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Crisis del ébola: En manos de un gobierno talibán en descrédito.



¿Cuántos millones de ciudadanos de los que votaron al PP creyendo que iba a solucionar la crisis fueron conscientes de que entregaban un cheque en blanco a un partido político ultracatólico y filofascista? Es muy posible que aquellos que, creyendo todas las falacias de la propaganda, introdujeron en las urnas la papeleta de la gaviota no lo hubieran hecho. El PP se presentó ante el electorado como un partido centrista. Y el electorado que le dio la mayoría pensó que se trataba de un partido conservador similar a los europeos. Nada más lejos de la realidad: el PP y su líder, Mariano Raxoi, son la extrema derecha más reaccionaria de Europa, que les sitúa, en algunos asuntos a la derecha de la ultraderechista Le Pen en Francia. 

El problema del ébola, no solo por su mala gestión tras contagiarse una auxiliar de enfermería, ha puesto al descubierto el entramado político religioso que sustenta a un partido tan integrista en lo religioso que puede asimilarse al de países árabes que imponen la sharía contra las leyes civiles.
Este Gobierno viene dando constantes muestras de su talibanismo religioso, desde las patéticas declaraciones de políticos invocando la interdicción de vírgenes de ficción para solucionar problemas, a la concesión de medallas a santos de palo que causan la irrisión de la prensa de medio mundo, la entrega de chorros de millones a la secta católica, y por último la decisión de traer al país, sin medios para ello, a dos misioneros agonizantes enfermos de ébola. Decisión que mayoritariamente está siendo cuestionada por la ciudadanía y pone en evidencia la irresponsabilidad de un Ejecutivo que antepone sus devociones religiosas al sentido común. 

Mayoritariamente, incluidos muchos votantes del PP, los ciudadanos consideran que nunca debieron traer a España a los clérigos contagiados de ébola porque no había medios suficientes para atenderlos sin riesgos, y que si se hizo fue por su condición de religiosos. Son ya muchos medios los que explican las presiones de la Orden de San Juan Dios para que el Ejecutivo repatriase a los misioneros desahuciados. 

Gracias a la información que circula por Internet –la prensa oficial, controlada íntegramente por el PP no osa dar esas informaciones- sabemos que la orden a la que pertenecían los sacerdotes cuyo traslado ha causado un problema que este Gobierno está evidenciando que le sobrepasa, es propietaria de una SICAV con más de diecisiete millones de euros, y acciones en Mediaset, Prisa, las bodegas Barón de Ley así como casi 12 millones de Deuda Pública emitida por el Tesoro español, 1,16 millones en Renta Fija del Banco Santander, entidad que gestiona esta SICAV y acciones en Bolsa del Banco Santander, Vidrala, la cadena de jugueterías Imaginarium y las multinacionales del acero Arcelor Mittal y Kloeckner, además de ser propietaria en España de dieciocho hospitales, residencias geriátricas y centros de formación sanitaria, y otros muchos centros sanitarios repartidos por todo el mundo. Lo que lleva a preguntarse qué necesidad había de que el Gobierno dispusiese del erario y la salud pública para atender a un misionero perteneciente a una orden que tiene medios suficientes para haberlo atendido sin expoliar las arcas públicas y ser  causante de una pandemia de incalculables consecuencias. 

Mas no es solo en ese dislate que ha puesto en alerta a la sociedad y en jaque a la profesión médica, cansada de denunciar los recortes cuyas consecuencias se evidencian con la crisis del ébola. El Ejecutivo dispone, de forma intolerable y hasta ilegal, porque prevarica, del dinero público para favorecer a la secta católica. Pocos medios dieron cuenta de una noticia que, de no ser porque afecta a los bolsillos de los ciudadanos, movería a risa. 

