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Calla pueblo, calla: El Gobierno lleva más de año y medio pertrechando de material antidisturbio los cuarteles valencianos.



Según ha podido saber esta bloguera de fuentes próximas a militares de los cuarteles del País Valencià, el Ministerio de Defensa lleva más de año y medio dotando a cuarteles de la región militar de València de una ‘exagerada cantidad’ de material antidisturbio. La confirmación de ese hecho le llegaba a la autora de este artículo a propósito de la noticia publicada anoche por el digital ‘Público’ que informaba de que el ejército se entrena “para actuar como antidisturbios”. 

Según señala el digital: militares de un regimiento acorazado en València fueron instruidos durante dos semanas en ejercicios de “control de masas" sin que se les explicara por qué recibían esa formación. "Según los mandos, hay que estar preparados para todo, y más en los tiempos que corren" les dijeron. Sin embargo, y como ha podido saber este blog, la medida no es de  ahora, sino que estaba siendo preparada desde hace año y medio, con la compra de una cantidad de material que “supone un gasto que no se entiende en estos tiempos de crisis” según manifestaron fuentes propias. 

Desde el Ministerio de Defensa se pretexta que la razón del gasto y el entrenamiento se debe a que existen unidades que, dentro del marco de la OTAN o de la ONU, unidades militares españolas entrenan a cuerpos policiales de otros países.  No obstante, la realidad es que Defensa viene aumentando las unidades de Policía Militar, prácticamente desaparecida desde que se eliminó el servicio militar obligatorio, y está entrenando también a la UME –unidad creada por el Gobierno de Zapatero para que interviniese en catástrofes naturales o incendios- en tácticas propias de cuerpos policiales para mejorar su capacidad de intervención en revueltas civiles, ya que no se espera la participación de tropas españolas en misiones internacionales en un futuro próximo.

La medida, absolutamente ilegal e inconstitucional, supone una vuelta de tuerca a la obsesión represora de un Gobierno que actúa de facto como una dictadura militar que aprueba leyes como la Mordaza, que pretende impedir las movilizaciones ciudadanas y la capacidad de los medios de comunicación para informar de ellas. Hasta el extremo de que Amnistía Internacional, que desde que se conoció el borrador de la Ley Mordaza la está denunciando como una clara vulneración de los derechos ciudadanos, añade ahora que supondrá también una intolerable persecución de los periodistas, ya que la ley autoriza a la represión de los informadores por parte de las fuerzas de seguridad,  con violencia o a través de sanciones que pueden llegar hasta los treinta mil euros.  

No se puede dudar de que, a la vista de tales medidas, el Gobierno de Raxoi está decidido a implantar en el país una férrea represión muy similar a la que se padeció dictadura fascista de Franco, de la que el PP, además de admirador, es hijo putativo.

El conocimiento de esas medidas de represión brutal que planea el Gobierno de Raxoi, poniendo en manos de los militares el mantenimiento del orden público, no se sabe si responde al temor de que las fuerzas de seguridad asuman que son pueblo igual que los manifestantes y se nieguen a llevar a cabo las represoras medidas que quiere imponer el Ministerio del Interior, o si se está preparando, de cara a un más que posible triunfo de Podemos en las elecciones que le llevara a La Moncloa y que el PP estaría tramando frustrar a través de un Gobierno de coalición con el PSOE, y reprimir militarmente las protestas que generaría tal fraude democrático. 

Lo cierto es que resulta inquietante que un Gobierno supuestamente democrático pretenda hacer uso del ejército para evitar protestas ciudadanas, máxime cuando se trata de una medida que la UE se supone no ha de tolerar, dado que el organismo supranacional prohíbe terminantemente que cuerpos militares intervengan en asuntos de orden público. De hecho, cada año y desde que España entró en la UE, viene sancionando con multas millonarias a los sucesivos gobiernos de la pseudodemocracia a causa del mantenimiento de la Guardia Civil, porque se trata de un cuerpo de seguridad militarizado. 

Parafraseando una canción que el Gobierno de Adolfo Suárez utilizó, para la campaña del referéndum de la reforma política de 1976, una pegadiza canción del grupo Jarcha que todos los que éramos jóvenes entonces recordamos y que, aunque algunos no votásemos en una consulta que nos pareció una estafa democrática, como así ha confirmado el paso de los años, tatareamos con frecuencia. Su título y su estribillo repetían machaconamente: Habla pueblo, habla. Ahora el PP pretende imponer un ‘calla pueblo calla’ con medidas antidemocráticas. 

