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Hay jueces, pero no les dejan: Cinco asociaciones de Jueces y dos de Fiscales firman un manifiesto para combatir la corrupción.



Los casos de corrupción no cesan. La instrucción del escandaloso caso Gurtel, que le costó la toga al juez Baltasar Garzón por tener la osadía de intentar investigar la corrupción del PP, dura ya cinco años. La más que supuesta financiación ilegal del partido en el Gobierno, el caso Bankia, Blesa, las tarjetas black, la operación Punica, Brugal, ERE’s, el caso Nóos, el Palma Arena, la visita del Papa a Valéncia, se enredan en un marasmo de legajos y demoras que hacen que los delitos prescriban, y cuando no, los políticos, banqueros o empresarios, unidos en asociación de malhechores para esquilmar las arcas públicas en beneficio propio o de sus partidos, acaban indultados por el Gobierno de turno, con toda desfachatez, o de forma encubierta, como está sucediendo con Jaume Matas. 

La sensación de impunidad de los corruptos que tiene la sociedad, que con frecuencia culpa a la justicia de que se permitan sus tropelías, ha llevado a jueces independientes, desligados del poder y de las esferas de la judicatura que maneja el Gobierno, y a los que cuesta trabajo sacar adelante sumarios y procesos porque se topan con las barreras que ponen los mismos partidos en cuyos senos se produce la corrupción, han emitido un comunicado en el que exponen las medidas que deberían tomarse para acabar con la actual situación de escándalo y podredumbre en la que vive el país en la actualidad. 

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente –todas excepto la Asociación Nacional de Jueces, de ideología conservadora-, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales son los firmantes de un documento que el diario El País -que cada día que pasa se parece más a una gacetilla del PP que a un diario serio- ha tenido la osadía de calificar de ‘inédito’. 

Y es que al periódico de Prisa le debe resultar ‘inédito’ que los jueces que reivindican su independencia para juzgar los innumerables delitos de corrupción que asolan esta sociedad, planteen una serie de reivindicaciones impensables en el pasado, como la de empezar pidiendo que se eviten “las inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial”, posiblemente la raíz de todos los males que afectan a un sistema judicial impuesto por unos políticos que llevan lustros dando patadas a la tumba de Montesquieu. 

Las asociaciones de Jueces y Fiscales reclaman que se dote de medios materiales  adecuados a los funcionarios públicos “con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de ese tipo, así como la instauración de un nuevo modelo procesal penal, “apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción”. En resumen, para evitar que la ciudadanía tenga la sensación de que existe una ley que castiga ferozmente a los pobres, mientras que trata con guante de seda a los poderosos y corruptos. 

La revisión del Código Penal para que sancione como delito la financiación ilegal de partidos políticos, es otra de las lógicas peticiones de jueces y fiscales sobre un asunto que irrita sobremanera a una sociedad castigada por los recortes en tanto contempla, indignada, cómo los partidos políticos hurtan dinero público para sus campañas y sus prebostes. 

Luchar contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria, la reducción del número de aforados en el ámbito político y la limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo son otras de las recomendaciones del manifiesto que considera que uno de los medios más eficaces para acabar con la corrupción estaría en la  reforma de la Ley del Suelo –aprobada por el Gobierno de Aznar y raíz de la especulación inmobiliaria -, una reforma que, sin duda, evitaría las sospechosas recalificaciones que, además de destrozar el medio ambiente y las costas de todo el país, fueron origen de la mayoría de casos de corrupción en los municipios costeros de todo el país.

Así mismo, reformar las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución, de manera que eviten esos contratos troceados que ocultan siempre tratos de favor, designaciones a dedo y, en suma, corrupción impune, son puntos que reclama el manifiesto de jueces y fiscales, preocupados por la situación actual que vive el país, con la casi totalidad de partidos inmersos en casos de corrupción que desmoralizan a la ciudadanía que ve, perpleja e indignada, cómo el dinero que se le recorta en prestaciones y derechos se va por el sumidero de una corrupción que hace millonarios a unos pocos en detrimento de la mayoría. 