Y es que, no satisfecho con regalar cerca de 160.000 millones del erario a los obispos, este Ejecutivo de talibanes sin sentido del ridículo, aprueban cargar al erario con 30,1 millones de euros a la Obra Pía de los Santos Lugares, una fundación pública nacida para “dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los difuntos”. Los Presupuestos Generales de 2015 incluyen, por primera vez, la financiación con dinero público de una fundación dirigida por religiosos y que tiene como fin “mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa”, el término que la Iglesia utiliza para designar a Israel, Palestina, Turquía, Siria y Egipto. La Obra Pía de los Santos Lugares pasa a cargarse al erario por primera vez, por mandato de la Ley de Racionalización de la Administración, una norma tenía como finalidad reducir el número de organismos públicos pero que ha terminado incorporando al Estado organismos religiosos como este mediante un Real Decreto, sistema que utiliza el Gobierno de Raxoi para gobernar como el sátrapa fascista que es. La partida se carga ahora a la memoria de Entidades el sector público sin personalidad jurídica, el mismo grupo en el que se incluyen la CNMV o el Centro de Investigación Biomédica. La Obra no sólo pasa a depender del erario público sino que también ha recibido una subvención de 33.000 euros a cargo del Ministerio de Exteriores para “financiar gastos del ejercicio”.

Al tiempo que el Gobierno, y las autonomías gobernadas por el PP, como es el caso de la de Madrid, recortan la sanidad pública a extremos peligrosísimos, despilfarra el dinero de los ciudadanos en una secta integrista de la que forman parte, a través de sectas de la secta, como el Opus o los Legionarios de Cristo, los Kikos y otras organizaciones similares, los integrantes de un Gobierno de irresponsables y sectarios. 

El PP protagoniza episodios tan esperpénticos como el que se registra en el municipio de Boadilla del Monte –cuna y epicentro de la trama Gürtel- donde el grupo de Gobierno, de esa formación, destina una millonada en buscar en los restos de un santo y 80 niños a los que supuestamente les cortaron las cabezas en el año 717, durante la invasión musulmana. No hay datos constatados sobre su existencia, pero la Hermandad de San Babilés, cuyo presidente es uno de los concejales del equipo de Gobierno, aporta referencias históricas sobre el episodio inventado. La España milagrera del pasado está resucitando alarmantemente por mor de la beatería de los integrantes del PP, al tiempo que las administraciones públicas regidas por ese partido rechazan sistemáticamente dotar presupuestariamente a las asociaciones de Memoria Histórica para que puedan dar digna sepultura a las víctimas del genocidio franquista. 

La crisis del ébola, causada por el integrismo religioso de un Gobierno talibán y filofascistas, ha puesto de manifiesto su incapacidad para hacer frente a los problemas. La profesión médica se apresta a denunciar judicialmente a la dirección del Hospital de La Paz por la situación de caos y descontrol que están viviendo a causa de esa contingencia. Entre otras cosas se quejan de que Teresa Romero es atendida por menos de la mitad de personal que se dedicó al primer sacerdote repatriado. 

La sociedad reacciona indignada a la táctica gubernamental de responsabilizar y desacreditar a la contagiada de ébola a causa de la falta de medios, información y formación que sufrieron los sanitarios, motivada por la precipitada decisión de repatriar al misionero agonizante. Al tiempo, la prensa cavernaria, soez e incontinente, carga contra la enferma, y dice temer que se utilice este asunto ‘como el 13-M’, esto es, que la ciudadanía se subleve ante un Gobierno de talibanes nazionalcatólicos. 

Es de desear que lo haga, cuanto antes mejor, para desalojar del poder a un partido de sátrapas beatos capaces de matar a toda la ciudadanía con su ineptitud. 

