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Gobierno y prensa ocultan el plazo dictado por la UE para detener ejecuciones hipotecarias en marcha.



“¡¡ Queda menos de un mes!! ¡¡Pásalo!!”, es el mensaje que se están enviando abogados que se ocupan de casos de desahucios ante la ausencia de información oficial y mediática de una reforma de la ley hipotecaria que permitirá que los afectados por ejecuciones en curso puedan recurrir a un derecho que antes solo tenían los bancos, el de solicitar a los jueces que revisen las cláusulas del contrato hipotecario por si este contiene cláusulas abusivas, como las del suelo.  La situación se ha producido porque Bruselas exigió al Gobierno que cumpliese el fallo del Tribunal Europeo de Justicia, que consideró, ya hace meses, la ilegalidad de la normativa hipotecaria española porque perjudica a los consumidores y usuarios de banca, al impedir que pudieran, como hacen los bancos, apelar la decisión de los jueces.

El Gobierno, presionado por Bruselas, no tuvo más remedio que introducir la  modificación de la Ley Hipotecaria que se recogió en el BOE del día 13 de este mes, de modo casi oculto, publicada entre otras leyes, como hizo en esta ocasión, al ocultar la modificación de la Ley Hipotecaria en una nueva ley concursal, para que no tuviese demasiada repercusión. Al tiempo, los medios al servicio de las financieras y la especulación no dieron tampoco información sobre un cambio legal tan importante, que permitirá que los afectados por desahucios tengan capacidad para denunciar condiciones abusivas que, en muchas ocasiones, son el origen de la dificultad de poder asumir la hipoteca por el volumen dinerario que adquiere esta.

No es esta la primera vez que el Gobierno de Raxoi, al servicio de la oligarquía financiera, pretende ocultar información a los afectados por desahucios y sus abogados: en mayo de 2013 practicó una similar maniobra cuando se vio obligado a modificar la ley hipotecaria tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que impuso medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios que la ley española no contemplaba.

El TJUE exigió que, en casos de ejecuciones hipotecarias, se debe permitir al ciudadano el derecho a que un juez verifique el contrato y compruebe si está afectado o no por cláusulas abusivas, y que la ley española negaba. "El problema es que por la presión de los lobbys financieros, en aquella ocasión la ley dictaminó que sólo los bancos tendrían derecho a apelar la decisión del juez si no estaban de acuerdo. Y eso es lo que han tenido que modificar ahora porque era una aberración legal" precisa Miguel Samper, presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía española.

Y si el Ejecutivo, que trabaja constantemente en beneficio de la banca, los especuladores y la oligarquía, ocultó como pudo una modificación legal de suma importancia para personas inmersas en procesos de desahucio –injustamente solo las que están en ese proceso, pues los ya desahuciados no podrán recurrir al mismo amparo y eso es algo que tendría también que ver el Tribunal de Justicia de la UE- los medios afines al PP, y sometidos a juntas de administración de plutócratas o financieras, ocultaron también la información para que no actúen en consecuencia los afectados por una estafa mayúscula orquestada por la banca y auspiciada y protegida por gobiernos que nunca tuvieron la valentía de legislar a favor de la equidad y los ciudadanos, siempre sometidos a las presiones del dinero.

Tan solo un medio digital, eldiario.es, recogió una información vital para cientos de miles de personas que están en riesgo de perder sus viviendas a causa de una ley hipotecaria injusta, denunciada por Bruselas y que el Ejecutivo va cambiando en la medida que la UE le ordena que lo haga, dado que su inclinación es la de perjudicar a la ciudadanía para complacer a una banca que viene medrando en este país gracias al latrocinio y el dinero público que se nos exige pagar a los ciudadanos por rescatarla.

La información, restringida por los medios, no ha tenido la repercusión que se le tendría que haber dado a una modificación tan importante como para impedir que algunos de los más de los 24.226 que se registraron en los primeros seis meses de 2014, un 13.9% más que en 2013 pese a las reformas legales y las presiones de Bruselas, puedan recurrir contra el abuso de los desahucios.

Esas medidas representan un drama social que ha llevado a que se registre una elevada cifra de muertes por suicidio. Según las estadísticas los casos de suicidio constituyen la primera causa de muerte violenta, por delante de los accidentes de tráfico. Muertes relacionadas en muchas ocasiones con desahucios aunque no existan estadísticas que recojan estos datos, y, además, en multitud de ocasiones, se oculten en los medios.

