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El Gobierno quiere acabar –literalmente- con el país y sus ciudadanos.


Si una novela o película de ciencia-ficción narrase las tropelías de un gobierno de psicópatas empeñados en acabar literalmente con un país y sus pobladores se diría, seguramente, que el autor se había excedido en la ficción, que bien estaría que esas acciones las llevasen a cabo extraterrestres ofidios de apariencia humana, pero que tratándose de hombres de verdad era tensar mucho la ficción, que ningún humano, por muy malo que fuese, iba a llevar a cabo tan perversas acciones. Mas sin necesidad de recurrir a la ficción y mucho menos a la ciencia, estamos en este país en manos de psicópatas que llevan camino de cargarse el país de forma literal y de acabar con todos sus pobladores por el sistema de la consunción, el hambre, la falta de sanidad, y la indefensión. 
 
No se trata de buscar extrañas conspiraciones, o de narrar posibles conjuras imaginarias,  para comprobar que detrás de las decisiones del actual Gobierno del PP hay una siniestra voluntad de destrozar el país, de forma literal. Porque, ¿qué otra cosa que intereses espurios y malintencionados inspiran la política energética del Ministro Soria que, al contrario de sus homólogos europeos, muy especialmente los alemanes, persigue las energías renovables, imponiendo alternativas muy lesivas para el medioambiente y la salud no solo de la tierra, sino de las personas? Tras hundir al sector de las energías renovables, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, defendió la idea de que España investigue si puede obtener gas y petróleo no convencional mediante la conocida técnica del ‘fracking’ o fracturación hidráulica para "depender menos de las importaciones".

Greenpeace afirma que esa técnica conlleva una serie de impactos ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente evaluados, entre ellos contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, terremotos, contaminación acústica e impactos paisajísticos, además del excesivo gasto de recursos hidráulicos. A los riesgos que conlleva esa técnica, comprobada hace unos meses en las costas castellonenses, donde se produjeron cientos de pequeños terremotos tras las prospecciones en alta mar se unen, además, peligros ambientales asociados con los productos químicos que se añaden a los fluidos usados para fracturar la roca, y acaban por emerger a la superficie afectando al aire que respiramos y a los cultivos de frutas y verduras.  

Soria, al tiempo que rechaza potenciar las energías renovables -las mismas que empresas punteras españolas están desarrollando en países de todo el mundo- lamenta que España gaste "cada día 100 millones de euros en importar gas y petróleo", por lo que defiende que hay que aprovechar "cualquier posibilidad que tengamos de encontrar, sondear e investigar, si hay petróleo, si hay gas o si hay las dos”. Cabria preguntarse por qué tanto interés en buscar gas o petróleo en un país que, por sus características climatológicas, podría autoabastecerse con energía solar y eólica si pusiera interés en ello. 

Y si con su política energética de obsesión por el petróleo –su imposición de prospecciones petrolíferas en las costas canarias es otro de los desafueros del Gobierno de Raxoi- está decidido a arrasar el equilibrio medioambiental del país, con su política económica y laboral el Gobierno viene acabando con los ciudadanos, víctimas del paro, los desahucios y la falta de atención sanitaria que están causando miles de muertes. 

La OCDE - organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de países desarrollados-, alerta sobre la negatividad de las reducciones salariales registradas en España a raíz de la crisis porque están siendo la causa de estrecheces económicas entre los trabajadores y sus familias que, además de afectar negativamente al consumo interno, vienen sumiendo a millones de familias en una situación de penuria insoportable. El documento pone también de relieve el excesivo número de contratos temporales en España, dato que se confirmó al conocer los índices del paro del mes de agosto, en los que se constata que las ‘raíces vigorosas’ de las que habló Raxoi no son sino una falacia más del presidente del Ejecutivo, dado que el paro subió en 8.070 personas, y lo que es más preocupante, según la EPA, en el mes estival se registró una bajada de casi cien mil personas a la SS. Y es que las contrataciones que se firmaron en agosto correspondieron en su mayoría a contratos precarios, ya fuesen en concepto de obras o de tiempo parcial. 

Pareciera que el único fin de este Gobierno de rufianes sea el acabar literalmente con el país, con su medio ambiente, sus paisajes, sus riquezas naturales y con una ciudadanía que se ve abocada a la miseria y en muchas ocasiones al suicidio o a morir por falta de atención sanitaria o por no poder pagar la medicación que requiere. Ya se han producido en las últimas semanas fallecimientos de enfermos de Hepatitis C por negarse el Ministerio de Sanidad a costear la nueva medicación que combate esa enfermedad y salva las vidas de quienes la padecen. 

