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Cuando los árboles de la abdicación no dejan ver el bosque de los abusos económicos del Gobierno.




Obsesionados o engolfados en la abdicación real, como si fuese el asunto más importante que existiera en este país, la prensa oficial no informa de que el Gobierno sigue perpetrando abusos económicos contra la ciudadanía al tomar medidas que la perjudican, puesta la mirada tan solo en los intereses de la oligarquía económica. Así, a pesar de que el Consejo Económico y Social advierte en la Memoria de 2013, de que el fin de la recesión no ha impedido el empeoramiento de la situación social en España, y asegura que la crisis "entraña el riesgo de cronificar situaciones de pobreza que hasta ahora eran coyunturales", el Ejecutivo ha decidido devolver 1.300 millones de euros del rescate bancario porque considera que “con esa medida se ahorrarán intereses y es una buena señal que se envía a los mercados”. O dicho en román paladino: Se beneficia a los especuladores españoles que recibirán ese ‘dinero a chorros’ del que hablaba hace unos meses el banquero Emilio Botín. 
 
Nada le importa al Ejecutivo que la memoria del CES, subtitulada "Diagnóstico compartido por los agentes sociales de la situación económica y laboral", subraye que, “el riesgo de pobreza y exclusión social afecta ya al 28,2 % de la población, dando lugar a que España haya alcanzado el mayor índice de desigualdad de ingresos de la Unión Europea”. Al tiempo hace constar su preocupación por el dramático hecho de que las tasas de pobreza infantil, casi el 30 %, sitúen a este país en el puesto más elevado de la Unión Europea, después de Rumanía. Igualmente  hace constar que “los dispositivos con que cuentan los servicios sociales en general y las rentas mínimas de reinserción no sólo resultan insuficientes para afrontar esta situación de crisis sino que están disminuyendo". 

Lo lógico sería, si el Ejecutivo tuviese una mínima sensibilidad social, que ese dinero que piensa devolver del crédito del rescate a la banca, sin que sea necesario hacerlo, lo invirtiese en paliar la angustiosa situación económica de millones de españoles. Dado que, aunque el CES valora el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, también cuestiona su eficacia dado que muchas de sus acciones y propuestas están pendientes de desarrollo normativo y de una adecuada dotación presupuestaria. O dicho en otras palabras, como otras tantas medidas anunciadas por el Gobierno del PP, el citado plan no es sino mera propaganda, porque, como diagnostica el CES “España se sigue situando por debajo de la media europea en gasto de prestaciones sociales mientras que el agotamiento de la protección por desempleo en el supuesto de paro de larga duración lleva a cuestionar el alcance y el enfoque de las políticas sociales".

Mas nada de esos datos importan a un Gobierno que tan solo dedica sus desvelos a proporcionar negocios a las grandes empresas, las mismas que durante años inyectaron grandes cantidades de dinero al PP, para que este pudiera repartir substanciosos sobresueldos entre sus dirigentes, con el objeto de que, cuando llegasen al poder, legislasen a la medida de sus deseos. En ese modelo de gestión económica, de medidas arbitrarias tomadas únicamente para el beneficio de empresas amigas, se puede encuadrar la persecución del Ejecutivo a las energías renovables, a las que el pasado Consejo de Ministros aplicó un nuevo recorte de 1.700 millones de euros, que supondrá, además, las demandas de decenas de inversores internacionales que han denunciado al Estado español por inseguridad jurídica. Poco importa al Ejecutivo que, desde que llegó al poder, emprendió una cruzada implacable contra las energías renovables por, seguramente, inconfesables intereses económicos con las petroleras y las eléctricas. ¿Tendrá que ver esa cruzada contra las energías renovables el hecho de que el rey cobre comisiones por cada barril de crudo que compra este país a los países del Golfo? Ahí queda esa pregunta de imposible respuesta, dado que nadie habla en esta supuesta democracia de la fortuna del rey. 

Al tiempo que el Ejecutivo acaba con las energías renovables y propicia la llegada a nuestro país de inversores que se sentirán atraídos por el mensaje de solvencia económica que supondrá la devolución de un rescate que pagan todos los ciudadanos, recorta continuamente en Sanidad o Dependencia hasta extremos tan escandalosos que bien deberían dar lugar a que algún colectivo denunciase a este Gobierno por genocidio, dado que está aplicando recortes que cuestan la vida a numerosos enfermos. Entre esas medidas inhumanas tomadas por el Ministerio de Sanidad  -a cuyo frente está la señor Mato, a la que las investigaciones de la trama Gürtel señalan como una de las beneficiarias de los regalos de Correa y sus amigos- cabe mencionar la decisión de no asumir el tratamiento de la Hepatitis C por su elevado coste, incluso en el caso de aquellos pacientes que se contagiaran la enfermedad en quirófanos hospitalarios. A esa despiadada decisión hay que sumar los miles de casos de enfermos de sida o cáncer, que ven limitado su acceso a la medicación adecuada debida a su elevado coste, que la Sanidad Pública se niega a asumir.  

El abandono a los dependientes es otra de las decisiones gubernamentales que ponen en evidencia la brutalidad de un Ejecutivo al que no interesan las personas sino tan solo los mercados. La decisión de desprenderse de mil trescientos millones de dinero público para satisfacer, antes de tiempo, el rescate bancario podría estar relacionado con el pánico que sufren los capitalistas ante la posibilidad de que el pueblo se harte y alcance el poder una formación decidida a no pagar la deuda odiosa, llevando a cabo una auditoría sobre el montante real de lo que se debe y desentendiéndose de deuda adquirida para salvar a los bancos. 

La falta de atención para con los sectores más vulnerables de la sociedad junto con las decisiones arbitrarias y los recortes inhumanos, tendrían que llevar a estos gobernantes ante el Tribunal de la Haya. 


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