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Ley Mordaza: El Gobierno da un paso más hacia una dictadura




El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobaba el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para enviarla a las Cortes donde, inevitablemente, será aprobada con la aplastante mayoría del PP. La que todos los sectores sociales y parte de la oposición bautizó como ‘ley mordaza’ supone un paso más hacia la dictadura de facto que el PP quiere imponer. Y que completará, si se aprueba esa ignominiosa medida que el Ejecutivo llama ‘medidas de regeneración democrática’ y que no son otra cosa que la voluntad de garantizarse, junto con las reformas de leyes electorales de las comunidades autonómicas, la permanencia en el poder del ‘partido único’. El PP, evidentemente. 
 
La ley mordaza está hecha a la medida de un partido que desconoce los usos democráticos para impedir las protestas de movimientos ciudadanos, como el 15M, que pone en cuestión las decisiones gubernamentales, la actual y desubstanciada democracia y el poder de los especuladores, bancos y empresarios abusadores. Toda la oposición, jueces, fiscales y abogados vienen rechazando una ley con infinidad de artículos que vulnerarán la Constitución. El más escandaloso de ellos el que deja en manos de la policía la decisión de sancionar, eliminando el papel de los jueces en un estado supuestamente democrático donde solo ellos están dotados para sancionar a los manifestantes. Mas el Gobierno del PP se puso la venda aún antes de que le saliese el grano que, efectivamente brotó, cuando la Audiencia Nacional exoneró a los manifestantes de Aturem el Parlament reconociendo a quienes protestan el derecho a hacerlo, incluso con cierta violencia, para combatir los abusos del poder, tal y como reconocía la sentencia emitida por los jueces Ramón Sáez y Manuela Fernández de Prado y el conservador Fernando Grande-Marlaska:"Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar” 

Las palabras de esa sentencia de la Audiencia Nacional evidencian hasta dónde el Poder Judicial pretende limitar los abusos de gobernantes y policías y por qué el Gobierno pretende apartarlos de la defensa de la represión que pretende llevar a cabo contra la ciudadanía que ose enfrentársele. El presidente del Consejo General de la Abogacía asegura considera que tiene "aspectos anticonstitucionales", Jueces para la Democracia mantiene que se trata de "un instrumento para poder acallar las críticas sociales" y la Unión Progresista de Fiscales denuncia su "marcado carácter represivo". También se alzaron voces particulares, como la del abogado Jaume Assens, defensor de infinidad de activistas del 15M, de Aturem el Parlament, y autor, junto con Gerardo Pisarello, de 'La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta' y miembro de Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Assens, considera que la ley mordaza contiene numerosos artículos inconstitucionales, aunque teme que, de presentarse recursos ante el alto tribunal, estos no prosperen dada que ‘el tribunal es suyo, los magistrados son suyos’. Situación esta que, como otros tantos asuntos, desvela el grado de podredumbre de un régimen en el que se ha perdido la estética de, incluso, guardar las apariencias democráticas, como ya advirtió la UE hace unos meses sobre la ausencia de independencia del poder judicial. 

 


Assens cree que El 15-M y la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) hacen más oposición que muchos partidos políticos. Consiguiedo que el miedo cambiase de bando. ‘La carga de deslegitimidad del régimen se ha logrado desde la calle, y ahora lo que se pretende es hacer un cambio de las reglas del juego. Ya lo dijo Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior), se avecinan tiempos recios y que, después de actuar muchas veces con la mano izquierda ahora toca actuar con la mano derecha. La propuesta tiene que ver con lo que dijo el conseller Felip Puig en su día: hay que reinstalar el miedo en el sistema’ manifestó Assens.

Otro abogado, Endika Zulueta, asegura que el Gobierno "teme a los movimientos sociales como agentes políticos con los que tratar de tú a tú y por eso los criminaliza con la excusa de la violencia". Por esa causa la ley mordaza ‘prevé la penalización de conductas que deberían estar amparadas por los derechos fundamentales de manifestación, de reunión y de libertad de expresión. Todo ello forma parte del 'golpe de Estado' al llamado Estado de bienestar protagonizado por los mercados. Ya no hace falta que salgan los tanques a la calle para encontrarnos con una policía altamente militarizada, regida por valores típicos militares y en una situación en la que se criminaliza la legítima protesta política. Se está legitimando la represión policial como una herramienta para resolver los problemas’. Zulueta cree que: "Estamos gobernados por psicópatas, no sienten el dolor que causan", se lamenta y tacha al Código Penal como "el código represivo por excelencia", encaminado a "enjuiciar a la población más pobre y más disidente con la actual situación socioeconómica. 

