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Coche explosivo, rebelión judicial y proceso a Camps: El PP en centro del huracán.



A primera hora de la mañana, poco después de las 7.15, saltaban todas las alarmas: Alguien había estrellado un vehículo cargado de explosivos contra la sede del PP en la calle Génova –esa de la que dice Ruz que financiaron sus obras con dinero B-. El supuesto “terrorista” había sido detenido. Luego resultó que no era un terrorista sino un pobre hombre afectado por los habituales problemas que padecen la mayoría de ciudadanos de este país, y que los peligrosos explosivos no eran sino dos bombonas de butano y unos polvos explosivos que, sin mezclar con nada, resultaban totalmente inocuos. 
 
Sin embargo, el PP, que desde el primer momento debió conocer las circunstancias del supuesto atentado no perdió la oportunidad de llevar el asunto al agua de su molino y el señor (?) Hernando, portavoz del PP en el Congreso, no dejó pasar la oportunidad para lanzarse contra los medios críticos con el Gobierno reflexionando, a su modo, sobre las causas del supuesto atentado, al considerar que estos, para "conseguir audiencia", se dedican a "desprestigiar, sembrar el odio o banalizar la actividad de los políticos y con ello, estimulan los instintos más bajos de algunas personas".

Esas declaraciones del dóberman genovés se produjeron después de comprobar que no se trataba de un atentado islamista, sino que el responsable, Daniel Pérez B., de 37 años, se estrelló contra la sede del PP, aunque manifestó a la policía que podría haberlo hecho en la de cualesquiera otros partidos, ya que a todos culpa de su situación de ruina y paro. A Pesar de tener esos datos, Hernando insistió en que "algunas personas, que se llaman comunicadores y no hacen comunicación, sino un falso periodismo que se basa en estimular los instintos más bajos de algunas personas". "Hay atalayas que utilizan algunos para la fácil descalificación y eso puede llevar a algunas personas a pensar equivocadamente que la mejor manera de acabar con el enemigo irreal creado por algunos son fórmulas como las que hemos visto esta mañana” añadió, y dijo sentirse preocupado porque "alguien deduzca que su situación, sus aciertos o fracasos empresariales, puedan deberse a la acción del PP”. 

El “atentadito”, pues de no más puede calificarse el hecho, está siendo capitalizado por el PP hasta extremos exagerados, en una semana en la que  la crisis económica o la corrupción se vieron eclipsadas por la rebelión de algunos sectores de la judicatura y la dimisión, dicen que forzada, del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, del que algunas fuentes aseguran que dimitió por las presiones del Gobierno por haber delegado en los fiscales de Catalunya el proceso contra Mas, pero sobre todo, por su desencuentro con el Gobierno por el encarcelamiento a Bárcenas, dado que decisión sobre el extesorero fue, incluso, más dura que la de la acusación particular a pesar de que Ejecutivo estaba muy preocupado ante la posibilidad de que el ex tesorero, guardián de secretos demoledores para el futuro del PP, acabara en prisión.

Las presiones del Gobierno hacia Torres Dulce, que Jueces para la Democracia dieron por ciertas, llevaron al portavoz de esa asociación de magistrados, Joaquim Boch, a declarar que la dimisión era un "un síntoma más de las interferencias del poder político y de la falta de respeto por la división de poderes del Estado de derecho al no dejar actuar con autonomía al Ministerio Fiscal". Y esta misma semana, trece de los dieciocho magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirigieron por carta al presidente de ese órgano y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para pedirle que actuara ante el presidente del Gobierno por lo que consideran injerencias de su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que calificó de "lamentables" las excarcelaciones de miembros de ETA y tildó de "posible prevaricación" la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo que acordaron la salida de estos etarras tras contarles su tiempo de condena en otras prisiones de la Unión Europea. Los magistrados aplicaron una decisión marco del Consejo de Europa de 2008.

Llovía sobre mojado, porque la mayoría de magistrados, de casi todas las asociaciones judiciales, están escandalizados con la actitud de Carlos Lesmes, al que reprochan que actúa como un subordinado del Gobierno y no como el máximo representante de uno de los poderes del Estado, el judicial. 

También hubo marejada en el seno del CGPJ porque seis vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han exigieron por escrito al presidente del órgano de gobierno de los jueces, que incluyese la renovación de la Comisión Permanente de la institución en el orden del día del próximo pleno que se celebrará el día 18 de este mes, porque Lesmes estaba retrasando esa convocatoria para prolongar la mayoría conservadora. 

Y hoy mismo, pocas horas después del susto del ‘atentadito’, el PP sufría, sin duda, otro berrinche, al conocerse la noticia de que el fiscal especial Anticorrupción del PV, Vicente Torres, interpuso una querella contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la compra por parte  del Gobierno valenciano, de la empresa Valmor que gestionó las primeras ediciones de la Fórmula 1 en el circuito urbano de València. La Fiscalía considera que existen indicios de delitos de prevaricación, malversación y delito societario en la contratación de la competición en la ciudad del Turia. 

