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PP: Invocar la Constitución y vulnerarla con leyes propias de dictaduras





En el 36 aniversario de la Constitución se colaba entre los titulares de los diarios una noticia que bien podría ser la de cualquier medio de una dictadura: “Interior podrá ordenar escuchas sin permiso del juez en delitos graves’, titulaba El País; “Interior podrá ordenar escuchas sin permiso previo de un juez "en casos de urgencia" señalaba el diario.es; Público explicaba: “Interior quiere ordenar más escuchas sin permiso de un tribunal”, El Ministro del Interior podrá ordenar interceptar comunicaciones sin orden judicial’, narraba la ultraderechista La Razón. Otros periódicos, como El Mundo o ABC, ignoraron la noticia, pero el que expuso con más claridad la información fue el Diario Progresista, que abría su información con un contundente “El Gobierno se arroga el derecho de ‘pinchar’ teléfonos a los ciudadanos sin una orden judicial”. 

La nueva cacicada del PP que, amparado en su mayoría absoluta legisla como los sátrapas de una dictadura, figura en el capítulo de la interceptación de comunicaciones telefónicas, telemáticas y de correspondencia escrita y telegráfica que contempla el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del Día 5 de diciembre, víspera de la celebración del aniversario de una Constitución que el PP proclama inamovible, irreformable e imperecedera, aunque constantemente legisle para subvertirla e incumplirla. 

Y es que el PP incumple descaradamente los valores constitucionales, tanto con la Ley Mordaza en la que infringe el libre derecho de reunión y manifestación, al prescindir, además, de la intervención de los jueces a la hora de sancionar faltas o delitos, como si esta sociedad fuese la de una república bananera, y lo hace, en el presente, con la decisión de autorizar arbitrariamente escuchas telefónicas, al vulnerar el apartado 3 del artículo 18 que no deja lugar a dudas: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. 

Ya lo dijo Margallo en una ocasión, en la que su torpeza dejó al descubierto las verdaderas intenciones de un Gobierno al que el Tribunal Supremo o el Constitucional, si no estuviese en manos de militantes del PP, habría destituido y obligado a convocar elecciones limpias y bajo la observación internacional, dada la catadura del partido que gobierna. En vísperas de la Diada de 2013, el incontinente ministro de AAEE, se descolgó afirmando que   “excepto los artículos  1.2 y 2-que señalan que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto y que la Constitución se fundamenta ‘en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible-la Constitución es papel mojado”. Nadie le llamó al orden, ni rectificó sus palabras porque ese es el sentir general de un Ejecutivo fascistoide, hijo ideológico del general genocida. 

Por esa razón, la de su admiración, connivencia y respeto al régimen del fascista Franco, paso a paso y en silencio el Gobierno de Raxoi se está cargando una Constitución de la que solo le sirve los artículos que suscribiría el propio dictador, la de una unidad territorial impuesta a partir del siglo XVIII –y no antes, por muchas manipulaciones de la historia que inventen los nacionalistas españolistas- al dar al traste con todo lo que de positivo pueda tener la Carta Magna. 

La actual necesitaría, en caso de que no se lograse abrir un proceso constituyente, unos cuantos retoques como la eliminación de la modificación del art 135 que perpetraron PSOE y PP de espaldas a la ciudadanía y que antepone el interés de los bancos alemanes a del pueblo español; o la forma de Estado, si se tiene en cuenta que en una democracia resulta inadmisible que la Jefatura del Estado la ostente, o detente, ya que no se preguntó a los ciudadanos si querían una monarquía impuesta por el dictador, una familia que vive de espaldas a los intereses de la gente, como bien recientemente demostró Felipe VI al mostrarse connivente con las teorías económicas de un Gobierno que ha empobrecido a la mayoría de los ciudadanos en beneficio de la oligarquía. O la del artículo 16.3, al que el frufrú de las sotanas obligo a los redactores de la Constitución redactar el siguiente añadido: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.   

