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Tarjetas negras, desahucios por fondos buitres, malversación de lo público, represión. ¿Hasta cuándo tanto desmán?



Julia Rodríguez, ochenta años, en proceso de recuperación de un cáncer de mamá, y esperando una intervención de cadera y su hija Paloma, con un trastorno límite de la personalidad, serán desahuciadas de su casa, una antigua vivienda social, ahora propiedad del Fondo de Inversión Blackstone, un fondo buitre al que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió hace un tiempo, con el argumento de que los inquilinos, ‘solo cambiaban de casero’. Una falacia: las viviendas sociales, construidas con fondos públicos para personas con economía precaria, pasaron a ser materia de especulación para ese fondo buitre, al igual que otras 3000 viviendas del parque público del IVIMA –Instituto de la Vivienda de Madrid- que Botella pignoró con total desprecio para los ciudadanos. 

Julia, que recibe una pensión de seiscientos euros, y su hija, enferma y en paro, no pudieron hacer frente a la subida de alquiler impuesta por el fondo buitre al que Botella vendió el bloque de viviendas en el que habitaban, muy por debajo de su valor real. ¿Dónde estará el negocio llevado a cabo por la señora de Aznar con ese fondo buitre con el fue mucho más generosa que con los vecinos de ese bloque abocados al desahucio? ¿Nadie investigará ese asunto? ¿Puede un político disponer de ese modo de un bien público de fines sociales, impunemente?

Son preguntas inevitables, las provoca el estupor y la impotencia de ver el uso que de los bienes públicos están haciendo un grupo de políticos que violan las leyes y se ríen de una ciudadanía, a la que solamente dan respuesta con la represión. “España se constituye en Estado Social de Derecho’ dice la Constitución. También habla del derecho a una vivienda digna, al trabajo y a la libertad de opinión, manifestación e información. 

Aunque para algunos integrantes del Gobierno, como el ministro de AAEE, García Margallo, la Constitución ‘es papel mojado’. Lo único que le sirve a un Ejecutivo que llegó al poder por un golpe de Estado a través de las urnas, son los artículos que hacen referencia a la indivisibilidad de la patria. El resto, para este Gobierno de ultraliberales fascistoides, no tiene utilidad y conculcar la ley de leyes carece de importancia.

Llegaron al Gobierno con el fin de apoderarse de todo, y lo están logrando. El caso de las tarjetas fantasma de Caja Madrid, una entidad cuyo rescate nos cuesta más de 22.000 millones de euros, es tan solo una gota de agua en el mar del latrocinio perpetrado por un sistema que se creo para que una casta de políticos, sin honradez ni decencia, se enriqueciese con lo que, se suponía, era de todos. Venía lloviendo sobre mojado durante los treinta y cuatro años de pseudodemocracia y bipartidismo en el que ambos partidos indultaban a los corruptos del contrario en un compadreo infame, pero la llegada al poder del PP ha desbordado todos los límites.

Sustentado por una mayoría absoluta lograda con trampas –desde el uso de dinero negro en las campañas electorales a la manipulación del voto de ancianos alzheimicos- falacias y la ocultación de sus propósitos, los integrantes del Gobierno del PP están protagonizando un saqueo a lo público, la destrucción del Estado del Bienestar y de los derechos civiles. 

Hoy, con su sola mayoría absoluta y el rechazo sonado de todos los grupos de oposición, organizaciones civiles y la mayoría de la población, el PP aprobaba la Ley Mordaza que, entre otras cosas, elimina el derecho a que los detenidos en manifestaciones sean juzgados y cuenten con defensa letrada, porque serán tan solo los policías los que detengan, juzguen el delito y acuerden la pena, en una práctica que no se llevaba a cabo ni en el franquismo, que hacía el paripé con los TOP. 

En tanto el peso de la represión caerá sobre la ciudadanía que ose protestar por las decisiones de un Gobierno fascistoide y corrupto, cuyo presidente, Raxoi, igual que varios de sus ministros, cobró ilegales sobresueldos. Aquellos que saquean lo público cuentan con el beneplácito de los poderosos, los que se benefician de sus medidas y roban impunemente. 

En un país donde la brecha social se ha convertido en una sima, desaparecido las prestaciones sociales, la sanidad y la educación pública se evaporan entre la bruma de privatizaciones interesadas y los ricos son cada vez más ricos, el Ejecutivo se permite regalar miles de millones a bancos y grandes empresas, la Fiscalía pide más penas de cárcel para quienes participan en una huelga o una manifestación, al tiempo que al causante de cinco homicidios dolosos apenas quiere castigarlo con una pena que supone menos de un año por cada muerte, donde la policía puede apalear a periodistas, y, pese a las pruebas grabadas de su brutalidad es exculpada, donde el poder –político y económico- destruye el Estado y llama antisistema a quienes quieren mantenerlo, la ciudadanía se pregunta hasta cuánto se prolongará esta situación y por qué no existen Jueces que pidan cuentas.

