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Partidos políticos o asociación de malhechores: El sistema ahogado en la basura de la corrupción.



Un nuevo caso de corrupción política sacude a la opinión pública: cincuenta y un detenidos. De ellos, seis alcaldes, cuatro del PP y dos del PSOE, un exalcalde de Cartagena y el de Parla, otro de una casi desconocida agrupación independiente, más el Presidente de la Diputación de León, sustituto de la asesinada Isabel Carrasco. 250 millones de euros robados al erario en solo dos años -a través de contratos amañados repartidos en cuatrocientas cuentas bancarias- y treinta vehículos de lujo los que han sido confiscados. Otra red de asociación de malhechores -políticos y empresarios aliados-, y por mucho que digan, no casos aislados, sino los que dibujan el mapa de un basurero extendido por todo el país, origen de la caquexia de la economía española.

El más conocido de los detenidos es Francisco Granados, hombre fuerte de Esperanza Aguirre, número dos del PP madrileño, involucrado en casos tan patéticos como el espionaje, aquella ‘gestapillo’ que, al final, se diluyó en el olvido. Todos los involucrados modificaban contratos públicos para favorecer a una empresa de energía, de la que aún no se conoce el nombre, pero que, puestos a mal pensar, podría ser la misma de la que Aznar es consejero, de forma que viniera a imbricarse el caso en el de la trama de financiación ilegal del PP. ¿Una hipótesis descabellada, a la vista de lo que se va descubriendo sobre el muladar descomunal que es la política española actual?

Desde el PP dicen -para variar- que son cosas que abochornan, pero que no es la norma. Pero su sede la reformaron con dinero negro, la cúpula del partido cobraba sobresueldos ilegales también en negro, su exsecretario general, Ángel Acebes, está imputado por uso de dinero negro para financiar un medio de la caverna, y su actual secretaria general, Dolores de Cospedal, a punto de serlo por la mordida a Sacyr en la contrata de basuras del Ayuntamiento de Toledo, que supuestamente financió su campaña.

“Unas pocas cosas no son 46 millones de españoles”, dijo Raxoi, como si no fuese con él, en el caso que se ha conocido hoy, el que esté implicado quien fue el número dos de la Comunidad de Madrid y senador de su partido, Francisco Granados, cuya candidatura la aprobó él mismo. No son ‘unas pocas cosas’ de cuarenta y seis millones de españoles’, son cosas propias de un partido político que parece actuar, más que como tal, como una asociación de malhechores.

Gürtel, Brugal, Pokemon, los ERE’s en Andalucía, el caso Pujol en Catalunya, el de las tarjetas negras de Caja Madrid, que, por cierto, a decir de José Elpidio Silva no son sino el 1% del latrocinio de esa Caja. Prácticamente ningún partido político con representación parlamentaria se ha librado de estar inmerso en el nauseabundo vertedero que es la política nacional. El sistema actual, o el régimen del 78, como lo describe acertadamente Podemos, se ahoga en el descrédito de un latrocinio sostenido. El cansancio de la ciudadanía aumenta en proporción geométrica al conocimiento de nuevos casos, casi nadie, excepto los fanáticos del PP, puede más.

“Esto es gasolina para Podemos’, comentaba, o lamentaba, en una tertulia un miembro de la derecha. Nadie puede soportar ya tanta inmundicia. El estado de descomposición del régimen, que se manifiesta en el descubrimiento diario de nuevos casos de corrupción, de millones de euros robados a lo público, está derivando en la gangrena mortal de este régimen, y muy en especial, del Gobierno actual.

No hay palabras para describir este insufrible estado de descomposición, y no se entiende que no haya provocado la dimisión fulminante del Gobierno. Por mucho menos, infinitamente menos, cualquier líder europeo habría disuelto las cámaras y convocado elecciones, asumiendo que, así, no se puede gobernar. Sin embargo, los dirigentes del PP hablan de la corrupción como si no fuese con ellos, se plantean ‘reuniones para tomar medidas contra los corruptos’, ahora tentándose la ropa de cuánto dicen, seguramente por miedo a desatar las lenguas de los proscritos. Al menos en el PSOE a los corruptos los echan sin contemplaciones.

No se entiende que en todas aquellas ciudades o pueblos donde hoy se está deteniendo a alcaldes y empresarios conniventes no salgan a la calle cientos de miles de ciudadanos a exigir que se vayan, sin moverse hasta haberlo logrado. Que no se rodee el Congreso para forzar la dimisión de un Gobierno impresentable inmerso en la corrupción, o que el Tribunal Supremo, o el Constitucional, no tome cartas en el asunto. Aunque, en este caso, se podría explicar por el hecho de que quienes dominan en esos órganos -que habrían de ser de independientes-, deben sus nombramientos al propio Gobierno al que debieran arrojar del poder.

Ni existe explicación alguna para que la UE, que se supone que ha de velar por el cumplimiento de las normas democráticas en los estados miembros, no exija a Raxoi que presente la dimisión y convoque elecciones. No lo hace, sin duda, porque esa igualmente corrupta UE, en manos de una Comisión cuya única labor es la de servir los intereses de los especuladores financieros y a la oligarquía empresarial internacional, se siente cómoda con un presidente y un partido que se amoldan a cualquier exigencia económica que plantee, y siempre de espaldas a los intereses de la ciudadanía.