Mas aunque el rechazo a la ley mordaza es prácticamente unánime entre los jueces, fiscales, abogados, oposición y ciudadanía, el Gobierno de Raxoi aprobará la ley pergeñada desde el Ministerio del Interior por Jorge Fernández, el peor ministro de esa área que ha existido desde el nacimiento de la actual pseudemocracia, que va camino de convertirse en una auténtica dictadura. Sin poder contar con el Tribunal Constitucional que el PP nombró a su antojo con la pasividad de los grupos de oposición, hasta el extremo de nombrar presidente del alto tribunal a un militante de su partido, solo queda que los diputados de Podemos lleven, a través de una Petición al Parlamento Europeo, o al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, esa ignominiosa ley que acabará con el derecho a la protesta de una población en la que cada día existe más desigualdad, más pérdida de derechos, más abusos, y más corrupción. Todo lo que el Gobierno del PP quiere garantizarse que permanezca incólume persiguiendo a los ciudadanos que se opongan a tanta miseria y tanta vileza. 

Esquirlas. 

1ª.- La obsesión del PP contra Podemos ha hecho que su Escuela de Verano del Escorial no se dedique a hablar de aquello con lo que han titulado sus conferencias ‘la regeneración democrática’, o lo que el PP, que entiende poco de regeneraciones y nada de democracia, considera, sino a verter dicterios contra Pablo Iglesias y Podemos, poniéndose, como suelen hacer con frecuencia, en el más risible de los ridículos, como tienen por costumbre hacer aquellos que sacan a pasear sus incontinentes lenguas. En esta ocasión fue el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, quien arremetió contra Podemos, sin mencionarlo, al manifestar que  existe un "populismo bolivariano de telepredicador" que quiere "subvertir la democracia". A Floriano se le vieron sus tendencias ultraderechistas cuando dijo que, "¿dirían lo mismo si el que llaman a rodear el Parlamento, deslegitima las urnas, nos llaman casta, fuese un pretendido líder de la extrema derecha? Me temo que no. Lo llamarían, como yo lo hago, fascista". Aunque es de dudar que Floriano llamase ‘fascista’ a nadie con voluntad de insultarlo; al contrario, hizo un alegato fascista al criticar a quienes dicen que la democracia está secuestrada –y lo hacía el mismo día que su partido aprobaba la ley mordaza-, “y restan legitimidad al resultado electoral”, olvidando aunque debe saberlo mejor que nadie, que el resultado electoral logrado por el PP lo fue a base de falacias y de la nada democrática práctica de jugar con la ventaja que les dio contar con dinero extra proveniente de la financiación ilegal. 

2ª.- Pocas horas faltan para que los socialistas se pronuncien sobre quién regirá los destinos del PSOE en los próximos cuatro años. Las encuestas que publican distintos medios dan como ganador a Pedro Sánchez o a Madina, según sean sus simpatías y dan por perdedor a Pérez Tapias, el único que podría imprimir un cambio en ese partido que es el que esperan los ciudadanos para darle la confianza en futuras elecciones. Los dos primeros representan más de lo mismo en la pendiente por la que viene cayendo el PSOE desde que, en 2010, se puso al servicio de la Troika, de la oligarquía y de la banca. Mucho tendría que cambiar el PSOE para volver a concitar el entusiasmo de un electorado de izquierdas que hoy día se ve mucho más reflejado en Podemos que en las políticas de consenso con la derecha que lleva a cabo el PSOE, tanto en el parlamento español como en el europeo. 

3ª.- Bruselas investiga a la Generalitat valenciana por manipulación de estadísticas y por facturas falsas por valor de 1.800 millones de euros en gasto sanitario. Si se demuestra que se ha manipulado adrede, la sanción puede ser de hasta un 0,2% del PIB de España y lo tendremos que pagar, como otras tantas estafas, los ciudadanos. La Fiscalía de Valencia ve indicios de delito en esa ocultación millones, que también investiga Bruselas, para dilucidar si la Comunitat Valenciana “tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años". Según los expertos el sistema de falsear facturas no tenía nada de sofisticado: se adquirían productos o servicios que ni se contabilizaban ni se abonaban  –en la jerga política, facturas en el cajón-  hasta que se encontraba el dinero, normalmente vía crédito. Entonces afloraban y pasaban, generalmente, a engrosar la deuda de la Generalitat, que en la actualidad está prácticamente en quiebra a causa de la corrupción y el despilfarro que llevaron a cabo los sucesivos gobiernos del PPCV. 

4ª.- El Gobierno sionista de Israel sigue llevando a cabo una verdadera masacre contra los palestinos, bombardeando indiscriminadamente a la población civil. Hoy lo hizo sobre un Centro de Discapacitados, en una deriva de sadismo impune, al que la comunidad internacional no pone coto, y condena, si acaso, con la boca pequeña sin tomar medidas contra un Gobierno que no tiene nada que envidiar a los nazis que masacraron millones de judíos, que en el presente proceden contra los palestinos del mismo modo que los nazis actuaron contra ellos. 

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Comentarios

  1. Esto es una dictadura pura y dura y ya solo quedan algunas publicaciones de prensa digital y artículos como los tuyos.
    Son unos sinvergüenzas y tendrían que pagar sus fechorías pero en cárceles especiales, duras.
    Un abrazo

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