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Europa vuelve a tirar de las orejas al Gobierno del PP por su legislación hipotecaria



El Tribunal de Justica Europeo ha vuelto a llamar la atención al Gobierno de Raxoi, diciéndole que la reforma de la ley hipotecaria que llevo a cabo el pasado año no sirve porque vulnera los derechos humanos y los de los consumidores. Aún está por ver qué dirá de esa misma ley el Tribunal Constitucional, a cuyo frente está un magistrado con carné del PP, Pérez de los Cobos. 
 
Porque si la legislación española sobre hipotecas vulnera al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, y a la Directiva 93/13 en materia de consumidores, y señala que no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario, también lo hace con la ley de leyes del 78, porque ignora por completo los artículos 14, 24 y 47, que hablan, respectivamente de la igualdad de todos los ciudadanos, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a una vivienda digna. 

El PP, que tan solo respeta las leyes cuando le conviene, del mismo modo que hace caso a Europa cuando viene bien a sus intereses, hizo una reforma hipotecaria que no mejoró en absoluto los problemas de los ciudadanos respecto a las hipotecas, sino que incluso los agravó. No en vano los desahucios, que, desde que empezó la crisis en 2008 dejaron sin vivienda a seiscientas mil familias, aumentaron en 2014 un 5.7%, respecto a los más de setenta mil registrados en 2013.

La extrema tolerancia del PP con las medidas bancarias, que rozan el delito en muchas ocasiones, choca con una Europa que, a pesar de estar al servicio de los especuladores financieros, mantiene un cierto respeto a los ciudadanos que en este país, gobernado por la extrema derecha, se carece por completo. 

La escandalosa cifra de suicidios provocados por los desahucios no han tenido una repercusión legal contra los bancos, pese a que el Código Penal en su artículo 143. 1, señala que el que indujere al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Si se aplicase el Código Penal sobre los banqueros cuyas medidas abusivas llevaron a la muerte a miles de personas, estos tendrían que pasar lustros en la cárcel. Mas ya se sabe que en este triste país no existe una justicia igual para todos, ni todos gozan de la misma tutela judicial efectiva, como ha señalado el TJE, sino que los poderosos perpetran cuantos abusos quieren y los de a pie los sufren sin posibilidad de evitarlos. 

En todos los países europeos de nuestro entorno la dación en pago es la norma, sin embargo en este país, tanto PP como PSOE, se opusieron a ella para no molestar a la poderosa banca. Cuando la PAH presentó la ILP sobre hipotecas la apisonadora del PP se la cargó, del mismo modo que el Tribunal Constitucional acabó con la Ley de Vivienda de Andalucía, con el único objetivo de facilitar la vida y los abusos a la poderosa banca, que atesora seiscientas mil viviendas vacías en sus propios activos o en el FROB, a la espera de que acabe la crisis para seguir especulando con las viviendas que arrebataron a los usuarios, en muchas ocasiones con cláusulas abusivas y verdaderos latrocinios.

La resolución del TJE pone de nuevo en un brete al gobierno de Raxoi que tendrá que elegir entre obedecer a Europa o seguir sirviendo a sus amos de la banca. 

Esquirlas


1ª.- La legislación de este país, impregnada aún de franquismo, permitió que la secta católica celebrase, en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid, una misa conmemorativa del golpe fascista de Franco, del que se cumplieron el pasado día 18 setenta y ocho años. Que a estas alturas se permita la exaltación del golpismo y que una serie de descerebrados reaccionarios lancen proclamas a favor de un régimen fascista en Europa resulta incomprensible, a no ser porque los políticos de este país, desde la mal llamada Transición al presente, siempre mostraron una tolerancia inusual en un régimen democrático. Europa debería tomar cartas en este asunto, y exigir al Gobierno de España, que ilegalice los partidos golpistas y prohíba semejantes exhibiciones de fascismo. 

2ª.- El teniente Luis Gonzalo Segura entró el pasado viernes en un centro de internamiento disciplinario, en el que pasará dos meses de reclusión. Un castigo que le ha sido impuesto por un tribunal militar por haber publicado Un paso al frente., una novela a modo de alegato en la que el joven oficial denuncia que las Fuerzas Armadas siguen ‘ancladas en el siglo XX’,  regidas con mano autoritaria y plagadas de casos de corrupción en los que ‘la casta de los altos oficiales se aprovecha de sus privilegios, con la complicidad de una justicia militar nada independiente’. ‘Es muy duro perder la libertad en un procedimiento que vulnera el Tratado Europeo de los Derechos Humanos y, encima, por cumplir con mi obligación y denunciar lo que consideraba ilegal o irregular. Lo triste es que nadie lo investigue’ manifestó esta víctima de un Estado en el que la democracia es solo una apariencia. Ante su situación, el teniente Gonzalo ha comenzado una huelga de hambre.

3ª.- El Estado sionista de Israel ha asesinado ya a más de trescientos civiles, en su mayoría mujeres y niños  -la espeluznante cifra de estos alcanza los 80- y causado más de dos mil heridos. A las incursiones áreas se sumaron, a partir del viernes, operaciones terrestres, que siguen dejando un reguero de muerte y desolación. Pese al mensaje sionista, que pretende hacer creer a la comunidad internacional que sus acciones son meramente defensivas, las víctimas israelitas se reducen a dos, un soldado y un civil que contemplaba los bombardeos sobre Gaza. Mientras, la comunidad internacional sigue mirando para otro lado. 


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