente, a través de las pantallas televisivas, solo conocen lo que es favorable para el PP. 

Aun así, y por mucho que las empresas consultoras y los medios a su servicio manipulen y oculten informaciones que dejan claro las mentiras de sus dirigentes y la corrupción que enfanga al partido en el Gobierno, existen muchos millones de españoles que saben que fueron engañados por el actual partido en el poder, porque sufren las consecuencias de haberlo votado creyendo su programa electoral, en el que aseguraban que crearían tres millones y medio de puestos de trabajo, que no darían dinero a los bancos, que había una línea roja a la hora de recortar, puesta en la Educación y la Sanidad. 

No será fácil que puedan creer el mensaje de los populares los parados que perdieron su prestación en estos años, los enfermos de hepatitis C, los jubilados que deben repagar sus medicamentos y, en muchos casos, mantener a sus familias con su exigua pensión –que tan solo subió céntimos este año- y los doce millones españoles que han caído bajo el umbral de la pobreza. Esas personas, que tal vez no se enteren de los casos de corrupción como lo hacemos quienes estamos en permanente contacto con informaciones no manipuladas, o que sabemos leer entre líneas, y discernir dónde está la verdad pese a las afirmaciones de los políticos del PP, no votarán al PP por mucho que las encuestas de cualesquiera consultoras aseguren que el actual Gobierno remonta en intención de voto. 

Porque si los damnificados de tanto abuso y tanta ignominia votan de nuevo al PP habrá que pensar que la mayoría de ciudadanos de este país no lo son, sino súbditos orates. 

Esquirlas de actualidad.

La emisión en TV3 del documental Barcelona ciutat morta, que narra el caso de abusos policiales que acabaron costando la vida a una joven poetisa, Patricia Heras, que se suicidó durante un permiso de la cárcel a donde fue enviada con falsas pruebas aportadas por policías corruptos, cobró actualidad y dio lugar a manifestaciones en la noche del sábado, tras conocerse la censura de cinco minutos a la que se sometió el corto por orden judicial. La emisión del documental causó una gran alarma social en los ciudadanos al conocer un hecho tan trágico e injusto, acallado por la prensa y las autoridades municipales de Barcelona. El primer teniente de alcalde de esa ciudad y responsable del área de Seguridad, Joaquim Forn, compareció este lunes ante los medios para asegurar que el Ayuntamiento de Barcelona llevará el documental ante la Fiscalía por si considera que hay nuevas pruebas que permitan reabrir el caso, que se produjo el  4 de febrero de 2006, cuando la policía disolvió una fiesta en un local okupado, propiedad del ayuntamiento, en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona. Siete jóvenes que estaban en la calle fueron detenidos, torturados y declarados culpables. Acabaron en el Hospital del Mar de Barcelona donde coincidieron con Patricia Heras y su amigo Alfredo, que habían sufrido un accidente de bici. La policía pensó que también estaban involucrados en los hechos y acabaron en prisión y condenados en 2010. Heras se suicidó al salir de la cárcel un año después. El documental, que narra el caso de Patricia Heras, pone en evidencia la existencia de una trama corrupta y la tolerancia con modos policiales propios de una dictadura, un caso espeluznante e impune que muchos ciudadanos no conocían por el silencio de los medios ‘oficiales’ y que se han visto sacudidos por la crueldad e impunidad de los abusos de poder policiales, consentidos, cuando no ocultados, por los políticos.

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La noticia no es del Mundo Today, aunque pudiese parecerlo: El Ministro del Interior pretende limitar la velocidad de los peatones por la calle y hacerles controles de alcohol y droga. El proyecto del filofascista Fernández – que, además de compaginar su militancia en el Opus Dei y en la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, acostumbra a acudir al Valle de los Caídos, ese monumento a la ignominia y símbolo de la dictadura fascista,  para realizar ejercicios de meditación, según expusieron este fin de semana algunos medios digitales-, provocó el inmediato rechazo del Consejo de Estado que considera que semejantes medidas  podrían atentar contra los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal consagrada por la Constitución, que se verían dañados “por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones”. Así, puso ejemplos de las situaciones tan ridículas que podrían producirse: “los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente”. También las personas que consumen medicamentos con codeínas, benzodiacepinas, opiáceos o semejantes y que darían positivo en el test de drogas únicamente “podrían aventurarse a salir de casa con las correspondientes recetas médicas”. Está visto que cualesquiera actividades que puedan realizar los ciudadanos están en el punto de mira del ministro del Interior, para limitar libertades. Después de la ley mordaza, este proyecto pone de manifiesto que Fernández debe tener algún problema mental.
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España, o mejor dicho, el Gobierno de Raxoi, se someterá el próximo miércoles al Examen Periódico Universal que realiza Naciones Unidas para evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en su territorio, un control en el que tendrá que defender su política de devoluciones sumarias de inmigrantes en Ceuta y Melilla a petición tanto del Comité como de distintos países, entre los que figuran Reino Unido y Noruega. También habrá de responder de los avances en la investigación de las muertes del Tarajal, o los maltratos en los CIE –centros internamiento donde los inmigrantes sin papeles son tratados como delincuentes y en muchas ocasiones con brutalidad-. El Comisario Europeo de Derechos Humanos ya advirtió en pasadas fechas de que las llamadas ‘devoluciones en caliente’ son ilegales. A pesar de ello, el Ministro del Interior se empeña en mantener esa medida en la llamada Ley Mordaza, lo que podría suponer un gasto millonario a las arcas públicas, porque Europa está decidida a sancionar en caso de que se vulneren los derechos humanos como anunció el comisario europeo.
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Comentarios

  1. Luisa, realmente creo que todo lo que sucede está muy bien estudiado y por eso está ocurriendo lo que esta ocurriendo. Creo que me voy a borrar de este país que tanto he querido.
    Un abrazo

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    1. Ah, si yo pudiese me iría muy lejos, y pediría el carné de apátrida, cada día me da más asco todo lo que está pasando.

      Un abrazo enorme.

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