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El PP sigue instaurando su dictadura: Ley Mordaza, limitación a Google e impunidad en la corrupción.




Ni los miles de firmas en contra de la Ley Mordaza, ni las declaraciones de personalidades europeas, ni las del Presidente de Amnistía Internacional, ni las manifestaciones multitudinarias, ni que el 80% de quienes en una encuesta de Metroscopia –incluidos votantes del PP- se mostrasen  contrarios a la ley. Nada frenó al PP en su decisión de implantar una ley que supone una vuelta de tuerca en la implantación de facto de una dictadura a través de un fraude electoral –falsedad en el programa y uso abusivo de fondos ilícitos en la campaña- y hoy aprobó en contra de millones de ciudadanos, la oposición parlamentaria y las críticas europeas la Ley Mordaza aprobada en el Congreso por su mayoría absoluta alcanzada con falacias. 

El PP, que constantemente invoca la Constitución vulnera con la Ley Mordaza varios artículos de la Carta Magna y los Derechos Humanos; garantías judiciales y derechos inalienables como el de reunión, manifestación y el derecho a la información, sancionando a la prensa si fotografía o graba a policías pegando a ciudadanos o la prohibiendo que se informe sobre casos judiciales, garantizándose así el silencio sobre todas las corrupciones y latrocinios que le afectan.

También vulnera, y muy gravemente los Derechos Humanos en lo referente a los derechos de los inmigrantes al consagrar las devoluciones en caliente que el propio comisario de inmigración de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, advirtió que esas devoluciones en caliente que propone el Gobierno de España podrían vulnerar la legislación europea y recalcó que espera que el gobierno de Mariano Rajoy acepte introducir los “cambios necesarios”; anunciando que de no aceptarlos, no dudará en actuar contra España. También el comisario de Derechos Humanos Nils Muiznieks, advirtió de que legalizar las devoluciones de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas. "España no puede legalizar lo que es ilegal", aseguró. Y en un artículo publicado en el  Huffington Post recogido por Europa Press, Muiznieks insistió en que esa propuesta, introducida en forma de disposición adicional en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana "es injusta e ilegal según el derecho internacional". Mas al filofranquista ministro del Interior, Jorge Fernández nada le importan las advertencias de la UE, en su ADN franquista está el ignorar lo que digan las ‘perversas democracias europeas’. 

Y si la Ley Mordaza es una sucesión de trasgresiones al derecho constitucional, el PP limita el derecho a la información, poniendo trabas a la información y al libre ejercicio del periodismo al privar de la utilísima herramienta del Google News a los usuarios ya que el portal de búsquedas ha decidido eliminar a los medios españoles por la imposición del Gobierno de que haya que pagar a los medios de los que recoja noticias, aun cuando estos no lo solicitaran. Ante esa situación Google cerrará el próximo día 16 Google News. 

El perjuicio que supone para los usuarios de internet esta decisión del Gobierno de Raxoi, encaminada no desde luego a hacer ganar dinero a las editoriales, que lo perderán y mucho al retrotraerse el pasado cuando un medio solo podía ser consultado en papel y poco más, lo explica muy bien Antonio Delgado en el diario.es: “Lo llaman "tasa Google" para hacer ver que no te afecta. Que es algo que solo es un problema mercantil entre empresas privadas. Afecta a todos los usuarios. A todas las empresas. A todo tipo de proyectos presentes y futuros. Hasta un proyecto tan imponente como la Wikipedia se verá afectada. La solución de estas empresas será clara: abandonar España y borrar el país en sus calendarios de internalización de nuevos proyectos e iniciativas innovadoras. España desconectada del mundo desarrollado. Esta ley es un ejemplo claro de cómo se realiza una apropiación del procomún para el beneficio de unas empresas privadas que son minoría en Internet. Si miramos sus audiencias y sumamos sus páginas vistas, sus contenidos no son mayoritarios frente al generado por usuarios, plataformas y otras empresas de Internet. Ganan las élites extractivas. Pierde el ciudadano”. Como siempre con este Gobierno dictatorial que parece solo se estruja las neuronas para hacer daño a los ciudadanos. 

O para librarse del peso de la ley con toda clase de argucias legales para poder financiarse tramposa e ilegalmente hasta la noche de los tiempos. Porque detrás de las presiones atendidas al CGPJ con la salida de Ruz del Juzgado nº5 de la Audiencia Nacional no estaba el propósito de dilatar el juicio más allá de las próximas citas electorales sino la de lograr con sus argucias el mismo resultado que logró con el caso Naseiro, la primera vez que se descubrieron las artimañas de los integrantes del PP para, como dijo no se sabe nunca si Palop o Zaplana, ‘forrarse’, porque para eso estaban en la política. El caso Naseiro se anuló a causa de unas escuchas que un juez complaciente anuló. Como ahora el juez no es complaciente, como ha demostrado para sorpresa de todos los peperos, convencidos que una vez que se habían librado de Garzón, de Pedreira y de Carmona por diversos sistemas, Pablo Ruz se plegaría a sus exigencias. Cuando comprendieron que no era así, y que podrían acabar sentados en el banquillo decidieron eliminarle y allanar el camino a una anulación procesal. 

Algunas defensas valoran ya la posibilidad de reclamar la nulidad de todo el proceso. Así lo anunció Miguel Durán, abogado del presunto número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo. El letrado advirtió de que si Ruz se quedase al frente del caso como juez de apoyo podría incumplirse el artículo 24 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen derecho “al juez predeterminado por ley”. De ese modo pedirá la nulidad del juicio, y todos contentos y a seguir robando. Es impensable que juristas con largos años de carrera como Carlos Lesmes propongan soluciones que pueden llevar a la nulidad por despiste. El Presidente del CGPJ, el ministro de Justicia, Catalá y el exministro Gallardón, el propio Raxoi y los innumerables letrados del PP, incluido el embajador en Londres, Federico Trillo, muñidor del sobreseimiento del caso Naseiro no llegaron a esa decisión por despiste o inocentemente. Todos ellos debieron estudiar las posibilidades para burlar la ley y la encontraron en el cómodo sistema de sacar a concurso la vacante que de forma interina ocupaba Ruz. 

De manera que, al aprobar la ignominiosa Ley de Seguridad Ciudadana, que es precisamente una ley de inseguridad para la ciudadanía y la ley de Propiedad Intelectual, que restringe el derecho de los ciudadanos a la información, el PP da una vuelta de tuerca más a la implantación de una dictadura fascistoide impuesta tras un golpe de Estado en las urnas.

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Comentarios

  1. Entronca perfectamente con mi escrito "En España, tenemos un problema"
    Esto es una verdadera dictadura pura y dura
    Abrazo grande

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