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Disyuntiva para el 2015: O cambio o dictadura



El año que acaba de comenzar será un año decisivo para el futuro de Europa y muy especialmente de España, país en el que los ciudadanos, o súbditos, tendrán que decantarse por el cambio, un giro copernicano en el modo de gobernar de partidos como Podemos y de la izquierda más o menos tradicional o, renovando al PP en el poder, por la dictadura en la que seguirá profundizando y está imponiendo en los últimos años, en un cambio de régimen solapado que viene llevando a cabo sibilinamente, sin que aún muchos españoles se hayan percatado de ello. 
 
Quienes se preocupan porque temen un futuro de fascismo, con la aprensión a grupúsculos de extrema derecha, habría que explicarles que ese fascismo está aquí, desde que los votantes españoles le dieron la mayoría absoluta a un partido que es visto desde fuera de nuestras fronteras como un gobierno de cafres, que deja a su derecha a partidos como el de Le Pen. 

La profundización en la brecha social, con el empobrecimiento de millones de españoles sin trabajo o con trabajos precarios, de sueldos miserables, posibles gracias a la inicua y reaccionaria Reforma Laboral es solo una de las señales del nuevo país que el PP pretende dibujar en un cambio de régimen en el que las libertades constitucionales se ven vulneradas por una legislación contraria a la ley de leyes que un Tribunal Constitucional, en manos de magistrados afines, o militantes del propio partido del Gobierno, como su presidente, Pérez de los Cobos, dan por buenas a pesar de contravenir escandalosamente cualesquiera de sus artículos. 

La Ley Mordaza, con el poder que confiere a la policía en contra del de los jueces, a los que anula, imponiendo un modelo de dictadura donde todo el mundo es culpable y puede ser reprimido y castigado por unas fuerzas de seguridad a cuyo frente están elementos cercanos a la extrema derecha, o, incluso, provenientes de la dictadura, y con numerosos agentes afines a grupúsculos de extrema derecha fue el paso decisivo de este gobierno en la vulneración de las libertades formales.

 La reforma de ley de Enjuiciamiento Criminal está despertando la inquietud de las asociaciones de Jueces y Fiscales, e incluso de algunos integrantes del Consejo General del Poder Judicial, porque vulnerará derechos como el habeas corpus a la vez que, en una de las cínicas argucias de este Gobierno, para escapar impune de los casos de corrupción, limita las instrucciones de los casos en cortos periodos de tiempo para así librarse de los consecuencias de los muchos latrocinios que viene perpetrando desde hace años. Aunque la impunidad que pretende garantizarse es lo menos lesivo de una ley que acaba con los derechos de los ciudadanos y las garantías jurídicas existentes hasta ahora, al pretender, entre otros desafueros, hacer legales escuchas sin intervención de los jueces, junto con otras medidas propias de una dictadura fascista. 

Con esa perspectiva, la ciudadanía tendrá que plantearse si vota al PP, cayendo en las falacias de un Gobierno que alardea de una impostada mejora de la economía, presume del descenso del paro ocultando que no es sino el maquillaje de los escasos puestos de trabajo troceados en contratos basura y ocultando que el número de parados ha descendido porque son cerca de cuatrocientos mil los parados obligados a exiliarse, u opta por un cambio radical en la manera de hacer política en este país. 

El Gobierno y el PSOE intentan vender la continuidad de un sistema podrido y en crisis, que permite excesos como el narrado en el documental “Barcelona ciutat morta” (https://ciutatmorta.wordpress.com/), una historia de abuso de poder y falsas acusaciones que acabaron con el suicidio de una joven poeta, y cuya narración bien podría situarse en el Chile de Pinochet y no en la Barcelona de 2006, cuyo alcalde, el supuesto socialista Joan Clos, actuó de la misma manera que podría haberlo hecho un dictadorzuelo bananero. Aunque sin llegar a extremos tan dramáticos, integrantes de las fuerzas de seguridad siguen perpetrando abusos como el de entrar con argucias en casas de presuntos delincuentes, sin orden judicial y con la aprobación de sus mandos, que dan por buenos sus abusos en mor de la efectividad. 

Con un régimen podrido por la corrupción y los abusos de poder, quienes se aferran al poder se sirven del miedo que intentan propalar las castas financieras, asustando con la desaparición de Europa, cuando lo que se va a dirimir en este 2015 no es su desaparición sino las imposiciones de los bancos alemanes, que, desde 2010 implantaron una dictadura de recortes y privaciones en su propio beneficio. 

Independientemente de lo que decidan los griegos, votando a Syriza o dejándose asustar por el poder financiero, en este país nos jugamos más que ellos: Vivir en democracia o sufrir una dictadura fascista, la que está imponiendo el PP. 

Esquirlas de actualidad.
 El Gobierno español, en el que varios de sus ministros son miembros del Opus Dei, secta dentro de la secta católica, entregará a los obispos españoles 13.266.216,12 euros mensualmente, o lo que es lo mismo 159.194.594,44 euros en el ejercicio de 2015. De no regalar a la secta católica esa ingente cantidad de millones, más de ciento cincuenta y nueve mil en un año, se podría proporcionar el tratamiento que exigen los enfermos de Hepatitis C, eliminar el repago de los medicamentos a los jubilados o dejar de recortar la Enseñanza Pública. La decisión del Ejecutivo es un claro robo de dinero público a los ciudadanos, del que los periódicos no hablan en clara sumisión a un gobierno de beatos y una iglesia rapaz y egoísta 

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El Tribunal de Cuentas, en un alarde de eficiencia sorprendente, dice haber detectado irregularidades en la campaña de crowfundig que hizo Podemos para sufragar las elecciones europeas. No deja de sorprender que ese organismo, que suele auditar las cuentas de los partidos a los cinco años del ejercicio para que sus delitos y faltas prescriban, haya sido tan diligente y rápido a la hora de auditar las cuentas de Podemos.

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El Gobierno de Raxoi censuró el informe realizado por Comité Técnico de Expertos designado por el Gobierno para elaborar lo que iba a ser el II Plan de Derechos Humanos. Los profesores universitarios expertos en ese asunto, redactores del informe -que se conocerá, pese a la censura gubernamental porque va a ser publicado por la editorial Tirant lo Blanc- abogan por reformar la Constitución, el sistema electoral, las leyes de financiación de partidos y fomentar las iniciativas legislativas populares y los referéndums con el fin, dicen, de conseguir una "democracia real".

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El filofascista Ministerio del Interior colmó de medallas al grupo policial que participó en la batalla campal del 22M. Así los agentes de uno de los dispositivos policiales más criticados por los sindicatos, en el que más de 60 policías resultaron heridos, merecieron el reconocimiento de la cúpula ministerial que entre las condecoraciones otorgó dos a los responsables del operativo, para quienes los sindicatos policiales pidieron la dimisión por sus desacertadas órdenes. 



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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…