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Otro golpe del PP a la democracia: Retrasar las elecciones generales.



La prensa oficial, prisionera de las consignas gubernamentales, da importancia a las noticias que, de una forma u otra, favorece la imagen del Gobierno. Así hoy toda ella se ha volcado en dar toda clase de datos sobre la retirada de la ley del aborto y la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón –hecho insólito por cierto, en un país del que la prensa extranjera dijo, a propósito de los corruptos, que en España ‘no dimite ni Dios-. El Ejecutivo era consciente de que esa ley regresiva y talibana contestada prácticamente por todas las mujeres del país, excepto el escaso número de antiabortistas reaccionarias que son muy pocas en términos electorales, iba a costarle muchos votos y prefirió olvidarse de sus convicciones religiosas para atender a las necesidades electorales, en un acto de marxismo grouchismo: “Yo tengo unos principios, pero si es necesario tengo otros”. Sin embargo, hay noticias que la prensa oculta para no causar escándalos políticos o la reacción de los partidos de oposición. 

De ese modo, las grandes cabeceras de papel guardan silencio respecto a una noticia de la que han hablado tan solo dos periódicos digitales, Vox Populi y el digital El Plural.com, que publicaban en pasados días una información que, de confirmarse, supondría un conato de golpe de Estado del PP que está planteándose retrasar los comicios generales, en una medida insólita en los países europeos y en la historia de nuestra pseudodemocracia. Que el PP no es un partido conservador al uso de sus homólogos europeos hay señales más que evidentes. No respetó las reglas democráticas a la hora de financiar sus campañas, al jugar con ventaja sobre el resto de formaciones haciendo uso del dinero negro de la corrupción. Y, de llevar a cabo un retraso electoral a conveniencia de sus intereses, vulnerando los plazos constitucionales, podría traspasar una peligrosa línea roja. 

Según publicaban los medios citados, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargó en la pasada primavera y a un reducido grupo de abogados del Estado, afines a la ideología conservadora, un informe que permita, dentro de la legalidad, retrasar los comicios al menos seis meses. Juristas consultados aseguran que la medida es legalmente inviable, mas, dada la forma de actuar del PP, capaz de vulnerar la Constitución según le convenga, como viene haciendo desde que llegó a La Moncloa, podría llevar a cabo esa tropelía, a todas luces ilegal y propia de las más impresentables repúblicas bananeras del pasado.

El motivo de que el PP intente sacar adelante una decisión a todas luces antidemocrática es que, dentro de su lógica tan sui generis, retrasar las elecciones beneficiaria a su partido, dado que mantienen la esperanza de una recuperación económica que solo perciben los populares y la oligarquía. Convencidos de que la economía se está recuperando, consideran que el retraso electoral permitiría dar tiempo a una notable reducción de la tasa de paro, para que esta quedase, al menos, a niveles similares a los que dejó Zapatero, al que criminalizaron por la elevada cifra, mucho menor que la registrada desde que gobierna Raxoi. 

Si el PP encuentra un resquicio legal aplicando un criterio distinto del existente a lo largo de los treinta y siete años de pseudodemocracia, el escándalo podría alcanzar enormes proporciones, dado que los partidos de oposición reaccionarían a una medida que bien podría calificarse de golpista. Y es seguro que, de recurrir al tribunal de Derechos Humanos europeo este tumbaría una pretensión que, además, concitaría las críticas de los democráticos estados europeos,  por mucho que gobiernos como el de Merkel dieran su apoyo a una medida que debiera ruborizar a cualquier demócrata, pero que los dirigentes alemanes justificarían en la necesidad de contar en España con un Gobierno de derechas servil con sus preceptos económicos. 

Existe otro pero a la pretensión del PP; la última palabra la ha de tener el rey, que es quien sanciona con su firma las disoluciones de las Cortes, y si el recién estrenado monarca asume las pretensiones golpistas del Gobierno de Raxoi estará jugando con fuego, porque contribuiría a aprobar una decisión antidemocrática que le presentaría ante la ciudadanía como un pelele nada respetuoso con la Constitución que ha jurado. Debiera recordar Felipe V el riesgo que tienen esas actitudes, porque antecedentes históricos y familiares tiene para saber que la tolerancia de las monarquías con los gobiernos antidemocráticos se paga. Y esos antecedentes, que le costaron el trono a su familia paterna o materna por no respetar escrupulosamente la democracia están ahí: Su bisabuelo tuvo que tomar el camino del exilio por apoyar el golpe de Primo de Rivera, y a su tío Constantino, en Grecia, le sucedió lo mismo con los coroneles. 

Cierto es que Raxoi no es un milico, más su manera de gobernar se acerca mucho más a la de los dictadorzuelos de uniforme que a las de los gobernantes democráticos. Habrá que estar muy al tanto para evitar que el PP perpetre ese atentado contra la democracia, que no sería el primero, aunque es de esperar que sea el último.  

Esquirlas 

1ª.- El filofascista Ministro del Interior, Jorge Fernández, no deja de dar muestras de su talante represor, y a la hora de conceder medallas, aparte de las otorgadas a santos de palo, lo hace a los mandos de las facciones más reaccionarias y represoras de la Policía. Así entre las medallas conocidas como Roja, que van aparejadas a la percepción del 10% de su sueldo de por vida,  se entregarán a los antidisturbios que participaron en la represión del 22M, el jefe de las UIP y su superior, para los que exigieron la destitución los propios antidisturbios, el jefe de Información de Madrid, responsable de vigilar a los "radicales" y de los atestados tras las manifestaciones y el inspector al que encomendó la redacción de la muy fascista Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. 

2ª.- Podemos no presentará candidaturas municipales, tan solo concurrirá a los comicios autonómicos y se reservará para las elecciones generales. Una acertada medida, ya que las candidaturas municipales estaban presentando ciertos riesgos, dado que en muchos pueblos y ciudades se habían presentado como candidatos de Podemos personajes de dudosa condición democrática, como sucedió en la malagueña localidad de Estepona, o trepas de muy variada condición en localidades como Torrevieja, donde un exconcejal expulsado del PSOE por su connivencia con el condenado alcalde Hernández Mateo, Manuel Vera, también coqueteó con la formación, después de haberse presentado en los anteriores comicios municipales encabezando una extraña formación, El Olivo, financiada por el citado exalcalde corrupto y hoy en prisión.  Para evitar ese tipo de accidentes, que podrían perjudicar a la formación, la decisión de Podemos ha sido un acto de sentido común muy estimable. 

3ª.- Según el Observatorio del Mayor, elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación 1º de Mayo, las ayudas a la Dependencia se han reducido a la mitad en los últimos años. Mientras el Gobierno destina millones a rescatar bancos y autopistas o regalar miles de millones a la secta católica, le niega ayuda a los más débiles, dejando desasistidos a cientos de miles de Dependientes y personas mayores. Es el modo de actuar de un Gobierno que solo atiende las necesidades de la oligarquía, con criterios absolutamente nazis.

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