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De la represión a la inquisición: Crónica de disparates patrios.



Mal empieza el reinado de Felipe VI al hacerlo con una desmesurada represión ciudadana que, no se sabe si parte del Gobierno, pero que en cualquier caso es tolerada o aprobada por la Casa Real que parece no poner inconvenientes a las medidas de seguridad impuestas por un Ejecutivo que considera ‘terrorista’ a cualquier ciudadano que muestre su protesta por la falta de democracia que se sufre en este país, que va de la represión a la desmesura y a la criminalización de todo el que no piense como desea el Gobierno. Si esas políticas de criminalización de la protesta no son nuevas, porque desde que surgieron del 15M o Rodea el Congreso, el Ministerio del Interior lleva a cabo medidas más propias de una dictadura que de una democracia, con la coronación o proclamación del nuevo monarca que, hay que recordarlo, lo será sin haber consultado al pueblo si quiere monarquía o república, ha alcanzado cotas de paranoia. 
 
Ya hace unos días el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, manifestaba que se temía un atentado terrorista cometido por anarquistas. Anarquistas que solo existen en la calenturienta mente del cargo citado, que debe considerar de tal ideología a cualquier ciudadano que no proclame su fervor monárquico o que no sea, además, votante incondicional del PP. Porque si hace unos años protestar delante del Congreso, supuesta sede de la soberanía popular, era algo natural, hace ya meses que el Ministro del Interior –el peor de toda la historia de esta pseudodemocracia-, Jorge Fernández, decidió que hacerlo supone ‘un delito contra las altas instituciones del Estado’, que se puede castigar, con el código penal en la mano, con penas de hasta cuatro años de cárcel. 

Así, el nuevo rey será proclamado entre medidas de seguridad que rozan la paranoia, al haberse activado una alerta antiterrorista de absoluto control de la ciudadanía. De ese modo el reinado de Felipe VI comienza con el estigma de la represión, con un vallado aún mayor si cabe de la zona del Congreso de los Diputados. Además, se cerrará el espacio aéreo de Madrid, para evitar ataques con cohetes, aviones o drones; habrá francotiradores en los tejados, especialistas en ciberataques, vigilancia especial de redes y suministros de agua y energía, desactivadores de explosivos, los perros policía olfatearán toda la zona, los agentes de subsuelo recorrerán kilómetros de túneles para sellar toda alcantarilla, a la vez que el Ministerio Interior ha acordado que ese día se aplique la orden de ‘tolerancia cero' ante las protestas que se puedan producir. Para hacer cumplir esa decisión desplegará 2.000 agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial procedentes de toda España. Los comerciantes de la zona están siendo entrevistados durante estos días por la policía con el objeto de recordarles que el 19-J serán controlados. Muchos son los que se están planteando cerrar sus tiendas durante la ceremonia, dado que, situados en grandes cuadrantes de seguridad limitados por vallas, no se podrán mover mientras pase la comitiva oficial.

Y si la proclamación de Felipe VI tiene tintes de dictadura por las medidas de seguridad impuestas por un Ministerio del Interior que considera enemigos a los ciudadanos, peligrosos anarquistas a cualesquiera de los que intenten mostrar su desacuerdo, se registran en algunos juzgados decisiones que recuerdan a la Inquisición y que hacen dudar al lector de algunas noticias de si los periodistas se habrán vuelto locos, o si es a algún juez, o jueza,  a quien le falla el sentido común. 

Leer titulares como el que abre hoy la información de eldiario.es, en la que se puede leer: ‘La jueza basa la imputación a Elpidio Silva en una testigo que le acusa de hacer "magia negra”’, hace plantearse si estamos ante una broma, ante un fenómeno de máquina del tiempo que nos retrotrae al siglo XVII, o si miembros de la judicatura no deberían abandonarla dada su ausencia de seriedad. Según explica la noticia del citado digital, el caso que se sigue contra Elpidio Silva por haber filtrado, supuestamente, los correos de Blesa, se basa en una testigo que acusa al juez en excedencia de practicar contra ella "exorcismos" y "magia negra". La mujer, que ante la Fiscalía y la Policía se presentó como examante de Silva, afirma que el magistrado le pinchó el teléfono a través de unos colaboradores y que temía que le enviara "un sicario". La policía desaconsejó que se tuviera en cuenta la declaración de semejante testigo, a pesar de ello, la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Susana Polo, mantiene la condición de testigo protegida para tan imaginativa persona, a petición de la Fiscalía que impulsa el caso por orden de Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid. 

Si manifestarse ante la sede de la soberanía popular es un delito de atentado contra las altas instituciones del Estado, y cualquier chiflado puede hacer que un juez nos procese si se nos acusa de practicar la magia negra, algo no funciona en este país que se aleja, a velocidades siderales, no ya de la democracia sino del sentido común. Si el Fiscal General del Estado no abre un expediente al señor Moix por dar crédito a una acusación de magia negra, y el futuro Rey no le dice al Ministerio del Interior que no puede, con el pretexto de garantizar su seguridad, criminalizar a la ciudadanía y sojuzgarla como en una dictadura, ambas instituciones demuestran que tendrán todo el poder que quieran detentar, pero que no es un poder propio de una democracia sino de tiranuelos. 

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Comentarios

  1. He preferido en el RT poner el último párrafo de tu artículo, que resumen perfectamente lo que está pasando en España.
    Un abrazo

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