Ante una situación como esa, el actual Gobierno, en lugar de proporcionar a los ciudadanos armas legales para evitar los desahucios, cuando se ven presionados por Europa para legislar de forma que consideran perjudica a los bancos, ocultan las modificaciones legales, con la colaboración de medios sin dignidad al servicio del poder del dinero.

Los organismos internacionales tendrían que saber de estas argucias del Ejecutivo del PP, para, una vez más, imponerles directrices que impidan engañar y ocultar información a los ciudadanos. Porque está visto que por voluntad propia, el actual Gobierno del PP, como hizo antes el PSOE, prefieren servir a la banca, que perdona los créditos que tienen con ella, o les ofrecen puestos de importancia una vez dejan las poltronas políticas.


Un juez de Melilla pone coto al abuso de las devoluciones en caliente al imputar al Comandante de la Guardia Civil de esa ciudad.

 Las denuncias de ONG han podido más que las declaraciones del Gobierno, los documentos firmados por la GC que contravienen la legislación nacional e internacional sobre los Derechos Humanos y la censura informativa aplicada en la frontera melillense.

El juzgado de instrucción número dos de Melilla imputa al comandante jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor, a causa de un posible delito de prevaricación por permitir las expulsiones inmediatas de inmigrantes en la valla melillense, ilegales según la Ley de Extranjería y el convenio bilateral hispano-marroquí. Y los Derechos Humanos y la ética.

El auto, arremete contra el "protocolo operativo de vigilancia de fronteras", una orden interna firmada por el acusado, que avala las devoluciones sin identificación previa de aquellas personas que no han superado la última alambrada, la más cercana a la ciudad autónoma. Tras recordar que la soberanía española recae sobre todo el entramado fronterizo, el juez considera que este argumento, también defendido por el Ministerio de Interior, no se sostiene bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales, y reprocha que a causa de él se negó la entrada a personas que podrían haberse acogido al Derecho de Asilo, que de esa forma vulneró la Guardia Civil.

"Nos encontramos ante dos conceptos de frontera diferentes, uno de naturaleza jurídica y otro de naturaleza operativo o funcional. El primero, se acomoda a los Tratados Internacionales suscritos entre los reinos de España y Marruecos, mientras que el segundo parece responder a un criterio de gobierno, político, o de simple operatividad policial", señala el auto que responde a dos querellas presentadas por las ONG Prodein, Andalucía Acoge y Sos Racismo sobre los hechos ocurridos los días 18 de junio y  13 de agosto de este mismo año.

Las devoluciones en caliente no son nuevas. Los Gobiernos del PP y del PSOE llevan efectuándolas desde hace 13 años, aunque la forma de realizarlas cambió en marzo de 2014. Hasta entonces, se llevaban a cabo de forma clandestina y, cuando alguna prueba las evidenciaba, el ejecutivo de turno solía limitarse a negarlas o ignorarlas. Hasta la tragedia de Ceuta. Entonces el actual Gobierno asumió la devolución de 23 personas tras la sucesión de imágenes difundidas y la atención mediática despertada. Y surgió una nueva justificación, nunca antes admitida pero que, según el Ministerio del Interior, se llevaba aplicando desde 2005: "España empieza cuando se supera la totalidad del dispositivo antiintrusión". A partir de ahí, la teoría se acopló a las diferentes particularidades de cada frontera y la Guardia Civil comenzó a expulsar inmigrantes de forma inmediata a plena luz del día y ante los objetivos de cada vez más periodistas.

Por el momento, el juzgado de Melilla descarta la validez de lo que denomina "concepto de frontera aplicado en la valla de Melilla". Y añade: “En la documentación aportada por la Guardia Civil no se indica cuál es el precepto o norma jurídica que ampara el concepto operativo de frontera, más allá de una remisión genérica a que se trata de un 'concepto consolidado desde el año 2005'"

El auto pone en entredicho la legalidad del “protocolo operativo de vigilancia de fronteras de la Guardia Civil” que rige la forma de actuar de los agentes durante los intentos de entrada de inmigrantes. Hora iba siendo de que algún juez, ya que no lo hicieron los organismos internacionales a raíz de los crímenes perpetrados en Ceuta contra los inmigrantes que intentaban alcanzar la costa española, de que alguien pusiese coto a medidas propias de estados policiales que desprecian los Derechos Humanos.

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