No resulta sorprendente, por mucho que para el oficialista diario El País resulte inédito, que los jueces reclamen medidas que les permitan castigar casos de corrupción insoportables en una democracia moderna, al margen de los caprichos de un Gobierno involucrado en muchos de ellos y que no hace sino poner palos en las ruedas de la acción de la justicia, planteando asuntos tan esperpénticos como el que llevó a cabo José Ángel Cañas Cañada, imputado en el caso de la financiación ilegal del PP en Castilla-La Mancha.
Cañas se dirigió al juez Ruz a través de un escrito, para pedirle que no emplease el término ‘incautado’ para referirse a la documentación que agentes judiciales y de la policía judicial se llevaron de la sede de Génova 13 tras catorce horas de registro, después de que el PP destruyese pruebas como las agendas de determinados imputados, los discos duros de dos ordenadores o los libros de entrada de la sede. El juez que instruye el caso se negó a ello, pero la actitud del político imputado pone de manifiesto la desvergüenza de los poderosos en su trato con los jueces.  

En los actuales tiempos de quiebra del Estado democrático, podrido por la corrupción y las injustas imposiciones de una oligarquía financiera y empresarial que pretende acabar con los derechos de los ciudadanos, quienes únicamente podrán mantener un equilibrio que impida los abusos y los latrocinios son los jueces independientes. 

 Esquirlas de actualidad. 
 
Alfonso Guerra se va de la política activa.

Tras once legislaturas en el Congreso,  presente ininterrumpidamente en su escaño del Congreso desde 1977, Alfonso Guerra deja la política parlamentaria de la que fue protagonista durante los primeros años de la mal llamada transición. Su lengua afilada y sus salidas de tono, como aquella en la que mostró su satisfacción porque ‘Montesquieu ha muerto’ en relación con los cambios legislativos que impuso el PSOE, le hicieron admirado y denostado a partes iguales por sus seguidores y detractores. “A mi izquierda el diluvio” proclamaba en tanto su partido abandonaba el marxismo y pactaba quitas con los bancos. Durante años controló el aparato interno del PSOE y consiguió resultados congresuales a la búlgara, con aprobaciones de las Ejecutivas del 99%. Fue todopoderoso vicepresidente del Gobierno con Felipe González después de haber sido uno de los Padres de la Patria que elaboraron la Constitución del 78, redactada bajo el ruido de sables y frufrús de sotanas. Sus enfrentamientos con Felipe González y el caso de corrupción de su hermano, el conseguidor, le mermaron poder, pero él siguió en el Congreso moviendo hilos y jugando al Maquiavelo que le hubiese gustado ser, entre poema y poema de Machado. El tiempo no perdona a nadie, y en Alfonso Guerra ha hecho estragos en su ideología. El político que se presentaba bajo la apariencia de un socialista puro va por los medios defendiendo las ‘democracias liberales’ frente a Podemos y proclamando sus convicciones socioliberales. Un triste final para quien, de joven, engañó a muchos con sus supuestas fidelidades al socialismo. 

Jóvenes pero machistas.

Algo debe haber fallado en la educación de los jóvenes en Andalucía para que el 24% de los jóvenes piensen que "el lugar más adecuado para la mujer es en su casa con su familia", que "no es propio de los hombres hacerse cargo de las tareas del hogar", que un 10% considere que es el hombre el que debe tomar las decisiones importantes en la pareja, que más del 20% crea que la mujer es más débil que los hombres o que el 50% de los jóvenes piense que la mujer aguanta la violencia de género. Son algunas conclusiones del informe Andalucía Detecta, del Instituto Andaluz de la Mujer. Siempre se ha dicho que las regiones rurales y del sur mantienen comportamientos machistas en una sociedad en la que la igualdad parece no calar ni en jóvenes ni en mayores. Pareciera un estereotipo, pero la figura del machito torero y cazador, frecuentador de tabernas y procesiones, constituye aún el paradigma de núcleos rurales en los que la modernidad, la igualdad y el progreso no prosperan, independientemente de a qué partido voten. Andalucía, Extremadura o Murcia siguen siendo exponentes de esa sociedad que en las grandes ciudades se piensa periclitada, pero que permanece obcecadamente presente en lo que se da en llamar la España profunda, en la que ni las leyes ni la igualdad calan en las relaciones entre hombres y mujeres. 

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Comentarios

  1. Dices y expresas muy bien lo que pasa con la Justicia. Ya sabes lo que pienso y defino a esta Justicia. Lo denomino Pesticia. Pues bien, mientras no quitemos de cuajo este Sistema y cambiemos a otro Nuevo Sistema. no saldremos de estos círculos viciados de la Transición No Transitada.
    Un abrazo

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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…