Al cabo de 38 años la estafa de la transición que comenzaba cuando se popularizó la canción de Jarcha, permite que un gobierno filofascista imponga el ‘calla pueblo calla’ a millones de españoles que quieren pronunciarse sobre la independencia catalana y la decisión de poner en grave riesgo las costas canarias y su principal fuente de ingresos, el turismo, los recortes o la corrupción. 

Y es que mismo día en el que el Constitucional, controlado por el Gobierno que colocó como presidente a uno de sus militantes y cuenta con mayoría conservadora entre sus magistrados, prohibía la consulta catalana del 9N y el referéndum en Canarias convocado para que los ciudadanos se pronuncien sobre unas prospecciones petrolíferas que algún día se sabrá qué aportan al ministro de Industria José Manuel Soria. 

Al tiempo, el Ministro del Interior, que hace ya semanas envió más de cuatrocientos antidisturbios a Barcelona dice esperar que los Mossos d’escuadra cumplan con su deber y prohíban la consulta. Es mucho esperar que las fuerzas dependientes del Govern catalán, que es el convocante, vayan a reprimirla. Más posible es que se produzcan altercados entre los antidisturbios y los mossos. Una situación que nadie quiere, excepto un gobierno fascistoide que parece empeñado en envenenar la situación poniendo una mordaza a los ciudadanos impidiéndoles que expresen sus opiniones; tal como hacen los dictadores, escudándose en el cumplimiento de una Constitución que en absoluto cumple en el resto de sus artículos.

El Gobierno de Mariano Raxoi, especialista en echar gasolina al fuego, bien podría haber dejado que se celebrase la consulta, que no era vinculante, en lugar de exacerbar a los catalanes, muchos de los cuales no hubiesen votado a favor de la independencia de celebrarse el referéndum pero que ahora claman por su derecho a expresar libremente sus opiniones. 

Otro tanto sucede en Canarias, donde se juegan su futuro económico por la insistencia del Ministro de Industria, José Manuel Soria, de convertir las costas canarias en un campo petrolífero que acabará con la flora y la fauna marina y, muy posiblemente, con la economía de las islas, dado que los propios responsables de Repsol, la empresa agraciada por la obcecada decisión de Soria, han reconocido que, de realizarse prospecciones petrolíferas podrán producirse vertidos. 

El Gobierno y el partido que lo sustenta, el PP, no quiere que el pueblo hable, ni en Catalunya, ni en Canarias, ni en ninguna parte. No quiere que la ciudadanía se exprese porque sabe que, como en todas las dictaduras, y este Ejecutivo actúa como si de facto lo fuese, cada vez que se exprese lo hará en contra de sus imposiciones. Y es por eso por lo que está dispuesto a utilizar cualquier medio, como la de hacer uso del ejército para reprimir a la ciudadanía, como en las más negras épocas de la dictadura. 

Esquirlas de actualidad
El CIS, Podemos y la cocina de las encuestas. 
 Después de varios días de retraso, y a pesar de que los resultados circulaban desde hacía días por los mentideros madrileños, por la prensa y las redes sociales, el CIS –Centro de Investigaciones Sociológicas, instituto sociológico dependiente de Presidencia del Gobierno- tuvo a bien dar a conocer la encuesta del mes de octubre que debería haberse hecho pública el pasado lunes. Debía tener miedo el CIS, o el Gobierno, de que se conociese una encuesta que, en intención directa de voto da como ganador a Podemos, una formación que ni existía hace un año y a la que se pronosticó, tras las elecciones europeas, que se diluiría en el olvido y que ahora se revela como el partido más votado en intención de voto directo, como el ganador de unas elecciones en las que el segundo puesto lo ocuparía el PSOE y el PP se derrumba de manera absoluta. 
 
Mas lo que se llama ‘la cocina’, la manipulación de lo que dicen los ciudadanos que piensan votar –intención de voto directa- se manipula por los encargados de hacer las encuestas manipulando los datos, al sumar la simpatía por las formaciones que demuestran los encuestados, el cálculo de los ‘cocineros’ sobre cuantos de quienes dicen que votarán se abstendrán, la intención de voto probable que asignan por qué sí los que realizan la encuesta, y el recuerdo de voto de pasados comicios, de modo que siempre dan como ganador, al hacer uso de esa variable, al partido que gobierna. 

