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Los recortes matan más en España que el ébola en África: Catorce mil muertos por la falta de medicamentos, suicidios por la crisis y pobreza energética.



Sovaldi: El nombre no es el un dios inmarcesible, un mito o una poción mágica. Es el del carísimo específico que salva la vida a los enfermos de Hepatitis C, algunos de ellos contagiados de esa enfermedad en hospitales públicos a causa de transfusiones de sangre infectada. En España 35.000 personas enfermas de Hepatitis C dependen de ese medicamento para salvar sus vidas, pero el Ministerio de Sanidad ofrece el tratamiento a solo 6.000. El resto es posible que muera por falta del caro medicamento, porque el tratamiento completo puede alcanzar cerca de los ochenta mil euros. 

El problema es un escándalo en toda Europa, dado que el laboratorio que lo descubrió y comercializa, lo hace a un precio absolutamente inasequible. Hace unas semanas, el Parlamento europeo debatió y votó una moción para obligar a los laboratorios a abaratar el precio; el PP, junto con otros partidos neocon, votaron en contra. El negocio es el negocio, y antes que las vidas humanas están las cuentas de beneficios para los partidos conservadores al servicio del capitalismo salvaje. 

Grupos de pacientes, como la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C,  acusan al Ejecutivo de dejar morir a "12 personas al día por no dispensar la medicina". El Ministerio se defiende intentando quitar importancia a la eficacia del medicamento, para justificar su racanería a la hora de destinar fondos para salvar las vidas de treinta y cinco mil ciudadanos a los que condena, literalmente, a muerte. 

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, afirmaba hoy en el programa ‘Las mañanas de Cuatro’ que, en este caso el Gobierno de Raxoi está perpetrando un crimen de Estado. No se quedaba corto el político cántabro; dejar morir a treinta y cinco mil enfermos por no facilitarles un medicamento es, indudablemente, un verdadero crimen, un auténtico genocidio silencioso, inadmisible en un país supuestamente civilizado. Si hay dinero para rescatar bancos o autopistas no se entiende, ni tiene justificación posible, que se deje morir a personas enfermas a causa del precio de un medicamento. 

Los 35.000 enfermos de Hepatitis C no son los únicos ciudadanos españoles que se vienen dejando la vida por las políticas de un Ejecutivo al que se puede calificar de genocida, dado que a sus espaldas también tiene las muertes de personas que se quitaron la vida a causa de los desahucios perpetrados por bancos estafadores, o los muertos de frío en la calle porque no tenían techo donde cobijarse o aquellos que fallecieron por enfermedades causadas, o agravadas, por la pobreza energética. 

Los medios, siempre complacientes y colaboradores con el capitalismo salvaje, no proporcionan datos sobre el número de suicidios a causa de los desahucios, aunque sí se sabe que es la primera causa de muerte de nuestro de país, por encima de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o los accidentes de tráfico. Sí se conocen las muertes producidas a causa de la pobreza energética. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen cada año el 30% de las muertes adicionales en invierno, por agravamiento de enfermedades previas. Tomando esta tendencia, si en 2012 se produjeron 24.000 muertes adicionales en invierno, más de 7.000 de esos fallecimientos se produjeron a causa de la pobreza energética.

Así, la Asociación de Ciencias Ambientales, consideraba el pasado año que siete millones de españoles, el 17% de los hogares, tuvieron dificultades para pagar las facturas energéticas al tener que destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir esos pagos, y cuatro millones, hasta un 9% de las familias, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío. Los jubilados que no pueden calentar sus hogares pasaron el pasado año del 13% al 21%. La CAC apuntaba en ese estudio que la crisis y el desempleo, que ronda el 26% y que, según la mayoría de las previsiones, se mantendrá cerca del 25% al menos hasta 2015, agravaron la situación en los últimos años, dado que entre 2008 y 2014 el aumento de los costes de la energía se elevó cerca del 50%. La energía eléctrica alcanza en España el precio más alto de toda la UE. 

Las estadísticas señalaban el pasado año que a lo largo de 2013 el número de suicidios se había incrementado en 11%, hasta llegar 3.532. Suponiendo que tan solo la mitad se quitase la vida por causas económicas o por perder su vivienda o sus negocios, el número de elevaría a 1.766 personas. Si a eso se sumasen los muertos en la calle por falta de un techo donde cobijarse –dato del que tampoco existen cifras porque la prensa ‘amiga’ del poder suele ocultar esos datos- el número de personas fallecidas a causa de los desahucios bien podría alcanzar, sino sobrepasar, la de 2.000 personas. 

Sumando las muertes por Hepatitis C, que los afectados cuantifican en 12 al día, suponen 4.380 al año, más siete u ocho mil fallecidos a causa de la pobreza energética y los dos mil que se quitaron la vida al perder su casa o fallecieron sin techo, el número de víctimas de las inhumanas políticas del PP alcanzaría a cerca de 14.000 ciudadanos. Un número inadmisible en cualquier país, y más en uno de la supuestamente civilizada Europa. 

Las ONG calculan que los muertos por ébola en África occidental se acercan a los 8.000. En España, los fallecidos a causa de la las políticas neocon de un Gobierno que no toma medidas para garantizar la vida de los ciudadanos, y solo se ocupa en legislar en beneficio de las grandes empresas y bancos, o medidas salvajes y antidemocráticas para impedir las protestas de un pueblo condenado a un genocidio silencioso, afectan a 14.000 personas. 

