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El PP dispuesto a dar otra vuelta de tuerca a la represión.



Tal y como el PP desarrolla leyes y decisiones y viendo las declaraciones de todo tipo que hacen sus dirigentes se observa, no sin alarma para la mayoría, que, de ganar las próximas elecciones, implantará un verdadera dictadura, para lo que cuenta, además, con la colaboración del PSOE. El anuncio de ese partido de que apoyará ‘por sentido de Estado’ las modificaciones legales que plantea el Ejecutivo de Raxoi en materia de terrorismo ha causado indignación en muchos sectores, sobre todo, teniendo en cuenta que el PP está dispuesto a extender el concepto de terrorismo a todo lo que no le agrada, como denunciaba, ayer mismo, Amnistía Internacional. 
 
“La reforma ahonda en las limitaciones de derechos ya existentes sobre terrorismo, al introducir 12 nuevas enmiendas que amplían de tal forma, y de manera tan vaga e imprecisa, la definición de terrorismo que conductas que no tienen naturaleza terrorista podrían ser sancionadas, de manera incompatible con las normas del derecho internacional” señalaba la ONG que advertía de que la planeada reforma del Código Penal “pone en peligro el derecho a la libertad de expresión, información y reunión pacífica, y se olvida de los crímenes de derecho internacional”. 

Y es que el PP pretende que los escraches, las huelgas con piquetes o la alteración de un pleno parlamentario puedan ser actos calificados como “terroristas”. Igualmente, el PP pretende que sea considerado acto terrorista cualquier acción que persiga "influir o condicionar de modo ilícito la actuación de cualquier autoridad nacional o extranjera", con lo que se abre una torticera puerta a considerar terrorismo cualquier manifestación de libre expresión si considera que con ella se pretendió influir o condicionar las actuaciones de las autoridades”. De esa manera, y tal como se las gasta el PP, una carta en un periódico dirigida a un político o una intervención en una tertulia como la que protagonizó en Grecia una dolida y harta ciudadana podría considerarse un acto de terrorismo y de rompimiento de lo que el ministro del Interior, Jorge Fernández –el peor y más lesivo ministro de esa cartera en toda la historia de esta pseudodemocracia- considera ‘paz social’, la paz de los cementerios tan cara a los fascistas. 

Sin embargo obvia el asunto de la Justicia Universal que suprimió en su día para complacer, con indigno sometimiento, las pretensiones de la dictadura China, o complacer los deseos de impunidad del ejército USA, autor del asesinato de José Couso. Tras la suspensión del principio de Justicia Universal los jueces se vieron obligados a poner en libertad a numerosos narco traficantes. Con la actual legislación resultará imposible procesar a terroristas internacionales, o incluso detenerlos, pero ese es un problema menor para el PP, que utiliza la lucha contra el terrorismo internacional como pretexto para poder él ejercer un terrorismo de Estado suprimiendo libertades formales de modo inadmisible. 

Desde AI se muestran preocupados porque la reforma del Código Penal amplíe de modo tan represivo la clasificación de delitos considerados en el marco del terrorismo, cuando estos se limitan, según el Relator Especial de Naciones Unidas, las tres características acumulativas que se deben dar para que una acción pueda ser considerada terrorista: intencionalidad de causar muerte, heridos graves o toma de rehenes; propósito de atemorizar o intimidad a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Es evidente que ni los escraches ni los piquetes de huelguistas, ni la difusión de convocatorias de manifestaciones tienen nada que ver con el concepto de terrorismo precisado por la ONU. 

No se entiende que en Europa no pongan coto a las decisiones dictatoriales del Gobierno de un país miembro, teniendo en cuenta que, en teoría, condición sine qua non para pertenecer a la comunidad europea es el respeto a la democracia. Tampoco que el PSOE esté dispuesto a apoyar al PP en semejante locura represiva. Al hacerlo, si llega a dar su consentimiento a tal barbaridad, se pondrá en evidencia la deriva derechista de la actual dirección del PSOE, supuestamente renovado y más a la izquierda que la de sus predecesores.  
 
Con la intención de legislar como una dictadura, consensuada por los dos partidos mayoritarios, aun se extrañarán sus dirigentes de que la mayoría de encuestas prelectorales den ganador a Podemos…
Esquirlas de actualidad.

El juez Gómez Bermúdez ha archivado la causa contra el humorista de La Tuerka, Facundo Díaz, por considerar que el sketch por el que fue denunciado “no desacredita, menosprecia o humilla a las víctimas del terrorismo". La asociación Dignidad y Justicia, de extrema derecha, consideró que el vídeo de Díaz, disfrazado de etarra para hablar de la corrupción del PP era "claramente ofensivo y humillante para las víctimas del terrorismo" por equiparar "en tono burlesco y de mofa" a la formación política con la organización terrorista. El juez aceptó las explicaciones del humorista que explicó que si aparecía sentado en una mesa, encapuchado, y con una foto de Francisco Granados, fue porque esa semana se había producido la operación Púnica, en la que se detuvo al citado ex secretario general del PP en Madrid. Estaba claro que los denunciantes, muy afines al PP, quisieron hacerle el trabajo sucio a ese partido. La decisión del magistrado constituye una buena noticia para la libertad de expresión.  
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El PP ha levantado la bandera de salida de la competición electoral nombrando portavoz de campaña a un niñato pijo y fascistilla, Pablo Casado, ultraliberal y muy próximo a Aznar, que que insulta, menosprecia y difama a cuantos no pertenecen a su clan. Sus boutades ya han calentado las redes sociales con sus groserías sobre las víctimas de la dictadura franquista o con aseveraciones tan falaces como estúpidas como "En el 89, los jóvenes nos pusimos delante de un tanque en Tiananmen parando al comunismo. Y tiramos con nuestras manos el Muro de Berlín", cuando él lo único que viene haciendo en su vida adulta es trabajar para el PP desde un despacho o un escaño.  
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La prensa del sistema, encantada de convertirse en un trasunto de la prensa de la víscera, lleva dos días dando todo tipo de informaciones sobre la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite una demanda de paternidad contra el rijoso y jubilado Borbón, que siempre hizo honor a la condición de golfos jodedores de sus antepasados. Ahora que el Supremo parece haber levantado la inviolabilidad judicial del abdicado monarca, sería de desear que hiciese lo mismo en materia económica y se investigara de una vez de donde procede la inmensa fortuna de un rey que cuando subió al trono era el mantenido del dictador.  
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La caverna mediática está dedicando horas de debate a denostar a la líder de Podemos en Andalucía, porque a una malintencionada pregunta sobre la Semana Santa respondió que tendría que ser la gente quien decidiese sobre su celebración. Respuesta lógica que ha irritado mucho los fanáticos de esa absurda tradición, consistente en sacar a pasear santos de palo seguidos de gente disfrazada de trasuntos de militantes del kukuxklán, cantando canciones siniestras y rodeados de una morbosa parafernalia de instrumentos de tortura, cirios y alardes ofensiva riqueza.
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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…