Ir al contenido principal

Doble vara de medir e insólitas sentencias: El escarnio de la Justicia.



Un ilustre bloguero, Javier Marcos Angulo, autor del blog ‘Clamores’ suele decir que la Justicia en este país más parece ‘pesticia’ que justicia.  Es inevitable recordar esa ironía al comparar el rigor de algunos jueces y la complacencia de otros, en casos que escandalizan, ya sea por el rigor de las sentencias, ya sea por la laxitud ante casos que crean alarma social, pero que pareciera que no tienen importancia, si quienes los perpetraron fueron gentes de la política. O de la casta, como tan mal le suena a algunas pieles sensibles que diga el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al hablar de esos políticos profesionales y acomodados en sus poltronas desde hace lustros que tanto abundan en este país. 

Que la justicia no es igual para todos, por mucho que el abdicado monarca dijese lo contrario, es algo que los ciudadanos tienen asumido. No lo es por las diferentes varas de medir que aplican algunos jueces y por la contestada reforma del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que con el criterio contrario del poder judicial, fiscales y la ciudadanía en general, decidió que existiera una justicia para ricos, los que pueden pagar los recursos y una para pobres, que tienen que resignarse con las decisiones de las primeras instancias sean o no justas. 
 
Basta, para constatar la doble vara de medir de los jueces, el caso de Carlos C.N. y María del Carmen B.C., condenados a tres años y un día de cárcel y multas de 2.880 euros, más las costas del proceso y una indemnización de 767 euros, por su actuación durante un piquete informativo del Movimiento 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012. El juez dictó la pasada semana, y con una insólita celeridad para la habitual lentitud de la Justicia, el auto que inicia el proceso de ejecución de la sentencia y ordena la detención y el ingreso en un centro penitenciario de los dos condenados, lo que es lo “habitual”, según afirman fuentes de ese juzgado, cuando se trata de una pena que supera los dos años de cárcel y la resolución es firme. Aunque no es tan habitual cuando los delitos no fueron cometidos por ciudadanos de a pie que ejercían, en teoría, un libre derecho como el de manifestación, sino por políticos que abusaron de sus cargos para vulnerar los preceptos legales, o sencillamente robar con todas las letras. 

En el País valenciá tres altos cargos condenados a penas superiores a dos años, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández, convicto de un delito de prevaricación y falsedad documental, condenado por sentencia ratificada por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión, sigue tranquilamente en la calle a la espera de que se le conceda el indulto. En similar caso está el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Otro caso llamativo es el del exconseller Rafael Blasco Castany, condenado por el TSJ de València por haber desviado los fondos de la Conselleria de Ciutadania y Solidaritat, destinados a ayudas en el tercer mundo, a cuentas propias y de sus amigos. Blasco fue condenado a siete años, aunque no entró en prisión porque, a la espera de la ratificación de la sentencia por parte del TS, se escaqueó por haber pagado la módica fianza de 200.000 euros que fijaron los complacientes jueces valencianos.

A las diferentes maneras de aplicar la justicia, con la colaboración de una Fiscalía sometida jerárquicamente al Gobierno, y que ha decidido criminalizar, perseguir y condenar a quienes protesten en la calle y que en el presente tiene solicitados más cien años en penas a sindicalistas o integrantes de movimientos ciudadanos por participar en protestas o en las Huelgas Generales de 2010 y 2012, hay que añadir sentencias que resultan una verdadera afrenta a los derechos y la dignidad de la ciudadanía. Es el caso de la dictada por un juez de Pamplona que desestimó la denuncia de un joven contra la policía por haber quedado tuerto a causa de un impacto de una pelota de goma. El juez, que justificó la violencia policial según consta en su auto, porque los agente “sufrieron insultos y lanzamientos de objetos con notable paciencia hasta que se hizo imprescindible el uso del material antidisturbios" considero que era ‘intrascendente’ que el denunciante participara o no en la protesta, para determinar si existía o no responsabilidad penal por parte del agente que lanzó la pelota de goma. 

Para el autor de la indignante sentencia, lo importante estaba en que el uso del material antidisturbios "fue proporcionado y necesario y que los agresores de los funcionarios policiales eran personas que se encontraban en las inmediaciones de donde estaba el denunciante". Con ese criterio, la citada señoría concluyó que "hacen que no quepa hablar de ningún tipo de responsabilidad penal por el uso del material antidisturbios y, por tanto, quizás el denunciante debería considerar la posibilidad de dirigir su reclamación frente a los organizadores de la manifestación o reunión".  Aún tendrá que estar el joven denunciante agradecido de que no le hayan pedido una pena de cárcel por estar en una zona donde se manifestaban rojos peligrosos. 

Duras condenas a manifestantes o sindicalistas, desahucios inhumanos, timo de preferentistas que quedan impunes, casos de venta de niños que son ignorados por la Fiscalía, crímenes de la dictadura y miles de desaparecidos que la judicatura ignora, pasividad ante los delitos de los poderosos, insólitas sentencias, jueces que anteponen su ideología al derecho, órganos judiciales manejados por un Gobierno que bochornosamente anuló el principio de Justicia Universal para complacer a chinos y americanos. Y un CGPJ supeditado a los deseos del poder político, que coloca a magistrados afines en los altos tribunales, para así manejarlos a su antojo, como hizo con el Tribunal Constitucional, presidido por un militante del PP. 

Son los mimbres del cesto de una Justicia que podría llamarse de cualquier otro modo, porque no se parece en nada a lo que debiera ser, si este país fuese democrático y serio.

¡SALVA ESTE BLOG Y AYUDA A SU AUTORA!
Si quienes gustáis de la lectura de este blog contribuís con una pequeña cantidad garantizaréis la pervivencia de un espacio de libertad informativa sin supeditaciones al poder
Colabora en la libertad de expresión e información que tanta falta hace en este país y échale un cable a una periodista en la miseria por culpa del PP
Puedes ver cómo en el siguiente enlace:

Comentarios

  1. Gracias por la mención que haces al principio de tu estupendo escrito, pero a nadie se le escapa que esta Justicia, evidentemente, no es justa, es una Pesticia.
    Y por supuesto mientras nuestros jueces estén en el lado de esa pesticia, poco podremos hacer por la igualdad de la ley para todos.
    Un abrazo

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

26J: ¿Pucherazo o estupidez del pueblo?

Susana Díaz: El enemigo en casa

Crónica en negro del País Valencià: ¿Carlos Fabra implicado en asuntos mucho peores que la corrupción?

Quienes gustan de la historia, saben que muchos acontecimientos nunca explicados por los coetáneos de hechos ominosos, acaban apareciendo claros como el cristal con el transcurrir de años, o de los siglos. Acontecimientos políticos, guerras sin sentido que respondían a intereses económicos ocultos o, incluso, a pasiones de índole sexual, se desvelaron con el paso del tiempo aunque, para quienes fueron testigos directos hubieran constituido secretos insondables.
Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…