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Europa tiene que saber que en España se hacen leyes para disparar legalmente contra perros y gatos



El Gobierno de Castilla La-Mancha, a cuyo frente está la impresentable Dolores Cospedal, aprobó hace unos días un anteproyecto de Ley de Caza que consagra la total permisibilidad de todo tipo de atrocidades contra los animales, como el permiso para disparar contra perros y gatos sueltos. De ese modo los crueles cazadores de una de las regiones de este brutal país donde más galgos se abandonan podrán disparar contra ellos con total impunidad. 

Es una de las peculiaridades de una ley que permitirá matar a lanzazos a animales. Un cazador podrá prohibir ir andando por el campo, en bici, con niños, o tu perro. Un niño de 14 años podrá llevar un arma. A la gente que pasee tranquilamente por el campo, si perturba la placidez de los cazadores que podrán disponer de los espacios naturales para poder llevar a cabo todas sus salvajadas con total tranquilidad se la multará, y a los que se permite prácticas prohibidas en cualquier legislación civilizada, como la caza con trampas se les garantiza el derecho a cometer toda clase de tropelías. 

Mientras en otros países europeos, como Francia, se concede a los animales derechos jurídicos y se les reconoce sensibilidad, en la atroz España profunda, unos gobernantes corruptos y sin ética, ceden a los deseos de lobby de cazadores, incumpliendo cualquier norma civilizada, y llevando la legislación a tiempos medievales. En tanto en Inglaterra se acabó, sin protestas ni motines, contra la horrible caza del zorro, sin que nadie protagonizase algaradas ni la economía se hundiese, en este bochornoso país se razona que esas atrocidades reportan actividad económica. Torticero argumento que podría esgrimir traficantes de drogas, tratantes de seres humanos o paidófilos. 

No se entiende que la civilizada Europa no intervenga en estos asuntos y no ponga coto a tanta crueldad y tanta desmesura, y manifieste que esos asuntos, como la tortura del Toro de la Vega, la salvaje masacre de cachorritos en Algemesí y un largo etcétera de crueldades que se producen en este país con motivo de fiestas religiosas, son ‘una cuestión de la legislación interna’, cuando, incluso, contraviene la legislación europea cuando, al contrario de proteger al lobo, como se hace en Europa gobiernos autonómicos del PP, o del PSOE, autorizan su masacre, dando muerte, incluso, como hicieron en Asturias, a cachorritos de cuatro meses. 

Los redactores de esa infame ley, que ha sacado a periodo de alegaciones el Gobierno de Cospedal, seguramente son los cazadores de medios rurales, esos infames individuos exponentes de la España profunda que igual que disparan contra el perro que no caza a su gusto, matan a su mujer si no los obedece o al vecino por un asunto de lindes. 

Son los pobladores de esa España profunda que, por mucho que creamos periclitada,  sobrevive en miles de pueblos donde la incuria permanece instalada al lado de la crueldad.  Son los pobladores de ese país de cafres cuyos habitantes embisten cuando se dignan usar de la cabeza y se sienten realizados asesinando animales porque, sin duda, tienen graves problemas psicológicos y educativos que ningún gobernante hizo nunca nada por remediar. 

Los eurodiputados de grupos como Podemos o IU tienen que plantear este asunto en el Parlamento europeo por una mera cuestión de dignidad y ética, no se puede seguir tolerando no solo la crueldad contra los animales, la impunidad que conceden a los maltratadores jueces y gobernantes, sino la vergüenza que representa pertenecer a un país donde un parte de sus pobladores son sádicos incontrolados. 

Y no se puede tolerar que Europa permanezca ajena a estas ignominias sin intervenir y cortar de raíz la estulticia de unos gobernantes que empiezan autorizando que se dispare a perros y gatos y mañana encontrarán lógico, al paso que llevan, que se instauren piras en las plazas públicas para quemar vivos a quienes no piensen como ellos. 

Esquirlas de actualidad: 



1ª.- La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha quebrado la monolítica unidad del PP hasta ahora, la retirada de la reforma sobre la Ley del Aborto que en su día prometió llevar a esa formación podría significar la ruptura definitiva de la derecha española. Desde el pasado miércoles, el conjunto de colectivos ultracatólicos estudian qué alternativas políticas podrían plantear de cara a los próximos comicios electorales (las municipales y autonómicas se celebrarán en mayo de 2015) con el objetivo de defender en las instituciones los principios básicos de su ideario católico. Vox, la formación ultraderechista de Santiago Abascal, ya se ofreció públicamente a los “huérfanos” y “abandonados” por el PP para encabezar “una alternativa que no se someta y se acobarde ideológicamente ante la cultura de la izquierda española”. Aunque la de Vox no es la única alternativa. Otros movimientos como el Foro de la Familia o E-Cristians parecen decantarse por la formación de un nuevo partido político que represente a rajatabla la aplicación de la doctrina social de la Iglesia católica. Raxoi apostó por retirar la ley pensando en el electorado centrista, ese que le votó creyendo sus falacias económicas. Encandilado con la idea de que le sigan votando retiró la ley y, seguramente, perderá los votos de los centristas que ya no se dejan engañar y los de los ultracatólicos. Todo sea para bien. 
2ª:- El virus del ébola, Gaza, Sudán del Sur, Siria, Irak... Mientras las crisis humanitarias se amontonan unas sobre otras, mientras unas arrebatan portadas a las ya relegadas al silencio, la necesidad de ayuda internacional se mantiene urgente. No obstante, las últimas emergencias han puesto de manifiesto la baja capacidad de respuesta de la recortada política de cooperación española. El rol de España como actor humanitario comenzó a caer en picado en 2012. Los fondos destinados a ayuda humanitaria descendieron de 127,5 millones en 2010 a 12, y tres millones en 2013, según el análisis de Oxfam Intermón de los Presupuestos Generales del Estado. En la actualidad, la partida de Ayuda Humanitaria y de Emergencia es de 26 millones de euros, según la Aecid. “Es una cifra ridícula para hacer frente a emergencias”. Los ultracatólicos que tanto se preocupan por la vida de las células fecundadas no han mostrado contrariedad alguna en contra de esos recortes.
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