Esquirlas de actualidad
Aprovechando el cataclismo informativo que viven la sociedad y los medios, el Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros de ayer, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que es mayoritariamente rechaza por juristas, asociaciones, y la población en general, por cuanto tiene de restricción de los derechos constitucionales y hasta Humanos. Greenpeace ya denunció, cuando se presentó el anteproyecto, que esa ley junto a la reforma del Código Penal, vulneran el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en 2007, vigente desde 2009 en la UE y jurídicamente vinculante. Igualmente, incumplen tanto los artículos sobre el derecho de reunión y de libertad de expresión recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. También el Consejo de Europa expresó su preocupación por cuanta vulneración de derechos y libertades conlleva. Sin embargo, el Gobierno la aprobará en el Parlamento con su mayoría de rodillo, despreciando el sentido democrático, aunque en el futuro, los organismos europeos tengan que intervenir para anularla.
De nada sirvió la intervención del Tribunal Europeo de Justicia respecto a los desahucios, que siguen constituyendo un drama para cientos de miles de ciudadanos, víctimas de la avaricia de los bancos que cuentan con la connivencia del Gobierno. Según un informe del Consejo del Poder Judicial, procedente de los Juzgados de Primera Instancia, el segundo trimestre de 2014 se presentaron en los juzgados españoles un total de 21.178 ejecuciones hipotecarias, que supuso un aumento del 4,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, los desalojos por medio de una comisión judicial, llamados ‘lanzamientos’ por los juzgados y desahucios por el común de los mortales, alcanzaron la cifra de 18.749, lo que representa un aumento del 3,7% respecto del segundo trimestre de 2013. De lo que no informan, ni el CGPJ ni la prensa del régimen, es de la cifra de muertes causada por esas crueles e ilegales medidas que, desde que empezó la crisis, dejó cientos de muertos. 
Al cabo de cuatro años de que estallase una crisis de la que la derecha culpó a la ciudadanía, acusándola de haber vivido por encima de sus posibilidades, se va poniendo al descubierto que los responsables no fueron los ciudadanos sino un entramado corrupto de políticos y financieros que esquilmaron todo cuanto había en beneficio propio, en un alarde de miseria moral solo comparable a la que han sumido al pueblo. La investigación del escándalo de las tarjetas black o fantasmas de Caja Madrid está poniendo en evidencia que se trataba de sobresueldos encubiertos para burlar al fisco. Esto es, para robar a la ciudadanía a la que, los propios ladrones, acusaron de ser la responsable de la crisis. De haber justicia en este país, los ladrones que estuvieron robando al pueblo durante una década se depurarían las responsabilidades de quienes, sistemática y generalizadamente, expoliaron el patrimonio de la nación. Y de haber sentido común en las víctimas del latrocinio, habrá que echarlos del poder durante unas cuantas décadas para sanear no solo la economía, sino la moral y la ética de la clase dirigente, inmersa en el presente en un lodazal de perversión y rapiña.
¡¡Colabora con la libertad de expresión!!
El mantenimiento de este blog y de su autora depende de ti. Represaliada por el ‘régimen’ valenciano del PP, que impide su presencia en los medios hace indispensable la colaboración de los lectores para seguir adelante.
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¿Cuántos millones de ciudadanos de los que votaron al PP creyendo que iba a solucionar la crisis fueron conscientes de que entregaban un cheque en blanco a un partido político ultracatólico y filofascista? Es muy posible que aquellos que, creyendo todas las falacias de la propaganda, introdujeron en las urnas la papeleta de la gaviota no lo hubieran hecho. El PP se presentó ante el electorado como un partido centrista. Y el electorado que le dio la mayoría pensó que se trataba de un partido conservador similar a los europeos. Nada más lejos de la realidad: el PP y su líder, Mariano Raxoi, son la extrema derecha más reaccionaria de Europa, que les sitúa, en algunos asuntos a la derecha de la ultraderechista Le Pen en Francia.
El problema del ébola, no solo por su mala gestión tras contagiarse una auxiliar de enfermería, ha puesto al descubierto el entramado político religioso que sustenta a un partido tan integrista en lo religioso que puede asimilarse al de países árabes que imponen la sharía contra las leyes civiles.