Esquirlas de actualidad

El grado de brutalidad de la Guardia Civil de Melilla está alcanzando unas cotas que no es que vulneren los Derechos Humanos sino que raya en la criminalidad: La ONG Prodein grabó hoy un episodio de brutalidad que, es de esperar, acabe en los tribunales,  y estos no se limiten a juzgar a los guardias sino al último responsable de sus acciones, el Ministro del Interior. Los hechos sucedieron esta mañana, cuando varios inmigrantes intentaban saltar la valla que separa el tercer mundo de lo que ellos piensan paraíso de riqueza, o al menos, una tierra donde se puede comer todos los días. Entre los héroes que intentaban buscar una vida mejor en este país, gobernado por desalmados, estaba un joven camerunés de veintitrés años, a los que la Guardia Civil golpeó salvajemente hasta hacerle perder el conocimiento o tal vez la vida, pues no se ha logrado averiguar si estaba conmocionado o muerto, cuando cinco agentes lo llevaron como un fardo hasta la zona marroquí donde se lo entregaron, ilegalmente, a la policía de ese país. Faltan palabras para describir la acción de esos esbirros de un poder fascista e impune, al que, ni las autoridades europeas, ni las de defensa de los Derechos Humanos, son capaces de frenar en su brutalidad asesina. 

Según sube Podemos en intención de voto los dinosaurios de la transición, como Felipe González o Alfonso Guerra, y los defensores del ultraliberalismo fascistoide como Aznar, no paran de lanzar diatribas contra esa formación. González y Guerra, en un acto en el que conmemoraban el 40º Aniversario del Congreso de Suresnes –aquel que acabó con el socialismo para dar entrada en su ejecutiva a submarinos del liberalismo y el capitalismo como González y Guerra- ambos, sin hablar del objeto de la celebración, criticaron a Podemos con acritud.  Guerra dijo de la formación liderada por Pablo Iglesias “se están beneficiando de las cadenas de televisión, que están incubando el huevo de la serpiente, porque si llegan al poder lo primero que harán será cerrar esas cadenas, como hacen allende de los mares” y González señaló “la actual política que hay en España está entre lo banal y la demagogia populista". Por su parte, el expresidente Aznar, en su habitual línea catastrofista, avisó contra los ‘populismos’ que dijo ‘reviven los agentes de la destrucción de la paz, la libertad y la democracia’. Que esas palabras las diga el individuo que nos metió en la guerra de Iraq, que es patrón de una asociación como la FAES de ideología fascista, y bajo cuyo mandato crecieron modos e individuos causantes de la crisis económica, resulta tan patético como las críticas de los dinosaurios socialistas que deberían ser más discretos a la hora de lanzar diatribas, no sea que quienes recordamos bien lo que hacían cuando gobernaban, se lo recordemos. 

Pareciera que Jean-Claude Juncker, Presidente de la CE, es especialista en poner a los lobos a cuidar de los corderos. No lo ha hecho solo con Miguel Arias Cañete, que, a pesar de tener intereses en petroleras, fue nombrado Comisario de Energía. Lo repitió con el portugués Carlos Moedas como comisario europeo de investigación, en una medida que consolida la tendencia a poner al frente de la I+D a economistas y políticos sin ninguna experiencia en ciencia e investigación. Carlos Moedas, ingeniero y banquero portugués, trabajó en Goldman Sachs y el Eurohyppo Bank – dos de los bancos rescatados durante la crisis-. La selección de Moedas no puede extrañar a quienes conocen los entresijos de Bruselas y por ello a otros empleados del Grupo Goldman, como Mario Draghi,  presidente del Banco Central Europeo o al expresidente  de la Comisión Europea, Romano Prodi. Viendo en poder de quiénes esta la UE, si Aznar tiene razón en sus anuncios catastrofistas y fuera cierto, como vaticina, que ‘secesionismos como el catalán pueden acabar con la UE’, dan ganas de salir a la calle gritando Visca Catalunya Lliure!

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Comentarios

  1. No es que estemos indignados, que lo estamos, es que estamos rodeados de genocidas. Esto ya no es una democracia, ni parecido, es una dictadura, pura y dura, pero no me callarán, no, de ninguna manera, eso nunca.
    Un abrazo de oso muy cabreado pero no acabado.

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