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Censura y cárcel para twiteros, impunidad para corruptos: El ministro de ultraderecha que quiere censurar las redes sociales.



Los twits que la alegre e inconsciente muchachada colgó en la red tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco –un crimen cometido por cuestiones personales, ajenas a la política, y perpetrada por militantes del PP contra un cargo del PP- ha servido al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para intentar dar un paso más en la represión de la libertad de expresión, al pretender implantar la censura en las redes sociales y castigar, con penas de cárcel, a quienes expresen opiniones que no gusten al orden establecido. Poner puertas al campo siempre fue una muy cara inclinación de dictadores y dictadorzuelos, y el Ministro del Interior –el peor ministro de esa área en toda la historia de la presente pseudodemocracia- se agarró al clavo ardiente de algunas boutades expresadas en Twiter para emprender una cruzada, una más, de censura y represión. 
 
El pasado día quince la Guardia Civil detenía en Tavernes de la Valldigna a un joven de diecinueve años que colgó un twit en el que se decía, tras el asesinato de Carrasco: «Aixina es fa hostia! A matar-los a tots! Més tirs al cap de PPeros! Isabel CarrasKO». Al autor del twit, al que seguían otros pidiendo que se acabara igual que con Isabel Carrasco con otros políticos del PP, le detuvo la Guardia Civil, manteniéndole encerrado toda una noche en los calabozos de la localidad, por un presunto delito de ‘apología de la comisión de delitos de asesinato’. El juez le puso posteriormente en libertad con cargos. 

El autor del twit, un chaval de diecinueve años, fue detenido después de que la Guardia Civil entrase en su domicilio, tras haber investigado direcciones de Ip de quienes habían colgado mensajes parecidos en un trabajo que resulta, como poco exagerado, para el delito que se perseguía. Durante el registro en el domicilio del joven, contaba el diario Levante-EMV, que la Guardia Civil se incautó de ‘material informático, además de banderas y objetos con simbología propia de grupos políticos antisistema’. Recordaba el párrafo de la noticia del diario valenciano las reseñas que solían aparecer en la prensa franquista, cuando daban cuenta de la detención de algún ‘malvado rojo’ al que se le incautaba ‘una vietnamita, octavillas en contra del régimen y libros prohibidos’. Suena la misma música siniestra aunque los acordes pertenezcan en el presente a sintetizadores. 

El asesinato de Isabel Carrasco, controvertida política del PP, a la que dio muerte la madre de una extrabajadora de la Diputación, provocó así mismo la reacción de diversos periodistas y tertulianos de la caverna, que sin ton ni son, se dedicaron a culpar del ambiente ‘contra la política y los políticos’ de los llamados antisistema –la gente que sale a la calle a protestar contra los recortes, el dinero que se le da a los bancos, o la ley mordaza- un asesinato que no tiene sino razones privadas. Choca la intolerancia del Ministerio del Interior contra los jóvenes que colgaron twist de mejor o peor gusto con la pasividad hacia los que difamaron a toda la sociedad o a personajes concretos, como el Gran Wyoming al que Salvador Sostres acusó de estar detrás de los twits ofensivos, o quienes culparon al semanal satírico El Jueves de inducir al asesinato. A esos personajes nadie los investiga ni consideran que hayan cometido delitos de difamación o injurias. Y nadie pide cárcel para ellos. 

A los jóvenes, y a los no tan jóvenes, que ven como se cierne la censura sobre las redes sociales, y como se puede castigar con penas de cárcel –a la caverna le parecen escasos los cuatro años con los que actualmente se pena ese tipo de delitos-, lo que no es si no un exceso verbal, les resulta irritante ver cómo el Gobierno y los jueces persiguen asuntos que solo son delictivos en las dictaduras que incumplen las leyes internacionales: "Se reconoce a la libertad de expresión en internet como un derecho humano inalienable.", señala una resolución de 2012 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En tanto, los corruptos que robaron millones de euros del dinero de todos siguen impunes y en libertad, o los ciudadanos han de pagar el dinero que robaron banqueros torpes o ladrones, o ambas cosas y que fueron provocadores de no pocos suicidios a causa de los desahucios de viviendas, que en el presente se deterioran cerradas sin beneficiar a nadie. 

Los deseos del Ministro de reformar la ley para castigar con penas de cárcel los excesos verbales o las expresiones que no se ajustan a lo que él cree ‘políticamente correcto’ en las redes sociales, no son sino manifestación de una ideología de extrema derecha, una decisión inaudita en cualquier país democrático y que solo se da en dictaduras como la china, o en regímenes integristas como el turco o el iraní.  

Con ministros como Fernández caminamos hacia una dictadura que, viendo lo que se ve, no se fue nunca en realidad. Y ya va siendo hora. 

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Comentarios

  1. ¿Para cuando la cárcel a los instigadores de tanta maldad a los ciudadanos? ¿O es que los ladrones de nuestros dineros y derechos de Sanidad Pública Educación y Dependencia, quedan exentos de cárcel? ¿Nunca serán castigados los que asesinan indirectamente a los ciudadanos? Sinvergüenzas, eso es lo que son como mínimo, pero algún día se hará justicia, no esta Pesticia que existe hoy día

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