Con la querella contra Francisco Camps, Lola Jhonson y el ex motorista y copropietario de Valmor, Jorge Martínez ,'Aspar', se abre la posibilidad de poner al descubierto todos los manejos que llevó a cabo el poco Honorable Camps, que derrochó 350 millones de euros de dinero público en el dislate del Gran Premio de Fórmula1 de València, en el que parecía obsesionado por pasearse en un Ferrari en compañía del piloto Alonso, darle la mano a Bernie Eccleston y a saber si acabar con un ‘Testarossa’ de su propiedad.

Al conocerse la querella de la Fiscalía Anticorrupción de València pareciera como si se hubiese oído un sordo clamor en todos los territorios que ganó para la corona de Aragón el Conqueridor, un “¡ya era hora!” de quienes desde hace muchos años se preguntaban por el porqué de la impunidad del Molt Deshonorable.  

Esquirlas de Actualidad


Así como dice el refranero que la cabra tira al monte, la derecha tira por la privatización y pone de acuerdo a los partidos neocon a la hora de aprobar en el Congreso cualquier cosa que pueda hacer ganar a las grandes empresas pingües beneficios, perjudicando con ello a los trabajadores. Así la reforma de las ley de mutuas aprobada ayer por el PP, CiU y PNV abre la puerta a la privatización de la Sanidad, deja en manos de la patronal la gestión de las bajas por incapacidad temporal, en perjuicio de los trabajadores, y detrae recursos del fondo de reserva de las pensiones, que podrán ir en parte a fondos de las mutuas. PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) criticaron esa reforma, pero de poco valen las críticas cuando los ciudadanos pusieron, torpemente, la mayoría en manos de los depredadores de lo público.


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Cuando la estupidez y la maldad se juntan producen efectos letales, sobre todo en los más débiles, en los que no se pueden defender. En la localidad cordobesa de Lucena, un descerebrado soez y borracho, causó la muerte de un cachorro de asno después de montar sobre el infeliz animalito sus casi 150 kilos de imbecilidad y crueldad. Los hechos ocurrieron el día 10 cuando cretino se quiso fotografiar subido en uno de los dos pollinos del Belén viviente erigido en una plaza de la citada localidad, para lo que saltó la valla del establo, apartó supuestamente a patadas al menor de los animales y se montó en el mayor. Ni el propietario de los animales, ni ninguna asociación ni organismo oficial acudieron a Comisaría a denunciar los hechos, aunque la Policía Local inició una investigación, de la que dio constancia al Juzgado de Instrucción de Guardia, que acabó con la momentánea detención del imbécil. El Círculo Podemos Animalista Lucena y la Asociación de Defensa del Borrico, expresaron  que “tras la indignación y repulsa que estos hechos producen, moveremos cielo y tierra para que la negligencia cometida por el Ayuntamiento y el delito cometido por este individuo sean sancionados”. La acusación al Ayuntamiento tiene su causa en que el belén no tenía vigilancia y nadie impidió al presunto maltratador subirse encima del pobre animal.

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La tan cacareada campaña de la transparencia, cuyo máximo exponente es la web que presentó hace unos días el Gobierno, tiene muchas sombras. Y es que el Gobierno decide qué cosas pueden conocerse y cuáles no, y de ese modo pone obscuridad en asuntos que en cualquier país civilizado estarían al alcance de los ciudadanos, como, por ejemplo, la remuneración o currículos de altos cargos. Uno de esos grupos que permanecen en la sombra de la opacidad económica y de formación son los directivos pertenecen a un grupo muy concreto, el de quienes presiden las compañías del Estado agrupadas en la SEPI.  Se trata de personas que mueven miles de millones de euros de todos los contribuyentes -en 2013 las 28 empresas de SEPI obtuvieron 4.400 millones de euros de ingresos- y que se han visto fuera del escrutinio porque no son nombrados en el Consejo de Ministros. Entre esos ‘afortunados’ cuyos sueldos y biografías profesionales permanecen en la obscuridad se puede citar a una prima política del rey, un cuñado de Arias Cañete, la ex de Rato, y otros ex altos cargos del PP... La web de la transparencia no da cuenta de que los altos cargos de la SEPI perciben sueldos astronómicos, como el de la Presidenta de Paradores, 173.183 euros, o el presidente de RTVE, la televisión supuestamente pública, también conocida como ‘teleraxoi’, que se embolsa de 167.439,96 euros. Cifras insultantes en un país en el que un alto porcentaje de trabajadores no percibe ni el misérrimo salario mínimo.
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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…