Lo que no se entiende es que la UE permanezca indiferente a una situación de verdadera alarma y no adopte medidas para obligar al Ejecutivo de Raxoi a facilitar el Sovaldi a los afectados por Hepatitis C, imponga la imposibilidad de desahuciar a los ciudadanos o que las empresas eléctricas corten la luz en invierno e impida el recorte de libertades formales que pretende imponer el Ejecutivo. 

Porque si la UE no toma medidas para evitar tamaño genocidio, que mata más que el ébola, cabe preguntarse para qué carallo estamos en la UE. 

Esquirlas de actualidad
El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba hoy que el Gobierno propondrá rebajar las penas por delitos de coacción a la huelga contenidas en la disposición número 315 del Código Penal. Se trata del artículo que está sirviendo para encausar  a decenas de personas –algunas ya condenadas, incluso a penas de prisión– por su participación en piquetes y protestas. Catalá ha admitido que se están produciendo sentencias que contienen penas "desproporcionadas". Algunos sindicalistas fueron condenados a penas de hasta nueve año en aplicación de ese artículo, y aún hay pendientes casos que suman más de cien años en total según la petición de la Fiscalía. Caso distinto es el de los empresarios, que impiden el derecho a huelga de sus trabajadores porque, según el catedrático de Derecho Penal, Juan Terradillas, "el comportamiento de los empresarios que coaccionan suele ser sutil, muchas veces mediante comentarios. El artículo 315 dice que serán castigados los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidan o limiten el derecho de huelga o de libertad sindical. En el caso de un empresario que coacciona eso siempre se da, porque el empleado está en una situación en la que no puede jugar con su puesto de trabajo. Es una situación que no es tan difícil de probar, pero que no hay interés en investigar”. Es la doble vara de medir de Fiscales al servicio del Gobierno que miran para otro lado cuando los que incumplen la ley son los empresarios y que se ensañan con los trabajadores. 
 
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La esperanza viene de Grecia. El Gobierno conservador no ha logrado respaldo en el Parlamento heleno, y no tiene más remedio que convocar elecciones generales sobre las que las encuestas hace ya meses que dan como ganador a Syriza, el ‘Podemos’ griego. La neocon UE, los mercados y el FMI se han puesto a temblar en la misma medida que millones de europeos y cientos de miles de españoles ven con esperanza el triunfo del partido de Alexis Tsipras. Si Syriza gana las elecciones y es capaz de poner pie en pared a las imposiciones de la Troika abrirá el camino a la victoria y las políticas que aplicaría Podemos en España, y posiblemente un tiempo nuevo en los países del sur, martirizados y explotados por los mercados y los amos del dinero. Así como la Democracia nació en Grecia, es posible que la esperanza y el sacudirse el yugo de las políticas neocon también nazcan en al Hélade. Al fin y al cabo sería recuperar la democracia para los países del sur. Los medios andan ya haciéndole el trabajo a la oligarquía pronosticando toda clase de catástrofes si Syriza y Podemos llegan a los gobiernos de Grecia y España.

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Eduardo Inda, el impresentable bocazas de las tertulias de La Sexta, ha dejado El Mundo, no se sabe si despedido o a petición propia, pensando en formar parte del nuevo diario que lleva anunciando José Pedro Ramírez que dará a conocer el 31 de Diciembre, cuando se cumpla el plazo del acuerdo al que llegó con la editora de su antiguo periódico a cambio de la renuncia a la indemnización de la módica cantidad, una fruslería para el señor de Agatha Ruiz de la Prada, de 1.3 millones de euros. A pesar de no pertenecer ya a la plantilla de El Mundo, y no formar parte de ninguna redacción, Inda sigue dando la matraca en las tertulias de La Sexta.

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El Gobierno de Raxoi, que incumple las indicaciones de la ONU sobre la búsqueda de desaparecidos, ignorando el informe de ese organismo, que en noviembre instó al Gobierno español "cumplir su obligación" de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomendó al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asignase "los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes". Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea, por el contrario, el Ministerio de Defensa está sufragando con cargo a su presupuesto la repatriación de restos de españoles que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon en la División Azul, al lado de la Alemania nazi. El departamento que dirige Pedro Morenés participa en ese proceso mediante la recepción de las peticiones de familiares para la recuperación de restos, el apoyo a la realización de trámites de traslado por vía aérea, la recepción de restos en el aeropuerto de Barajas y su posterior entrega a los familiares. Y, haciendo uno de sus habituales alardes de cinismo, el Gobierno aseguró que no hay peticiones de familiares víctimas de la dictadura, al argumentar que tras la aprobación de la Ley de Memoria en 2007 el número de llamadas relacionadas con esa norma que se recibieron en el Ministerio de Justicia los primeros años de vigencia de la ley rondaron las 10.000 anuales, en 2012 fueron 4.295 y en 2013 descendieron a 1.316. Calla el Ejecutivo que las asociaciones de Memoria Histórica están hartas de las negativas del Gobierno y del maltrato que reciben de unos políticos filofascistas que sigue tratando a los familiares de las víctimas de la dictadura del genocida Franco como a los ‘vencidos’ de la ‘cruzada’ de sus abuelos.
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