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La nueva ley del CGPJ: Otra patada del PP a la independencia judicial y la libertad de expresión.



El PP no cesa en imponer leyes que suponen la limitación de derechos y libertades. Cuanto legisla ese partido autoritario, que dispone de una mayoría absoluta cual apisonadora, lograda tras una campaña electoral del falacias y trampas, va encaminado a convertir a las instituciones del Estado en meros peleles de su arbitrario poder, a la vez que realiza podas a la libertad de expresión y de información más propias de países totalitarios que de democracias modernas. 

Nada es casual en el PP, y la reforma del CGPJ está enfocada a proteger a sus corruptos y a coartar la libertad de información, con similar propósito: que la opinión pública no sepa de los latrocinios y abusos perpetrados por los políticos de ese partido, al imponer una mordaza sobre las investigaciones judiciales. 
 
Si juristas de comprobado prestigio desmontaron hace semanas en las Cortes los puntos clave de la reforma del Código Penal –que con todo el Gobierno del PP está dispuesto a imponer tras las elecciones europeas-, por considerar que los artículos que contienen unos son inconstitucionales, como la cadena perpetúa revisable, y otros un atentado a las garantías procesales, al convertir en sanciones administrativas faltas o delitos que con esa reforma privarán a los detenidos en manifestaciones de la tutela judicial, dejándolos al albur de los caprichos y arbitrariedades policiales, la nueva ley del Consejo General del Poder Judicial constituye una nueva patada a Montesquieu, una interferencia en la labor de los jueces y una escandalosa vulneración de la libertad de expresión e información. Y la inclusión de unas medidas de aforamiento propias de repúblicas bananeras en las que la impunidad del poder se consagra como ley. 

El proyecto de Ley del CGPJ concita la críticas de colectivos de jueces y juristas, que ven esa reforma legal como un paso para politización de la justicia y una interferencia intolerable en la labor de los jueces por parte del poder político, que controlará a los jueces a través de un CGPJ instrumentalizado y manejado por el PP a través de arbitrarios nombramientos de personajes a su servicio. 

El PP, cuyo respeto por las reglas democráticas desapareció desde que llegó al poder, quiere controlar a los jueces para evitarse problemas en asuntos como el de la corrupción que tanto les afecta. Está claro que el afán de controlar la labor de los jueces de instrucción, propiciando que no sea uno solo el que instruya causas como las de Gürtel o Bárcenas, sino un trío designado por el CGPJ, que controla el Gobierno, supone garantizarse que las causas de corrupción no acaben sentando en el banquillo a todos los encausados del partido en el Gobierno, que son ya multitud.

A la vez, con esa reforma que sitúa a los jueces en el mismo nivel que el de las repúblicas bananeras, otorgándoles el poder a los afectos y servidores del Ejecutivo e imposibilitando la independencia de quienes pretendan instruir y sentenciar sin someterse a los poderosos, ya sean Gobierno, banqueros u oligarcas, se garantizan el silencio de la prensa, que podrá imponer, vulnerando la libertad de expresión y el derecho a la información, cualquier magistrado complaciente para ocultar de la mirada de los ciudadanos los escándalos de corrupción que tanto afectan al partido que sostiene a un Gobierno que impone tan arbitrarias e ignominiosas leyes. 

De una parte la nueva ley impone el silencio de los jueces y las asociaciones judiciales, que no podrán opinar sobre casos que estén en trámite, de otro permite que el CGPJ ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez, que dejen de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta "perturbada" su independencia judicial. En caso de no ser atendido se incurrirá en delito contra la Administración de Justicia tras la denuncia del juez afectado. Con lo que el Gobierno, que controlará los casos imponiendo la existencia de investigaciones colegiadas de tres magistrados, se garantizará la censura de cuanto escándalo le afecte. 

La nueva ley que sale del Ministerio de Ruiz Gallardón, ese político que engañó a amplios sectores de la población cuando era Alcalde de la Villa y Corte y que como Ministro se ha desvelado como lo que siempre fue, un reaccionario ultraderechista decidido a regresarnos al pasado es una ley regresiva y antidemocrática. Así, pone en manos del Supremo la jurisprudencia, limitando la capacidad de los jueces más cercanos a la realidad de la sociedad, para poder aplicar sentencias acorde con los problemas de la calle, a la vez que impide el acceso a la tutela judicial de quienes no puedan abonar las costosas tasas que suponen llegar al Supremo. De ese modo el PP garantiza, entre otros a la banca, la impunidad en casos como los de las preferentes y otras estafas similares. 

La nueva ley, salida de la mente retrógrada del Ministro Gallardón, supone un tijeretazo a una dinámica practicada últimamente por numerosos juzgados, que no aplican normativa nacional al colisionar con Directivas Comunitarias, en particular en materia de protección al consumidor, en las que un solo juez, Ruiz de Lara, planteó el año pasado siete de las 26 cuestiones prejudiciales interpuestas desde España ante el Tribunal de Justicia de la UE, e impide que los ciudadanos de este país puedan acogerse a la legislación europea que respeta mucho más que la española los derechos de los ciudadanos. 

Y como colofón a las regresiones, arbitrariedades y limitaciones a la libertad que supone la nueva ley salida de la cavernícola mente de Alberto Ruiz Gallardón, al que, evidentemente no hay que responsabilizar únicamente de unos atropellos que son bendecidos por el Presidente Raxoi, igualmente reaccionario, la reforma del CGPJ garantiza la impunidad de los poderosos con unos aforamientos que no solo afectan a los integrantes de la Casa Real, como han señalado los medios, algunos con satisfacción cortesana hacia el tratamiento privilegiado de esa familia, sino y también a los políticos aforados que seguirán manteniendo sus privilegios una vez abandonen el cargo. De ese modo se garantizan el trato privilegiado del Tribunal Supremo. Obvio es decir que la medida está pensada para garantizarse todos los integrantes del PP, presentes y futuros, involucrados en infinitos casos de corrupción, un trato de favor. 

Con la reforma del CGPJ, el PP, al que los jueces progresistas reprochan haber ‘militarizado la justicia’, da otro pasó atrás en las libertades de este país, acercándonos más a tiempos que creíamos periclitados. Las pancartas que se ven en las manifestaciones en las que se lee ‘Franco ha vuelto’ no son una exageración de radicales extremistas, sino la constatación de las políticas de un Ejecutivo nostálgico del pasado, regresivo y con ideas absolutamente impropias del siglo XXI. Un escándalo más que debería provocar la intervención de la UE.

Si no se consigue expulsar del poder a ese peligroso partido antes de que concluya la legislatura, cuando esta finalice este país se parecerá más a Afganistán o Arabia Saudí, que a cualquiera de los europeos de nuestro entorno. 

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Comentarios

  1. Acabo de escribir sobre el tema, pero saldrá otro día. Es un impresentable de tomo y lomo, pero el Raxoi, como tu escribes ese si que es un sinvergüenza de mucho cuidado. pero de mucho cuidado. De mucho. Todavía no hemos visto la que nos prepara, pero vendrá.Sin duda

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  2. ¿Y por qué tiene que salir otro día, Javier? Son buenas las coincidencias. Y sí, son impresentables, vomitivos, sinvergüenzas, pero sobre todo, son fascistas

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