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Presos políticos, denuncias falsas, impunidad de corruptos… y líderes del PSOE distraído entre galgos y podencos.



La situación de este país empieza a ser irrespirable. El Gobierno del PP, con la ayuda de algunos jueces, está convirtiéndolo en una dictadura de facto. Desde el 22M dos jóvenes, de 18 y 22 años, Miguel e Isma, permanecen encarcelados, sin más pruebas que las acusaciones, indemostrables, que aportó la policía. Su encarcelamiento responde a los modos que aplican jueces y policías en las dictaduras. En un país democrático, se supone que nadie puede ser encarcelado durante tanto tiempo sin que se lleve a cabo prueba alguna, y con el solo testimonio, rocambolesco, de unos agentes de los antidisturbios que vienen dando muestra, habitualmente, de falta de respeto por la democracia, amparados por los actuales responsables de Interior que, desde que llegaron al poder, dan señales de actuar como políticos de una república bananera. 
 
Y si a estos jóvenes encarcelados sin pruebas y sin razón los mantienen encarcelados sin juicio, a dos miembros del 15M, un joven médico de 25 años y una mujer parada de 56, el Juzgado nº1 de Granada los acaba de condenar a tres años y un día de cárcel, por participar en un piquete informativo durante la Huelga General del 29 de marzo de 2012. Este es uno de los primeros casos que la Fiscalía persigue con inusitada dureza, más propio de un Estado dictatorial. Pero habrá muchos más, porque en total, para todos aquellos sindicalistas o activistas ciudadanos que participaron en las manifestaciones de las huelgas generales y fueron señalados por la policía, la Fiscalía solicita más de cien años de cárcel. 

Los casos de sindicalistas o activistas ciudadanos maltratados y perseguidos por  policías y fiscales –el Gobierno, en suma- se multiplican alarmantemente en los últimos tiempos. Rubén Ranz y José Manuel Nogales, ambos del sindicato UGT, entraron en una cafetería que permanecía abierta, durante la huelga general del 29M de 2012, para dejar unos panfletos. Pero –explicaba Ranz- "uno de los camareros se encaró con nosotros". Tras un intercambio de voces, "los antidisturbios, que nos venían acompañando desde el principio, cargaron contra nosotros sin avisar. Nogales cayó al suelo y le detuvieron. A mí me arrestaron cuando les dije que no se llevaran al mayor de todos". Las consecuencias se resumen en una acusación de la Fiscalía por un delito de atentado contra agente de la autoridad, otro de lesiones y otro contra el derecho de los trabajadores. Un total de tres años y siete meses de prisión para cada sindicalista. 

Tampoco ellos son los únicos, porque hace pocos días eran condenadas a tres años y un día de cárcel dos jóvenes galegas, Tamara y Ana, por participar en un piquete durante una huelga para mejorar el convenio colectivo de su sector. Su delito fue arrojar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños, ya que la empresa para la que trabajaban se encarga de su mantenimiento. Además tendrán que pagar una multa de casi 1.200 euros por los desperfectos causados. El juzgado de primera instancia las condenó a seis meses de cárcel y una multa, pero la Fiscalía Provincial de Pontevedra recurrió la sentencia pidiendo la pena máxima por coartar el derecho al trabajo de sus compañeros. Ana está embarazada y podría dar a luz en prisión por -no está probado que fueran ellas dos- manchar el agua de una piscina.

En ocasiones la fiscalía no exige penas tan contundentes, pero los poderes del Estado no cejan en querer que cualquier ciudadano que proteste acabe pagando su osadía. Porque en Sevilla, el juzgado nº5 de esa ciudad, ha encausado a siete feministas acusándolas de ‘deslucimiento de bienes inmuebles’, o lo que es lo mismo, de haber realizado pintadas en la sede del PP de la ciudad de la Giralda, en contra de la ley de aborto de Gallardón. También sin pruebas, nadie las vio realizando las pintadas, pero la policía de Jorge Díaz –el peor ministro del Interior de toda la historia de la pseudodemocracia- decidió señalarlas a ellas, como podría haber señalado a cualesquiera otras de las mujeres que se manifestaron contra la reaccionaria e inicua ley de Gallardón. Como a otros miembros del grupo feminista Asamblea de Mujeres Diversas, a las que la policía persigue constantemente. “La policía tiene órdenes políticas de criminalizar este movimiento que va en contra de la reforma de la Ley del Aborto, porque, si no, no entendemos que gasten dinero y recursos para esto" manifestó a la prensa el abogado que defendió a otras mujeres acusadas de la misma falta y que fueron declaradas inocentes. 

Al tiempo, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, miembro del PP y receptor de sueldos millonarios durante algún tiempo, recibía cerca de seiscientos mil euros de la trama corrupta Gürtel en dinero contante, coches, viajes y fiestas infantiles para sus hijos, junto con su exmujer –que entonces lo era, y en régimen de bienes gananciales- la Ministra de Sanidad, Ana Mato. La Agencia Tributaria, que ha constatado las prebendas recibidas por el matrimonio Sepúlveda-Mato, afirma que no cometieron delito alguno porque defraudaron al Fisco menos de ciento cincuenta mil euros y recibir donativos de una trama corrupta no es delito en esta dictadura encubierta, en la que los ladrones campan a sus anchas, y quienes luchan por los derechos de todos acaban en la cárcel.
Tampoco entran en ella los juzgados y convictos Jaume Matas, expresidente del Gobierno Balear del PP y Pedro Hernández Mateo –exalcalde de Torrevieja y exdiputado en Les Corts de Valéncia- que, acogidos a un posible indulto, pasean su impunidad por las calles de un país en el que los políticos y los banqueros roban al pueblo y al pueblo se le encarcela por tan solo protestar.  

Y mientras estas cosas suceden en España, el principal partido de la oposición, el PSOE, ciego y sordo a los problemas de la ciudadanía, se entretienen en un estúpido juego de galgos o podencos, preguntándose a quién colocar en la Secretaría General, con el fin de seguir manteniendo una política de connivencia con los dictadorzuelos disfrazados de demócratas del PP, como quieren algunos de sus viejos dirigentes y de espaldas a su militancia. 

Si el PSOE quiere ser de verdad PSOE (Partido socialista OBRERO español) bien haría en olvidarse de unos dirigentes acomodadas en el neoliberalismo y ponerse a trabajar con contundencia para acabar con esta dictadura encubierta que se padece en el país, en lugar de pensar en pactar con quienes la ejercen. 

Eso, o tendremos que olvidar que hace 135 años, un señor llamado Pablo Iglesias Posse, creó un partido que en nada se parece a lo que han hecho de él sus dirigentes de los últimos treinta y cinco años.

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Comentarios

  1. Tienes tanta razón en todo lo que dices, que siento vergüenza de este país, que de momento es el mío. Tanta vergüenza siento que como sigan así aquí puede ocurrir algo gordo cualquier día de estos.
    Un abrazo grande Luisa y de paso maldigo para siempre al salvaje o salvajes que hayan hecho lo que relatas con un perro.

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