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Financiación ilegal del PP: Lustros para llevar al banquillo a los corruptos del País Valenciá.




Estaba en el ambiente, olía como la combustión lejana de los plásticos o de los productos químicos. Irritaba la pituitaria y la garganta. Sabíamos que estaba en algún lugar, pero nadie decía: ¡ahí está la fogata! El primer indicio de que algo se pudría en el PV, después de cierre en falso del caso Naseiro, empezó con el difuso olor de los sobrecostes de Terra Mítica en tiempos de Eduardo Zaplana. Eran los primeros años de Gobierno del PP, del uso y abuso de los fondos públicos y de los créditos puestos por la CAM y el Banco de València al servicio de la megalomanía presidencial, que llegaría al desiderátum en tiempos de Francisco Camps.

El PP, firmemente asentado en el poder gracias a las redes de clientelismo, la compra de votos, los sobornos y las manipulaciones electorales de toda índole, decidió disponer de lo público en su propio beneficio. Nadie lo iba a controlar ni cuestionar, tenía un poder omnímodo con el que comprar voluntades o aniquilar a quienes no se dejaban comprar. Y lo hicieron.

Emplearon su poder para tener más poder. En las campañas electorales, compraban votos a través de sus empresarios corruptos, llevaban a los colegios electorales, con total desfachatez y con la colaboración de miríficas monjitas, a los abuelos de las residencias de ancianos, otrora llamados asilos. Crearon una asociación ¿de malhechores? entre políticos y constructores, y el producto de la fiebre del ladrillo y la especulación, dinero a espuertas a modo de maná, se repartía a partes iguales entre empresarios y políticos. En las ciudades costeras y turísticas, los maletines de dinero circulaban por las calles, incluso en beneficio de los delincuentes en ocasiones. A finales de los años noventa y el comienzo de la primera década del dos mil, Torrevieja era la ciudad con el índice de delincuencia más alto de todo el país. Se asentaron las mafias rusas y de cualesquiera otros países. Pero nada importaba. Ya lo dijo el ahora encarcelado, por corrupto, exalcalde de la Ciudad de la Sal, Pedro Ángel Hernández Mateo: “No importa la procedencia del dinero, lo importante es que lo traigan”.

Y así, en numerosos pueblos del PV, la corrupción, la carencia absoluta de ética, la desvergüenza y el lucro se adueñaron de la vida pública. "La Comunidad", como quiso siempre el PP que se llamará a los territorios entre Vinaròs y San Pedro del Pinatar, se convirtió en una enorme cueva de Ali Babá. La fiebre del ladrillo, la burbuja, daba trabajo bien pagado a todo aquel que estuviera dispuesto a poner ladrillos, por lo que miles de adolescentes abandonaron las aulas para irse a trabajar a la obra, adquirían enseguida su cochecito, por ejemplo, un BMW y se permitían gasta en juergas de fin de semana el equivalente a lo que gastaban sus padres en alimentos para un mes.

Y en ese ambiente de todo vale, de regalos millonarios a ayuntamientos y políticos por parte de constructoras por una licencia de obras, por la recalificación de un terreno, por el permiso para arrasar espacios de protección ecológica, llegó el visionario Camps y su corte de empresarios, aquellos amiguitos del alma, como Eccleston, que ofrecía sus Ferraris y paseaba en ellos a los dirigentes del PP. La política de los ‘grandes eventos’ que roían como ratones hambrientos hasta las paredes de las arcas públicas se enseñoreaba de la vida pública. 

La ‘Comunidad’ era un granero de votos para el PP y una rica fuente de financiación para sus arcas. Mariano Raxoi no fue proclamado en vano líder del PP en el Congreso celebrado en València. “Per ofrenar noves glòries a Espanya”, Camps le servía en bandeja el entusiasmo de un electorado comprado por grupos de todo tipo, encantados de la complacencia y la milagrosa generosidad de los populares: falleros, constructores, promotores, hosteleros, negociantes de residuos sólidos urbanos y de basura ética… Alegremente agradecidos todos por la permisividad del régimen con sus negocios -a veces fraudulentos, otros ilegales en cuanto a las normas arquitectónicas o medioambientales-, sabían agradecer la buena ‘gestión’ de un Gobierno que no miraba por el interés de los ciudadanos, sino por el suyo propio y el de la clase pudiente. Como haría más tarde Raxoi en todo el país.