Ni en la más calenturienta mente de un autor de novelas de ciencia-ficción se dio nunca una historia tan perversa como la que protagoniza este Gobierno que, amparándose torticeramente en razones falsamente económicas, emprendió, desde su llegada al poder, una maniobra encaminada para acabar literalmente con el país y sus pobladores. 

Esquirlas

1ª.- La novela del teniente Gonzalo Segura, que le costó la libertad –aún sigue detenido en dependencias del ejército- en la que relataba la corrupción que anida en el seno de los ejércitos españoles no parece que sea mera ficción ni una especulación del teniente. Que el Ejército español está corrupto desde antes de la guerra civil -¿cabe mayor corrupción que llevar a cabo un golpe de Estado contra el poder legítimamente establecido?- es una realidad por mucho que pretendan ocultarla con arrestos y leyes del silencio. Hace unos días se hizo público el caso de corrupción en el seno de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Getafe. Un coronel, una comandante y un teniente están acusados de malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad en documento público. Se da el caso de que el coronel acusado protagonizó un episodio de prepotencia y chulería militar contra la magistrada que investigaba el caso cuando esta ordenó un registro de ese cuartel. El coronel, haciendo uso de su superioridad jerárquica, retuvo a la jueza hasta que consiguió, pese a su resistencia a facilitarle la información qué dependencias iba a registrar y por qué. Que en un país democrático exista un justicia especial para militares da la idea de las continuas patadas que se dan a Montequieu y cuán anclado en el pasado está el ejército español en el que los resabios franquistas siguen imponiéndose a la democracia. 

2º:- El descontento por la corrupción, el despotismo, las mentiras electorales y la falta de transparencia empieza a pasar factura al PP. La diputada de ese partido en la Comunidad de Madrid, María Teresa Gómez-Limón, abandona el Grupo Popular por la falta de respuesta a sus misivas a Raxoi en las que pedía información y medidas contra los sobresueldos, las cuentas en Suiza de algunos militantes y otras opacas conductas de los dirigentes de ese partido, a la vez que critica acerbamente el tratamiento que el Ejecutivo de Raxoi dio al accidente del Alvia en Santiago de Compostela en el que murieron 79 personas y la propia Limón resultó herida. 

3ª.- Los periodistas somos seres incómodos en las sociedades donde la libertad es escasa y las fuerzas de seguridad actúan salvajemente. Cada vez son más habituales las agresiones a periodistas y fotoperiodistas por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de los policías autonómicos, mientras desempeñan su trabajo en manifestaciones y protestas públicas, actitud considerada como un grave retroceso en el derecho a la libertad de información y expresión en nuestro país que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) denuncian en un nuevo informe en el que incluyen casos particulares de varios incumplimientos de la ley por parte de la Policía. Según el informe, los profesionales que más sufren estas malas prácticas son los fotoperiodistas freelances  y los colaboradores de publicaciones modestas y emisoras comunitarias, de manera especial cuando registran las detenciones de manifestantes o las cargas de los agentes contra ellos. Ese retroceso en la libertad de expresión y el incremento de los obstáculos policiales al trabajo de los profesionales de la información ya fue denunciado en distintas ocasiones por otras organizaciones, destacando la de la representante sobre libertad de medios de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), Dunia Mijatovic,  que recordó en diversos comunicados que las agresiones a periodistas tienen que ser tratadas como "ataques directos a la libertad de expresión", y exigió  que se pusieran los medios necesarios para que, quienes ejercen el periodismo, puedan desempeñar su trabajo con seguridad. Exigencias que, obviamente,  el Ministerio del Interior no tomó en cuenta, considerando las palabras de la representante de la OSCE como una intromisión. Otro problema que afecta a la libertad de información y expresión es son los obstáculos a la labor informativa por parte de los gobiernos central y autonómicos, que "incumplen la Ley General de Comunicación Audiovisual" al no responder o denegar las solicitudes de licencias para emisoras de radio y televisión comunitarias sin ánimo de lucro. La norma, de 2010, contemplaba el reconocimiento de las "emisoras comunitarias", radios y televisiones sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil, una antigua reivindicación de las organizaciones sociales españolas."Pese a los cuatro años transcurridos desde la aprobación de esa ley, el Gobierno central aún no ha aprobado las disposiciones que prevé dicha norma respecto de las emisoras comunitarias, lo que es utilizado por algunas comunidades autónomas como excusa para negar las solicitudes de licencias", critican la FeSP y la ReMC. Esas emisoras suponen espacios críticos con el poder establecido que el Gobierno del PP no quiere que se produzcan, toda vez que controla la casi totalidad cadenas televisivas del país. Luego hablarán de Venezuela. 

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