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La ‘puta manía’ del PP de criminalizar a quienes molestan.

Una antidisturbios rocía con gas a uno de los inmigrantes que estaba en lo alto de la valla de seis metros de altura en su intento de alcanzar Melilla el 1 de mayo/ Fotografía: José Palazón.


En tanto que la señora vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, levantó la veda del uso público de palabras ‘malsonantes’, se supone que a nadie podrá reprochársele tal uso, sobre todo a la hora de calificar algunas actitudes de los integrantes del Gobierno en particular y de los dirigentes del PP en general, que invitan a afirmar que ambos tienen la puta manía de criminalizar a todos aquellos que consideran que les acarrean problemas. Como los integrantes del partido de la mayoría parlamentaria obviamente no conocen lo que es ser demócrata, consideran que cualquier actividad que los contraría es llevada a cabo por antisistemas, delincuentes, violentos, enemigos de la Patria o de la Constitución. 

No importa que sea precisamente el PP el que viene resultando un partido antisistema, en tanto legisla en contra del sistema democrático al hacer leyes como la mordaza, o se carga el sistema público de salud, privatizándolo. Sin duda, a su juicio nada tiene que ver con el patriotismo sacar fortunas de este país para llevárselas a paraísos fiscales, tal que hacen infinidad de cargos del PP y, según se infiere de las investigaciones judiciales, muy posiblemente el propio partido como institución. Tampoco se consideran enemigos de la Constitución por vulnerar la mayoría del articulado de la Ley de Leyes, empezando por el derecho a la vivienda o al trabajo y terminando por la libertad de expresión y opinión, porque, como han declarado sin empacho el único artículo que consideran hay que cumplir y hacer cumplir es el 2º, el que habla de la indivisibilidad del territorio. Son siempre los demás los que agreden, vulneran o contravienen. 

Es lo que viene haciendo el ministro del interior, Jorge Fernández -el peor y más fascistoide personaje que ha ocupado esa cartera-, con el sensible asunto de la inmigración. Como las cotas de violencia, que podría calificarse de auténtico salvajismo, contra los desdichados que intentan saltar la valla de Ceuta y Melilla empiezan a escandalizar a propios y extraños y Europa empieza a enseñar los dientes, justifica la brutalidad policial, que cumple sus órdenes sin empacho y posiblemente encantada, criminalizando a los inmigrantes. 

El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, acusó ayer –sin pruebas- a un grupo de inmigrantes que intentó saltar la siniestra valla plagada de cuchillas, de ‘virulencia’ (1) y de lanzar ropas incendiadas a las fuerzas de seguridad. Curiosamente no hay una sola prueba gráfica de tales episodios que, en cualquier caso, tendrían la justificación de que luchan por su vida y su libertad. De lo que sí existen pruebas documentales es de la agresión de un policía a un inmigrante con un extintor, del uso de gas pimienta, que ha declarado que se seguirá utilizando por la policía contra quienes quieran saltar la valla, o de las brutales palizas que propina la policía de Hassan II –el amigo del Borbón- a las personas que son devueltas a Marruecos incumpliendo la ley de Extranjería, leyes y tratados internacionales y los más elementales Derechos Humanos. No quedaron ahí las declaraciones del Delegado del Gobierno en la ciudad africana, porque añadió con desfachatez que los inmigrantes se suben a la valla ‘porque está de moda’. Habría que obligar a ese infame individuo a vivir una temporadita en los países de origen de quienes intentan llegar a Europa, cruzando África a pie en penosas circunstancias y vivir meses en el Monte Gurugú sometido a las fechorías de la policía marroquí. Y luego que hablase de modas. 

Justifica el Ministerio del Interior -a cuyo frente está un individuo que alardea de su religión con patéticas e hilarantes declaraciones sobre la protección al país de seres imaginarios, pero no aplica para nada los principios evangélicos con los inmigrantes-, la violencia y crueldad con la que son tratadas las personas que aspiran a buscar una vida mejor en una falsa tierra de promisión, en que estos portaban ‘enseres para hacer daño a la policía’. Tales enseres eran cuerdas, garfios y palos para intentar trepar a la siniestra valla plagada de cuchillas. El ministro del Interior y sus acólitos, por no decir secuaces, debieron pensar que con esas mendaces declaraciones justifican el uso de gas pimienta, pelotas de goma y cualquier día fuego real; entregas en ‘caliente’ sin respetar los tratados internacionales y todas y cualesquiera de las brutalidades que perpetran los representantes de eso que desde el Ministerio llaman ‘orden público’ y no es sino feroz represión y vulneración de Derechos Humanos. 

El salvaje e inhumano trato que propinan las fuerzas de seguridad a las órdenes del Gobierno del PP puede parecer abyecto, reprobable, internacionalmente ilegal, criminal si se quiere, mas no puede extrañar, dado que tampoco las actuaciones policiales contra los nacionales pueden ser consideradas respetuosas. Desde la salvaje represión contra la protesta de los adolescentes alumnos del IES Lluis Vives de València, a la brutal paliza que propinaron los antidisturbios a una mujer madura  a la que dejaron en coma durante tres meses por participar en las protestas mineras de Madrid en 2012, o todos los actos de ferocidad policial contra los manifestantes de Rodea el Congreso, el 22M, o los integrantes de la PAH que se oponen a los desahucios y la violencia contra los vecinos del barrio vallisoletano de Gamonal entre otros actos de abusos, la policía perpetra similares atrocidades que con los inmigrantes. 

Y para justificar un comportamiento policial inadmisible en una democracia que ya ha provocado que la UE dé algunos toques de atención al Gobierno del PP, la reacción del Ministro y de sus correligionarios es la de criminalizar a todos cuantos denuncian unos usos policiales propios de una dictadura. Así los estudiantes del Lluis Vives eran ‘el enemigo’, todos cuantos se manifiestan en contra de las políticas de recortes del PP son ‘antisistema’, radicales o ‘comunistas’, como si tener esa ideología fuese un delito. Los integrantes de la PAH que se oponen a los criminales desahucios que dejan en la calle a cientos de miles de familias para que los bancos los cierren y no les den uso alguno son ‘filoetarras’, quienes quieren hacer uso de su lengua materna, ‘antipatriotas’; los que reclaman derechos laborales, ‘vagos que no quieren trabajar’. Cualquier mendacidad le sirve a este Gobierno que no conoce los principios democráticos ni los Derechos Humanos, para justificar la violencia y la represión. 

Es una ‘puta manía’ común a todos los fascistas.

(1) http://www.fundeu.es/recomendacion/violenciay-virulencia-no-son-sinonimos-529/

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Comentarios

  1. Estamos en un puta dictadura, amañada por un desgobierno que no tiene ni puta idea de lo que son los Derechos Humanos.

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    Respuestas
    1. Sin duda, Javier, estamos en una dictadura, pero no es que no sepan qué son los derechos humanos, que bien los reclaman para los que les conviene, es que se los pasan por el forro porque consideran que los que no están con ellos son sus enemigos, y al enemigo los fascistas no les reconcen derechos

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