Y aunque algunos niegan la seriedad de la intención de voto directa esta parece ser la más fiable pues representa las respuestas reales de los encuestados, y esa es la que tendría que valer. Sin embargo, tras el uso de la cocina, el resultado que da la encuesta del CIS es que las elecciones las ganaría de nuevo el PP con 27.5% -11.7 en intención de voto directo-, seguido del PSOE con 23.9% -14.3 directo-y en tercer lugar Podemos, con un 22.5%, cuando la intención de voto le sitúa en el primer puesto con 17.6% de voto directo.

Tiene otras peculiaridades la encuesta del CIS, y es que, a pesar del tirón del líder de Podemos, Pablo Iglesias, este no aparece a la hora de valorar a los políticos, que suspenden todos, aunque Pedro Sánchez, del PSOE, sale mucho mejor parado que Raxoi, que con cocina y todo se queda con uno de esos humillantes suspensos que no permiten justificaciones de cercanía al aprobado, porque apenas alcanza el 2.31, superado por Pedro Sánchez que obtiene 3.85 puntos, siendo así el político más valorado de una encuesta que ha eliminado a Pablo Iglesias con el pretexto de que no está en el parlamento.  

Lo que deja claro la encuesta del CIS es que el bipartidismo que ha sostenido un régimen de corrupciones y compadreos se rompe definitivamente. Y como ninguno de los partidos alcanzaría la mayoría absoluta para gobernar, según la intención directa de voto, los líderes de Podemos tendrán que plantearse gobernar en coalición con el PSOE e IU. Y el PSOE asumir que, o apoya a Podemos o, si por el contrario opta por la decisión de coaligarse con el PP, aparte de generar un inmenso cabreo entre una ciudadanía que se reconoce mayoritariamente de izquierdas, firmará su acta de defunción, porque sus electores jamás le perdonarían que apoyase al partido de la corrupción, la represión, y los recortes. 

Las lecturas a la encuesta del CIS están siendo muy variadas, aunque la más esperpéntica de todas fue la de ese talibán de las televisiones cavernarias, Herman Tertsch, que afirmó, sin sonrojarse, que Podemos representa ‘la avanzada del chavismo para ocupar Europa’ 

Organizaciones empresariales ¿cuevas de ladrones? 

 Primero fue Gerardo Díaz Ferrán, luego Arturo Fernández, ahora Jesús Terciado, vicepresidente de la Cepyme y miembro de la CEOE, el que se ha visto obligado a dimitir por estar inmerso en un proceso por corrupción. Es para preguntarse si las organizaciones empresariales son cuevas de ladrones o es que los empresarios son todos como ellos. Porque no se entiende que, uno tras otro, acaben todos imputados y hasta encarcelados, como Díaz Ferrán, aquel empresario que recomendaba ‘trabajar más y cobrar menos’, seguramente con el fin de poder robar él aún más. 
 
Las propuestas empresariales, obedecidas constantemente por el Gobierno de Raxoi vienen siendo de absoluta falta de respeto por los derechos de los trabajadores y de aspiraciones esclavistas. Y además, muchos de ellos son corruptos y evasores de impuestos, según certifican los inspectores de hacienda a la hora de señalar las bolsas de fraude. Tenemos una patronal montaraz, carpetovetónica y corrupta. 

Salvaje maltrato animal en la comarca extremeña de Las Vegas Bajas.
Parece que la España cruel y profunda se resiste a morir. No resulta extraño en un país donde el Gobierno que recorta millones de euros en prestaciones sociales entrega encantado parte de ese dinero a la mafia tauricida. O que al primer problema sanitario ejecuta salvajemente a un perro muy querido por su familia, como hizo la Comunidad de Madrid con Excálibur. Con esos comportamientos no es de extrañar que, amparándose además en unas leyes muy laxas con los maltratadores, se produzcan aberraciones criminales como las que están perpetrando un grupo indeterminado de malnacidos en el pueblo de Montijo de la mencionada comarca extremeña, donde ya han sido víctimas de su sadismo tres indefensos perros a los que los aún desconocidos delincuentes han prendido fuego a tres canes, de los que dos aparecieron calcinados y uno logró escapar y está muy grave, en una clínica veterinaria. 

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Comentarios

  1. Hoy, querida Luisa te has despachado a gusto. Enhorabuena!!!
    Un abrazo grande

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