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Del manifiesto que reclama un cambio radical ante la crisis ecológica a las falacias de Rajoy



“El crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta”. Son palabras recogidas en el manifiesto titulado ‘Última llamada’ firmado por cerca de doscientos cincuenta científicos, académicos, intelectuales, activistas y políticos, entre ellos Ada Colau, Pablo Iglesias o Alberto Garzón, que suscriben un manifiesto para reclamar un "cambio radical" de modelo, ante la crisis ecológica y de civilización, por la que camina el siglo XXI. La preocupación por un sistema depredador, que está agotando los recursos naturales y energéticos que están rompiendo el equilibrio de la tierra, es común a los movimientos sociales alternativos, al mundo científico y al de la cultura, al contrario que el de la indiferencia de los partidos gobernantes en, prácticamente, todo el mundo. 
 
“Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización” afirman los signatarios del manifiesto que consideran que “el siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida que seamos capaces de organizar después”.  La conciencia ecologista de los firmantes del manifiesto contrasta poderosamente con la política energética y ecologista de un Gobierno, el de Raxoi, que persigue las energías renovables y actúa como un verdadero depredador en sus planeamientos urbanísticos.

Con modificaciones verdaderamente atentatorias contra el equilibrio ecológico en la Reforma de la Ley de Costas, el PP pretende amparar los negocios urbanísticos y turísticos de sus propios dirigentes y sus amigos, al promocionar una política económica orientada al turismo para, de paso, convertir a la clase trabajadora española en mera esclava del sector servicios –camareros o limpiadoras-, al cerrar las puertas a la investigación y el desarrollo, con el intento de volvernos a una sociedad feudal, en la que la mayoría de los trabajadores no sean sino peones sin cualificar al servicio de la oligarquía.  


La firma del manifiesto ‘Última llamada’, pone en evidencia el abismo existente entre la sociedad civil y los dirigentes de izquierdas con los planteamientos de una oligarquía egoísta, suicida medioambientalmente hablando, y que condiciona sus acciones a rentables negocios a corto plazo, que al largo supondrán la destrucción del ecosistema. No es algo que tan solo suceda en nuestro país, la ausencia de conciencia conservacionista es común al capitalismo depredador, aunque este se disfrace de comunista, como el régimen chino. 


Al tiempo, en nuestro país continua ese lento genocidio al que alude el manifiesto, que se produce no solo por la ausencia de conciencia ideológica, sino por unas políticas ausentes de sensibilidad social, como las que lleva a cabo el PP. Por mucho que el Presidente de ese partido y del Gobierno, Mariano Raxoi, líder mundial de la falacia, proclamase, sin sonrojarse, en la clausura de la Escuela de Verano de la FAES, que su gobierno “no ha debilitado la política social en aras de la recuperación económica”, lo cierto es que los recortes llevados a cabo por su Gobierno están a punto de finiquitar el Estado del Bienestar. El presidente tuvo la desfachatez de afirmar que es "una enorme falsedad" acusarlo de anteponer la salida de la crisis a los derechos de los españoles y a los servicios públicos como la atención médica o educativa. 


Cualesquiera ciudadanos que están sufriendo las medidas de un gobierno que ha restado derechos a los trabajadores, pensionistas, dependientes, profesores, alumnos o parados saben que las palabras de Raxoi no son sino mendacidades para dar titulares a los medios afines a su política. Mas las cifras, tozudas como la realidad, dan fe de que Mariano Raxoi Brei miente cual bellaco: los centros de Educación públicos perdieron más de 24.000 docentes en dos años, en enero de 2012 había 510.579 docentes, que se redujeron a 486.331 en 2014, un 4.75% menos que afectó, sobre todo, a docentes fijos; en dependencia se redujeron, en junio de 2013, las dotaciones para ese fin en  939.642 y se aplazó, hasta el 2015 la incorporación de nuevos dependientes que solicitaron la ayuda; de 6.000.000 millones de parados tan solo 2.000.000 reciben prestación, dados los endurecimientos en las condiciones para recibirla aprobados reiteradamente por el Gobierno; en Sanidad son constantes las denuncias de sindicatos y usuarios por el desvío de pacientes a la Sanidad privada, al tiempo que numerosos pensionistas tienen que renunciar a sus tratamientos por causa del copago, mientras un gran número de específicos necesarios a muchos enfermos han desaparecido del catálogo de la SS social y deben abonarse íntegramente, lo que hace que muchas personas con bajos ingresos se vean obligadas a renunciar a ellos. 


Entre la firma del manifiesto que pide un cambio de orientación en las políticas energéticas y de consumo y las falacias del Presidente Raxoi, se percibe el divorcio entre la sociedad civil y la España oficial. La conciencia de los dirigentes de izquierdas y el cinismo de la derecha es tan evidente que casi no hace necesarios más comentarios. Es la constatación del abismo existente entre la sociedad real y los dirigentes encastillados en su torre de marfil, sus andróminas y su cinismo, con el que intentan engañar a unos ciudadanos manipulados por una prensa que silencia los movimientos ciudadanos, los planteamientos de los partidos de izquierdas –a los que criminaliza- y que da voz a las constantes mentiras de un Gobierno y un régimen cuyos únicos intereses son enriquecerse a costa, no ya solo de la ciudadanía del presente, sino de los futuros pobladores de un país y una tierra en riesgo de desaparecer a causa de la avaricia de un 1%.