Somos nosotros los únicos que podemos acabar con esta situación, del mismo modo que se acabó en Islandia: saliendo a la calle a exigir que se vayan, y aun a pesar de que, en nuestro caso, esa asociación de malhechores que detenta el poder cuenta con la brutalidad de unas fuerzas de seguridad impensable hace muy poco tiempo.

Pero esos antidisturbios, que son pueblo, y que como pueblo padecen las mismas consecuencias que se derivan del latrocinio continuado, se disolverán en nada en el momento en que, ante doscientos o dos mil de ellos, se plante la voluntad de cinco o seis millones de ciudadanos para exigir que se vayan para siempre los delincuentes que arruinaron una nación y su dignidad.

Esquirlas de actualidad


La opción de Pablo Iglesias para constituir Podemos se ha consolidado como mayoritaria, con el 80% de los 112.000 votos registrados. De ese modo las tesis del profesor de ciencias políticas, entre cuyas propuestas está la de un solo secretario general para dirigir la formación, y la presencia en las municipales apoyando otras opciones como Guanyem y no con la marca Podemos, se consolidan ante las propuestas de Pablo Echenique, eurodiputado, científico y defensor de la investigación con animales, asunto que a muchos disgusta y provoca rechazo, aunque no haya sido esa la razón del rechazo a sus propuestas. 

El marido de la enfermera contagiada por ébola, Teresa Romero, que  logró superar la enfermedad, fue dado hoy de alta, tras el periodo de observación para descartar el contagio. Javier Limón no hizo declaraciones a la salida del hospital, pero sí se sabe que emprenderá acciones legales contra los políticos que, en lugar de afrontar la crisis del ébola con seriedad, cargaron contra la enferma y les causaron un daño irreparable: el asesinato de su perro Excalibur, del que Javier dijo que era ‘como nuestro hijo’. Por esa razón y por las insidias y difamaciones vertidas contra su mujer durante los primeros días de la enfermedad, Limón está decidido a acudir a los tribunales para demandar a quienes tanto dolor les ha causado.

“En España hay una ofensiva para reducir más los derechos de los ciudadanos”: son palabras de Alejandro Gámez, de la Asociación Libre de Abogados, que ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicitan que se apliquen las directivas europeas en las comisarías españolas. En concreto se centran en el caso de un detenido al que se le negó -tanto a él como a su abogado- el acceso al atestado en comisaría, un derecho contemplado por la Directiva 2012/13/UE. La ley mordaza, el desprecio por los derechos de los ciudadanos y la permisividad del Ministerio de Interior, cuyo titular, Jorge Fernández, viene mostrando constantemente su ideología filofascista, permite que integrantes de las fuerzas policiales de similar pensamiento, actúen como en las repúblicas bananeras, sin respeto a la legalidad y las normas democráticas. Resulta significativo que en los últimos tiempos se produzcan este tipo de conductas, e incluso mucho más brutales, que acaban, incluso, con personas muertas, como sucedió en Cartagena, donde seis policías están imputados por el homicidio de un ciudadano que apareció flotando en una cala, todos ellos integrantes de una comisaría en la que se grabaron conversaciones de agentes alardeando de haber perpetrado actos de torturas y brutalidades impensables en cualquier democracia.

La Web “Espía en el Congreso’ asegura que Rodrigo Rato, el que el PP bautizó como el responsable del ‘milagro económico español’ y ahora desprestigiado imputado por las tarjetas fraudulentas de Caja Madrid, no es economista, sino abogado que nunca ejerció como tal. En la hora de los ajustes de cuentas, que parece ha llegado en un sálvese quién pueda entre corruptos, algunos personajes, como José Pedro Ramírez, contó al Espía que las noticias sobre Rato no salían porque a los periodistas, ‘o los compraba o los amedrentaba’: “La primera vez que me di cuenta a qué se refería fue cuando El Mundo descubrió el pelotazo con información privilegiada del que César Alierta fue absuelto por prescripción después de que el Supremo acreditara el delito con el que hizo de oro a su sobrino. A instancias del propio Aznar me reuní con Rato en el Hotel Orfila -nunca lo había contado- y él cerró filas con el ya presidente de Telefónica de forma tan irracional y opuesta a los principios éticos que decía practicar el PP, de manera tan agresiva incluso tratándose de un valido que protegía a una de sus más preciadas hechuras, que no pude por menos que sospechar que allí había gato encerrado”. “Luego supimos que Alierta había jugado un papel importante en el salvamento a la familia Rato de la quiebra y no deja de ser significativo que, a día de hoy, le mantenga enchufado a una de las ubres de la multinacional como si una empresa cotizada tuviera que preocuparse menos por su reputación que un partido político”. Rato se desvela así como otro ídolo de píes  de barro de la pseudodemocracia, una gran falacia por la que los ciudadanos deberíamos exigir cuentas a todos los estamentos del Estado. 

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Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…