Este Gobierno viene dando constantes muestras de su talibanismo religioso, desde las patéticas declaraciones de políticos invocando la interdicción de vírgenes de ficción para solucionar problemas, a la concesión de medallas a santos de palo que causan la irrisión de la prensa de medio mundo, la entrega de chorros de millones a la secta católica, y por último la decisión de traer al país, sin medios para ello, a dos misioneros agonizantes enfermos de ébola. Decisión que mayoritariamente está siendo cuestionada por la ciudadanía y pone en evidencia la irresponsabilidad de un Ejecutivo que antepone sus devociones religiosas al sentido común.
Mayoritariamente, incluidos muchos votantes del PP, los ciudadanos consideran que nunca debieron traer a España a los clérigos contagiados de ébola porque no había medios suficientes para atenderlos sin riesgos, y que si se hizo fue por su condición de religiosos. Son ya muchos medios los que explican las presiones de la Orden de San Juan Dios para que el Ejecutivo repatriase a los misioneros desahuciados.
Gracias a la información que circula por Internet –la prensa oficial, controlada íntegramente por el PP no osa dar esas informaciones- sabemos que la orden a la que pertenecían los sacerdotes cuyo traslado ha causado un problema que este Gobierno está evidenciando que le sobrepasa, es propietaria de una SICAV con más de diecisiete millones de euros, y acciones en Mediaset, Prisa, las bodegas Barón de Ley así como casi 12 millones de Deuda Pública emitida por el Tesoro español, 1,16 millones en Renta Fija del Banco Santander, entidad que gestiona esta SICAV y acciones en Bolsa del Banco Santander, Vidrala, la cadena de jugueterías Imaginarium y las multinacionales del acero Arcelor Mittal y Kloeckner, además de ser propietaria en España de dieciocho hospitales, residencias geriátricas y centros de formación sanitaria, y otros muchos centros sanitarios repartidos por todo el mundo. Lo que lleva a preguntarse qué necesidad había de que el Gobierno dispusiese del erario y la salud pública para atender a un misionero perteneciente a una orden que tiene medios suficientes para haberlo atendido sin expoliar las arcas públicas y ser  causante de una pandemia de incalculables consecuencias.
Mas no es solo en ese dislate que ha puesto en alerta a la sociedad y en jaque a la profesión médica, cansada de denunciar los recortes cuyas consecuencias se evidencian con la crisis del ébola. El Ejecutivo dispone, de forma intolerable y hasta ilegal, porque prevarica, del dinero público para favorecer a la secta católica. Pocos medios dieron cuenta de una noticia que, de no ser porque afecta a los bolsillos de los ciudadanos, movería a risa.
Y es que, no satisfecho con regalar cerca de 160.000 millones del erario a los obispos, este Ejecutivo de talibanes sin sentido del ridículo, aprueban cargar al erario con 30,1 millones de euros a la Obra Pía de los Santos Lugares, una fundación pública nacida para “dotar a doncellas en apuros, socorrer a los peregrinos y auxiliar las almas de los difuntos”. Los Presupuestos Generales de 2015 incluyen, por primera vez, la financiación con dinero público de una fundación dirigida por religiosos y que tiene como fin “mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa”, el término que la Iglesia utiliza para designar a Israel, Palestina, Turquía, Siria y Egipto. La Obra Pía de los Santos Lugares pasa a cargarse al erario por primera vez, por mandato de la Ley de Racionalización de la Administración, una norma tenía como finalidad reducir el número de organismos públicos pero que ha terminado incorporando al Estado organismos religiosos como este mediante un Real Decreto, sistema que utiliza el Gobierno de Raxoi para gobernar como el sátrapa fascista que es. La partida se carga ahora a la memoria de Entidades el sector público sin personalidad jurídica, el mismo grupo en el que se incluyen la CNMV o el Centro de Investigación Biomédica. La Obra no sólo pasa a depender del erario público sino que también ha recibido una subvención de 33.000 euros a cargo del Ministerio de Exteriores para “financiar gastos del ejercicio”.
Al tiempo que el Gobierno, y las autonomías gobernadas por el PP, como es el caso de la de Madrid, recortan la sanidad pública a extremos peligrosísimos, despilfarra el dinero de los ciudadanos en una secta integrista de la que forman parte, a través de sectas de la secta, como el Opus o los Legionarios de Cristo, los Kikos y otras organizaciones similares, los integrantes de un Gobierno de irresponsables y sectarios.
El PP protagoniza episodios tan esperpénticos como el que se registra en el municipio de Boadilla del Monte –cuna y epicentro de la trama Gürtel- donde el grupo de Gobierno, de esa formación, destina una millonada en buscar en los restos de un santo y 80 niños a los que supuestamente les cortaron las cabezas en el año 717, durante la invasión musulmana. No hay datos constatados sobre su existencia, pero la Hermandad de San Babilés, cuyo presidente es uno de los concejales del equipo de Gobierno, aporta referencias históricas sobre el episodio inventado. La España esperpéntica y milagrera del pasado está resucitando alarmantemente por mor de la beatería de los integrantes del PP, al tiempo que las administraciones públicas regidas por ese partido rechazan sistemáticamente dotar presupuestariamente a las asociaciones de Memoria Histórica para que puedan dar digna sepultura a las víctimas del genocidio franquista.