En cualquier caso, el actual Gobierno, ya sea con sus modificaciones legislativas o con su incumplimiento de derechos como el de la vivienda, manteniendo una ley hipotecaria denunciada por la UE, está acabando con lo que de positivo tiene una Constitución que comienza diciendo “España se constituye Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y cuyo Ejecutivo viene acabando con la libertad con su legislación represiva, la igualdad, al convertir la brecha social en una sima, y el pluralismo político al arrasar con los derechos representativos de los partidos con su mayoría absoluta. 

Esperemos que este 36 aniversario de la Constitución sea el último en el que no se han subsanado los errores, o el miedo, de sus primigenios redactores, y que el próximo no siga dándole coces este Gobierno porque la sociedad se haya librado de él.

Esquirlas de Actualidad. 

Si fuese el terrorismo el que hubiese causado más de mil doscientas víctimas en diez años se estaría hablando de tragedia nacional, de tomar medidas extraordinarias y de que no se podía consentir tan espantosa sangría. Mas esas mil doscientas víctimas no lo son de un terrorismo político, sino del terrorismo que viene existiendo prácticamente desde que el homo ¿sapiens? se irguió sobre sus patas traseras: el terrorismo machista, pues no se puede llamar de otro nombre a los asesinatos que perpetran los malnacidos descerebrados que quitan la vida a sus parejas –y en ocasiones a personas de su entorno, ya sean hijos, padres o nuevas relaciones- casi siempre porque consideran a las mujeres no seres humanos libres para elegir con quién compartir su vida, sino objetos sexuales para su uso. Hoy, en un nuevo día negro de terrorismo machista, dos asesinos arrebataron la vida a tres personas. En Valladolid un descerebrado de 48 años apuñaló a su pareja y la actual de esta hasta la muerte. Y en la localidad valenciana de Paterna otro demente machista de 37 años disparaba contra su mujer y luego se suicidaba, dejando huérfanos a dos menores. El actual Gobierno, fascista, machista y beato, redujo en los PGE un 30% las partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo machista, al tiempo que eliminó Educación para la Ciudadanía, asignatura que enseñaba a los niños y adolescentes pautas de comportamiento democráticas, igualitarias y respetuosas. Un peligro para la secta católica y los reaccionarios que siguen pensando que la mujer es un ser inferior destinado a servir a los varoncitos. 

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 El País publicaba el domingo una nueva encuesta en intención de voto en la que, según la empresa de sondeos Metroscopia, el PSOE ganaría las elecciones, Podemos sufre un descenso tras su constitución en partido político –y posiblemente las infamias que lanzan a diario entre otros el propio diario El País y las cadenas televisivas- y el PP se despeña literalmente. Como siempre, el diario de Prisa da a grandes rasgos esos datos, no aclara la intención de voto directo y se le ve la oreja manipuladora hasta en sus titulares, dado que titulaba “Podemos pierde impulso tras la exposición de sus líderes y planes’, rectificando el que primero señalaba: ‘Podemos se consolida pese al desgaste y el PP acentúa su hundimiento’. Seguramente a Doña Soraya no le gustó y levantó el teléfono para que rectificase, y dócil, Antonio Caño lo hizo. Porque la campaña de Raxoi no solo se centra en lanzar falacias como las vertidas en la Secta Noche de La Sexta, por Cospedal, sino en machacar en todos los medios con la idea de que ganará de nuevo las elecciones con el objeto de que esa idea cale en los ciudadanos y por un efecto gregario le vuelvan a votar. 

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Ha tenido que transcurrir cerca de un año para que la Guardia Civil reconozca el impresentable comportamiento de ese cuerpo la mañana del seis de febrero cuando murieron quince inmigrantes en las costas de Ceuta, a los que la ‘benemérita’  no solo no auxilió con la patrullera que vigila las costas de la ciudad africana, sino que luego disparó contra ellos pelotas de goma cuando, aterrorizados, intentaban alcanzar la playa. Hay un sumario abierto y sería sanamente democrático que, aparte de los mandos imputados, se sentase en el banquillo el Ministro del Interior, último responsable de una política que vulnera los tratados internacionales, la legislación española actual y los Derechos Humanos.

 

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