Esquirlas 




Sigue el PSOE con sus debates para elegir al nuevo Secretario General, concentrado en el debate interno, en tanto el Gobierno actúa no ya como un partido con mayoría absoluta, sino como un verdadero autócrata que impone medidas legislativas a través de Decretos Leyes, y planea una reforma electoral en los Ayuntamientos que supone un verdadero atentado, no ya solo a la libertad, sino a la esencia misma de la Constitución que considera que ha de promoverse la pluralidad política. Mas el PSOE, en su constante mirarse el ombligo, no reacciona ante las tropelías democráticas de un Ejecutivo que está encantado con la pelea interna del principal partido de la supuesta oposición que no parece tal, como viene demostrando desde hace años, sino más de lo mismo. Debe ser por eso por lo que tanto PP como PSOE ven como enemigo a Podemos, porque esa formación ofrece un cambio de régimen, una manera diferente de hacer las cosas, en beneficio de los ciudadanos y contra los especuladores financieros. 


Las cámaras de La Sexta no dieron cuenta de ello. Tampoco los tertulianos aludieron al entusiástico aplauso que recibió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al entrar en el plató de La Sextanoche, en el que fue recibido por un fervoroso público puesto en píe que, al tiempo de sus aplausos, los acompañaba con la proclama de ‘¡Presidente! ¡Presidente!’. Hay que remontarse a 1981, cuando Felipe González parecía representar una opción de cambio, para recordar semejantes explosiones de entusiasmo por un dirigente político. Y es que la alternativa de PODEMOS a la actual situación de genocidio que se está produciendo, aprovechando la crisis, cada día cala más en una ciudadanía cansada de recortes, injusticias, compadreos y abusos. 


Con la llegada del verano los animalicidas se sienten crecidos. La promoción en información de siniestros espectáculos de tortura, como los Sanfermines, aunque no solo, sino miles de ‘festejos’ celebrados en infinidad de pueblos de la España profunda, ponen en evidencia la existencia de muchos ciudadanos cuyo respeto por los animales es inexistente y que perpetran toda clase de tropelías a causa de la inoperancia de una legislación y unos servidores de la ley que miran para otro lado a la hora de impedir y castigar semejantes atrocidades. En Gran Canaria, un cazador asesinó a sus dos perritas podencas disparándolas y destrozándolas a culatazos el cuello y el morro. Una de ellas fue encontrada con vida por una buena persona que la socorrió a pesar de que la policía que acudió al lugar donde el animalito agonizada entre aullidos dijo no ver nada. Por su compañera no pudieron hacer nada, pero a la más joven le dieron, al menos la posibilidad de morir entre cuidados veterinarios y caricias. Que se sepa el criminal autor de los hechos, a pesar de haber sido identificado a través del chip de las desdichadas podencas, no ha sido detenido. En Almería, una niña que vendía gatitos en la calle –actividad prohibida por la ley de protección de animales- cortó las ingles del cachorro que no había logrado vender,  y lo arrojó a un contenedor. Una pequeña que, de no recibir corrección a su salvajismo seguramente acabará convertida en psicópata. Las asociaciones de protección animal, que cada día son más numerosas, y cuentan con más seguidores, no dan abasto para luchar contra energúmenos sin alma que no reciben el castigo apropiado ni la reprensión social que merecen, en un país en el que la tortura animal es seña de identidad de algunos tarados que identifican la tortura con cultura y la caspa con tradición. En las calles de una ciudad española un agente de la policía atacó sin motivo alguno, a un perro que espera a su amo atado a un bolardo, con un spray de pimienta. Aunque la agresión fue grabada se desconoce si el supuesto agente de la ley fue expedientado y sancionado. Son algunas atrocidades que perpetran en este país individuos del que hay que dudar que sean personas, y que obran con la impunidad que les da una legislación, pero sobre todo un criterio social, aún abundante en este país, de que los animales no son sino objetos para que los supuestos humanos dispongan de ellos a su capricho, como propugna, a través de sus textos, la secta católica. 


Cerca de 400.000 euros –concretamente 385.000- es la cifra que nos cuesta a los ciudadanos la escolta que aún conserva el dimitido expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que se vio obligado a dimitir por el abuso que hacía de las dietas que concede ese organismo a sus presidentes, y que él utilizaba para solazarse en su vida privada en hoteles de cinco estrellas y viajes sin motivo. A pesar de su deshonrosa salida del Tribunal Supremo y el CGPJ, Dívar mantiene una protección similar a la de los expresidentes de Gobierno, en una actitud que jueces y fiscales consideran ‘vergonzosa y exagerada’, aunque el Ministerio del Interior justifica el mantenimiento de sus escoltas con el pretexto de que ‘está amenazado por ETA’, a pesar de que la banda terrorista dejó de asesinar hace más de dos años, y con ese argumento se retiraron escoltas a otras personalidades, como el juez Garzón. 

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Comentarios

  1. Querida Luisa, estoy empezando a ver y a sentir un abismo, que difícilmente, vamos a conseguir que Educación, Sanidad y Dependencia, será muy difícil su recuperación y volver a las anteriores cotas que teníamos antes de que estos psicópatas de nos desgobiernan no acaben con todo.
    Un abrazo

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  2. Desde luego no lo hará con el actual sistema. Tendrá que haber un verdadero 'cambio de régimen' para recuperar los derechos que nos ha robado este gobierno a sueldo de los especuladores financieros y la oligarquí en general. Pero yo creo que sí podrá cambiarse, si todos empujamos PODEMOS.
    Otro abrazo para ti.

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