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Un fracaso más del Gobierno del PP: Los seguros de salud para inmigrantes de la ministra Mato.




Iniciativa tras iniciativa, los planes sanitarios del PP, ya sea en comunidades autonómicas como del Gobierno, fracasan estrepitosamente. Los medios recogen estos días que el sueño neoliberal de la ministra Mato de obligar a los inmigrantes sin papeles privados del derecho a sanidad a contratar un seguro médico supone un batacazo más en los planes neoliberales de este Ejecutivo y de su ministra de Sanidad: del casi millón de personas privadas de atención sanitaria pública tan solo trescientas firmaron las pólizas que el Ministerio de Sanidad ideó, como otras tantas iniciativas gubernamentales, para facilitar el negocio a sus amigos de las empresas privadas. Las de sanidad privada cuentan con una especial protección por parte del gabinete de Mariano Raxoi y de las comunidades autonómicas gobernadas por el PP. Aunque, en ocasiones, se estrellan con sus planes como sucedió con los de privatizar los hospitales madrileños, que naufragaron ostensiblemente gracias a las movilizaciones ciudadanas. 
 
El feroz neoliberalismo salvaje de este Ejecutivo, que se escuda en la crisis económica para aplicar medidas  injustas y en ocasiones de una xenofobia intolerable, se encuentra en ocasiones con la insumisión de otras esferas de la administración, como las comunidades autonómicas, en las que, con variada respuesta, se aplican sus dictados, siempre inhumanos, orientados a favorecer la sanidad privada sobre la que algún día tendría que investigarse qué relaciones tienen los dirigentes del PP con esas empresas que hacen substanciosos negocios con la salud. En esa insumisión y en la imposibilidad económica de hacer frente a un gasto que muchos inmigrantes no pueden enfrentar dada su penosa situación económica, está el fracaso de esos seguros que debieron hacer frotarse las manos a las aseguradoras amigas del PP. 

Así, Andalucía y Asturias se rebelaron directamente al ignominioso decreto de privar de atención a los inmigrantes y no aplican la ley; siguen asistiéndoles como antes —prestación farmacéutica incluida— con solo acreditar que son residentes. País Vasco y Navarra aprobaron leyes para seguir haciéndolo. Normas que recibieron el aval del Tribunal Constitucional después de que ministerio de Mato las recurriese ante el alto tribunal. Otras regiones, como Extremadura o Galicia han habilitado sistemas para darles asistencia cuando no tengan recursos económicos. Tan solo Castilla-La Mancha, según un informe de Médicos del Mundo, es la comunidad que más al pie de la letra viene siguiendo las inhumanas instrucciones del Ministerio de Sanidad, al ser la única que no cuenta con ningún programa especial de acceso a la atención sanitaria para quienes, con la nueva regulación, no son ni asegurados ni beneficiarios.


Cuando Ana Mato se sacó de la manga, hace casi dos años aunque no se aprobase hasta septiembre del años pasado, ese seguro médico de entre 60 y 157 euros al mes para los inmigrantes a los que su ley sanitaria dejó fuera del sistema de salud, lo hizo presentándolos como la mejor solución para que los inmigrantes sin papeles no se vieran privados de una atención médica que el Gobierno les niega contraviniendo los tratados internacionales y los Derechos Humanos. La UE llamó la atención al Ejecutivo de Raxoi, para advertirle que la aplicación de esa norma es ilegal. Mas el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a la UE y a multitud de ONG que critican la medida por inhumana y cruel. Médicos del Mundo cifra en cerca de un millón los inmigrantes que dejaron de recibir atención sanitaria, cuya supresión los pone en riesgo de muerte. Enfermos de cáncer o de sida, diabéticos, quienes padecen sida, tuberculosis o cardiopatías, entre otras patologías, se vieron privados de la necesaria atención sanitaria y la gratuidad de la imprescindible medicación que necesitaban. Desde hace más de un año hay constancia de dos fallecimientos por la negativa de atender a enfermos muy graves. No hay, sin embargo, estadísticas de aquellos a los que la negativa de asistencia agrava sus dolencias.


Este nuevo y sonado fracaso de la Ministra Mato, cuya penosa gestión de la sanidad pública levanta no pocas críticas, no es la  única con la que ha tenido que enfrentarse quien tendría que haber dimitido hace años, dada su implicación con la trama corrupta Gürtel. Así, el copago hospitalario para enfermos ambulatorios que decretó hace unos meses es rechazado no solo por las comunidades gobernadas por otras formaciones, sino por su propio partido. Andalucía y Asturias presentaron recursos a ese repago que supondría el abono de una media de 4.26 euros por medicamento. Otras, como Cataluña, Navarra, Canarias o Castilla y León -esta última del PP- también recurrieron la medida. La mayoría asegura que el copago no es una medida prioritaria, que sólo la aplicarán cuando todas las demás lo hagan y que no permitirán que el cobro repercuta en los enfermos.

Para el PP la salud de los ciudadanos, sean o no inmigrantes, no es un asunto prioritario como no lo son ninguno de los derechos obtenidos por el pueblo durante siglos de luchas, lo que realmente importa al Ejecutivo de Raxoi, del que Ana Mato no es sino un peón, son los negocios que puedan hacer empresas que los recompensarán con abultados sobres repletos de euros. Eso si detrás de las empresas sanitarias que siempre acaban siendo la misma no está en manos de los mismos que guardan millones de euros en paraísos fiscales, aunque solo se señale a Bárcenas como su propietario.

El día que se levante la alfombra de las espurias decisiones sanitarias de este Gobierno algunos se sorprenderán. A otros ya no sorprende nada del Gobierno y del partido que lo sustenta. 

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