En esa impunidad del todo vale, del latrocinio sistemático, de la rapiña de lo público para sus caprichos, para satisfacer megalomanías y favorecer los negocios de amiguitos del alma, las arcas públicas fueron mermando y adelgazando hasta la caquexia. Se arruinaron la CAM y el Banco de Valéncia… y al cabo de dos lustros de impunidad, los corruptos comienzan a desfilar por los Juzgados: José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat, por su gestión en el Banco de Valéncia, Ricardo Costa, aún diputado, aún Presidente de la Comisión de Economía de las Corts y Secretario General del PPCV en aquellos años, Vicente Rambla, ex vicepresidente del Gobierno valenciano, los cabecillas de la red Gürtel y los empresarios imputados, entre los que se cuenta el sobrino del ex presidente de las Cortes Juan Cotino. A todos ellos un juez los considera responsables de una trama de financiación ilegal y, al tiempo, acusa a las constructoras de haber pagado las campañas populares en las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, comicios ambos en los que el PP ganó con mayoría absoluta en esa su “Comunidad”.

Pero el de la financiación ilegal es tan solo la punta de un iceberg de lustros de latrocinio. Ahí están los manejos de la Generalitat en la gestión del Gran Premio de Fórmula 1, con la creación de la sociedad Valmor, los casos Gürtel, el viaje del Papa, Vaesa, Emarsa, Brugal…y otros tantos por descubrir quizá. Sobrecostes escandalosos, venta de patrimonio irracional, despilfarro, opacidad, contratos públicos secretos… No se entiende que el máximo responsable de todos aquellos años de despilfarro y de locura, Francisco Camps, aparezca libre de toda culpa, como por encima del bien y del mal. Hasta que alguno de los suyos, claro, se decida a hablar ante un juez, porque no está dispuesto a comerse solo el marrón… O no.

Esquirlas de Actualidad

El Gobierno del PP está decidido a convertirse en una especie de Gran Hermano orwelliano o en un trasunto del régimen fascista del dictador Franco, auxiliado ahora por las nuevas tecnologías. Desde el Ministerio del Interior con la Ley Mordaza y la colaboración de las Comunidades gobernadas por su partido pretende elaborar un listado de ‘malos ciudadanos’, aquellos que participan en protestas o reivindican derechos. Lo único que falta es que decidan que aquellos que no somos afectos al régimen de Raxoi llevemos en la ropa un signo que nos distinga, como la estrella de David que los nazis obligaban a llevar a los judíos. Las medidas de control de comunicaciones, redes sociales y escuchas sin mandamiento judicial tienen preocupada a la judicatura, al menos a los jueces demócratas que ya han mostrado su desacuerdo con las decisiones de este gobierno filofascista. Así el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch señala que el Gobierno camina hacia un Estado “autoritario, más invasivo en los derechos fundamentales y donde el poder político ocupa más espacios sin control judicial” a la hora de analizar los proyectos legislativos del Partido Popular sobre Seguridad Ciudadana y Enjuiciamiento Criminal. Joan Queralt, catedrático en Derecho Penal, no se aleja de esta descripción: “Quieren tener controlados a los ciudadanos. Poder presionar e intimidar mediante la acumulación de la información”. También Marcelino Sexmero, de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, denuncia que se trata de proyectos que “retrotraen a España a tiempos del pasado ya superados”.
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Como en los tiempos del franquismo, cuando los militares de graduación recurrían a los soldados como chicos para todo, ya fuera para hacer la compra de su casa, limpiarlas o llevar las bolsas de sus señoras, altos cargos de la Guardia Civil y responsables de la embajada de Cabo Verde utilizaron un barco oceánico de ese cuerpo, en misión humanitaria, como si se tratase de un yate de lujo para agasajar a las autoridades de ese país, haciendo que los agentes sirvieran de camareros y pinches de cocina a bordo del buque Río Segura por órdenes de sus superiores, en un festín con vinos y canapés, para agasajar a una comitiva oficial. El sindicato Unión de Guardias Civiles denunció lo que considera un “acto vergonzoso e impropio” y un “mal uso del dinero público”. Una vez más el PP actuó como sátrapas o señoritos del cortijo, confundiendo lo público con sus predios particulares para su solaz a cargo de lo que es del Estado, y que ellos confunden con su propiedad.

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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…