La crisis del ébola, causada por el integrismo religioso de un Gobierno talibán y filofascistas, ha puesto de manifiesto su incapacidad para hacer frente a los problemas. La profesión médica se apresta a denunciar judicialmente a la dirección del Hospital de La Paz por la situación de caos y descontrol que están viviendo a causa de esa contingencia. Entre otras cosas se quejan de que Teresa Romero es atendida por menos de la mitad de personal que se dedicó al primer sacerdote repatriado.
La sociedad reacciona indignada a la táctica gubernamental de responsabilizar y desacreditar a la contagiada de ébola a causa de la falta de medios, información y formación que sufrieron los sanitarios, motivada por la precipitada decisión de repatriar al misionero agonizante. Al tiempo, la prensa cavernaria, soez e incontinente, carga contra la enferma, y dice temer que se utilice este asunto ‘como el 13-M’, esto es, que la ciudadanía se subleve ante un Gobierno de talibanes nazionalcatólicos.
Es de desear que lo haga, cuanto antes mejor, para desalojar del poder a un partido de sátrapas beatos capaces de matar a toda la ciudadanía con su ineptitud.
Esquirlas de actualidad
Aprovechando el cataclismo informativo que viven la sociedad y los medios, el Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros de ayer, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que es mayoritariamente rechaza por juristas, asociaciones, y la población en general, por cuanto tiene de restricción de los derechos constitucionales y hasta Humanos. Greenpeace ya denunció, cuando se presentó el anteproyecto, que esa ley junto a la reforma del Código Penal, vulneran el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en 2007, vigente desde 2009 en la UE y jurídicamente vinculante. Igualmente, incumplen tanto los artículos sobre el derecho de reunión y de libertad de expresión recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. También el Consejo de Europa expresó su preocupación por cuanta vulneración de derechos y libertades conlleva. Sin embargo, el Gobierno la aprobará en el Parlamento con su mayoría de rodillo, despreciando el sentido democrático, aunque en el futuro, los organismos europeos tengan que intervenir para anularla.
De nada sirvió la intervención del Tribunal Europeo de Justicia respecto a los desahucios, que siguen constituyendo un drama para cientos de miles de ciudadanos, víctimas de la avaricia de los bancos que cuentan con la connivencia del Gobierno. Según un informe del Consejo del Poder Judicial, procedente de los Juzgados de Primera Instancia, el segundo trimestre de 2014 se presentaron en los juzgados españoles un total de 21.178 ejecuciones hipotecarias, que supuso un aumento del 4,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, los desalojos por medio de una comisión judicial, llamados ‘lanzamientos’ por los juzgados y desahucios por el común de los mortales, alcanzaron la cifra de 18.749, lo que representa un aumento del 3,7% respecto del segundo trimestre de 2013. De lo que no informan, ni el CGPJ ni la prensa del régimen, es de la cifra de muertes causada por esas crueles e ilegales medidas que, desde que empezó la crisis, dejó cientos de muertos.
Al cabo de cuatro años de que estallase una crisis de la que la derecha culpó a la ciudadanía, acusándola de haber vivido por encima de sus posibilidades, se va poniendo al descubierto que los responsables no fueron los ciudadanos sino un entramado corrupto de políticos y financieros que esquilmaron todo cuanto había en beneficio propio, en un alarde de miseria moral solo comparable a la que han sumido al pueblo. La investigación del escándalo de las tarjetas black o fantasmas de Caja Madrid está poniendo en evidencia que se trataba de sobresueldos encubiertos para burlar al fisco. Esto es, para robar a la ciudadanía a la que, los propios ladrones, acusaron de ser la responsable de la crisis. De haber justicia en este país, los ladrones que estuvieron robando al pueblo durante una década se depurarían las responsabilidades de quienes, sistemática y generalizadamente, expoliaron el patrimonio de la nación. Y de haber sentido común en las víctimas del latrocinio, habrá que echarlos del poder durante unas cuantas décadas para sanear no solo la economía, sino la moral y la ética de la clase dirigente, inmersa en el presente en un lodazal de perversión y rapiña.
¡¡Colabora con la libertad de expresión!!
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