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Asalto del PP a la libertad: De las omisiones a las multas o como imponer la censura en los medios



La censura de prensa, el dirigismo a los medios de comunicación es una de las señas de identidad de las dictaduras. Con frecuencia leemos en prensa afín al establishment  ácidas críticas a las políticas mediáticas de países como Venezuela, Cuba o Argentina. Mas es el PP el que, en Europa, está imponiendo políticas que recuerdan siniestramente a las del régimen franquista. Primero fue el asalto a la televisión pública, y las presiones a las cadenas privadas para que retirasen, o aún retiren en el presente, determinados programas. El Gobierno lo ha intentado con ‘El Intermedio’ presentado por el Gran Wyoming, o con Salvados, dirigido por Jordi Évole, ambos programas emitidos por La Sexta. Con quien tuvo éxito fue con el programa El Gran Debate, presentado por Jordi González, o con el presentador de Noticias Cuatro, Hilario Pino, cesado fulminantemente por emitir los abucheos a la vicepresidenta en un país sudamericano. 
 
Desde la televisión pública, cuyo director nombró el Gobierno de Raxoi sin consenso, en un asalto en toda regla a ese medio, imponiendo su ideología hasta convertirla en un trasunto de Canal 9 o Telecospedal, se producen constantemente manipulaciones ideológicas, u omisiones descaradas, como la protagonizada por los informativos de esa televisión con motivo del Día Internacional del los Desaparecidos. TVE emitió un reportaje en el que hablaba de los desaparecidos en Los Balcanes o Colombia, ignorando a los 114.000 desaparecidos del genocidio franquista. Las omisiones de información política, como forma de censura, es una constante en la televisión pública que, por sistema, no da informaciones de Podemos. Así el día de las elecciones europeas, cuando la BBC había entrevistado a Pablo Iglesias debido a su sorpresiva irrupción en el panorama político español y europeo de los cinco eurodiputados de esa formación, la radiotelevisión supuestamente pública española, apenas hizo mención de los cinco diputados logrados por la nueva formación. 

Con todo, las omisiones de la televisión pública, en manos de apesebrados del PP, empiezan a parece una anécdota ante las decisiones legislativas del Gobierno de Raxoi que pretende imponer una censura en toda regla en los medios de comunicación. En abril de este año, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba que la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecería una verdadera censura de prensa en relación a las noticias referidas a procesos judiciales o jueces, con el pretexto de que el órgano de gobierno de los jueces pueda ordenar a "quien perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta", o dicho más claro, que cualquier juez pueda ordenar a la prensa que deje de informar del caso que le concierna, como los de corrupción. De ese modo el Gobierno, una vez conseguido que los casos de corrupción caigan bajo la férula de sus jueces amigos, pueda dictar la censura sobre los mismos, para que la prensa no pueda informar, ni los ciudadanos enterarse, de asuntos como los relacionados con la trama Gürtel o el caso Bárcenas que tanto le perjudican ante la opinión pública. "La continuación o reiteración de tal comportamiento –dar información de un caso ‘problemático’- tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal", recoge el articulado de la nueva ley que supone la consagración de la censura. 

Más recientemente el Gobierno da otra vuelta de tuerca en su afán censor, al imponer un control férreo de los medios de comunicación a través de leyes que nada tienen que ver con una ley de prensa que les desprestigiaría si la hicieran siguiendo sus criterios censores. Así la nueva ley de Protección Civil, salida del Ministerio del Interior, a cuyo frente está el filofascista Jorge Fernández, contempla sanciones de entre 30.001 y 600.000 euros a los medios de comunicación social por “su resistencia, negativa u obstrucción a colaborar con las autoridades competentes en la difusión de órdenes, instrucciones e informaciones en situaciones declaradas de emergencia de interés nacional”. De esa forma el Gobierno se arroga la posibilidad de censurar informaciones como las que surgieron en el caso del hundimiento del Prestige, o casos similares con el pretexto de informar a los ciudadanos en casos de emergencia. 

Es posible que dentro de poco se saquen de la manga alguna ley ad hoc para obligar a la prensa a dar noticias sobre la falsa recuperación económica y sanciones a los medios que incluyan noticias negativas sobre cualesquiera asuntos que puedan perjudicar la imagen de un Gobierno que accedió al poder a través de un Golpe de Estado por medio de las urnas, y que está imponiendo una dictadura en la que la libertad del información se viene coartando desde que ocupó La Moncloa. 

Esquirlas




1ª.-  Tres personas murieron en España en los últimos dos años por falta de atención sanitaria. Recorte impuesto por el Gobierno de Mariano Raxoi que, hasta el momento, no pudo demostrar que haya supuesto un notable ahorro a las arcas públicas. El Ejecutivo da la miserable cifra de 5.000 millones de euros, cerca de la tercera parte de lo que regala a la secta católica, por ejemplo, con lo ahorrado por privar de uno de los Derechos Humanos reconocidos en las sociedades civilizadas. En los últimos días se conoció el drama de una inmigrante a la que la falta de atención sanitaria la hizo abortar. Parece que el nasciturus de esa mujer no tenía el mismo derecho a la vida que reclama el PP para imponer a las españolas la pérdida de su libertad a la hora de decidir cuándo quieren ser madres. El Gobierno parcela la sociedad y perfila quién cumple determinados requisitos para ser asegurado, y quién no. Requisitos que nada tienen que ver con la salud, que cambian y excluyen cada vez a más gente  -los jóvenes que salen de España más de 90 días, antes los parados que pierden todas las prestaciones, también pierden ese derecho- tienen una base común: sobre la de los ingresos que tenga cada cual. En el Estado español, el derecho a la salud está en venta. Se van construyendo categorías, etiquetas, acerca de quiénes son las personas afectadas por este decreto, y quiénes no lo son, pese a las críticas de la nada izquierdista Defensora del Pueblo y diversos organismos internacionales. Más la rapiña del Ejecutivo, facilitando los negocios a sus amigos, y su acendrado racismo no tienen límites ni decencia. 



2ª.- El Poc Honorable Jordi Pujol no solo concita la repulsa de la ciudadanía por sus años de latrocinio continuado desde la Generalitat, perpetuado, sin duda, por su sucesor Artur Mas, aunque de momento solo se hable del deshonorable Pujol y su prole. La plataforma Guanyem Barcelona, que este septiembre pone en marcha un proceso para constituir una candidatura de cara a las próximas municipales, hará mañana la presentación de la querella que interpondrán junto con Podemos contra Jordi Pujol i Solei, Marta Ferrusola i Lladós, sus hijos Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola y empresarios cercanos al entramado familiar, por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, soborno de funcionarios, malversación de fondos públicos y prevaricación. La querella fue redactada por las dos formaciones y contará con el apoyo de otros colectivos convocados a confluir con Guanyem en las próximas elecciones, como ICV-EUiA, Partido X y Procés Constituent, entre otros. En el acto de presentación de la querella intervendrán los portavoces de Guanyem Ada Colau y Jaume Asens, abogado, y el ex fiscal anticorrupción y exeurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, uno de los fiscales encargados del caso Banca Catalana. La acción legal de Guanyem y Podemos se sumaría a la que las entidades vecinales catalanas anunciaron la semana pasada y, según Lluís Rabell, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, "lo más probable es que las dos querellas acaben confluyendo".

3ª.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,  sigue desmarcándose de posibles coaliciones de izquierdas en la pretensión de conseguir mayorías él solo y anunció que en los próximos días presentará una agenda de regeneración democrática. Mas no habla de lo que realmente importa a la gente, cuáles serán sus propuestas económicas y si seguirá, como es de suponer, instalado en políticas económicas socialiberales y de apoyo a la Troika, al BCE, los dictados de Merkel y al capitalismo. De manera que es fácil pronosticar que sus propuestas sigan sin encandilar a una ciudadanía harta no solo del bipartidismo, sino del sistema mismo que está arruinando los derechos y las libertades de los ciudadanos.

4ª.- El juez encargado de la instrucción del caso que costó la vida a cinco chicas en 2012 en el Madrid Arena cierra la investigación con 14 acusados por homicidio imprudente y dos, ambos médicos, por imprudencia grave profesional. Uno de ellos es el Jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, que dimitió al conocer que el juez mantiene la imputación. Sin embargo ni un solo político tendrá que dar explicaciones de sus decisiones y sus relaciones sospechosas con determinados empresarios del mundo del ocio. Una vez más los políticos del Ayuntamiento de Madrid se van de rositas pese a la indudable responsabilidad a la hora de haber concedido la cesión del Madrid Arena a un empresario irresponsable y ‘amigo’. 

5ª.- Alfonso Guerra, aquel político que en su juventud afirmaba, sin duda con falsedad, que ‘a su izquierda el diluvio’, pide, en un artículo publicado en la revista Tiempo, que PP y PSOE se entiendan frente a Podemos y su ‘neocomunismo’. Guerra considera que las políticas económicas de ambos partidos han propiciado un malestar social que está en el origen del ‘despertar a dos monstruos que estaban dormidos desde hace años: el eurocomunismo y el neofascismo’. Aunque contra lo que carga principalmente el otrora supuesto izquierdista es contra los neocomunismos, “especialmente en Grecia y España", señala, en clara referencia a Podemos en el caso español, aunque no lo cita por su nombre. Es triste ver el deterioro mental de la gente con los años. O quizá solo sea un ataque de sinceridad después de décadas de fingimiento. 

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