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Recortes, injusticias y arbitrariedades: ¿Y se sorprende el Gobierno de las protestas sociales?



Siete millones de personas sufren dificultades para pagar el recibo de la luz, lo que tiene como consecuencia, según denuncia la OMS –Organización Mundial de la Salud- que se produzcan cada año un 30% de muertes adicionales en invierno, por agravamiento de enfermedades previas. Tomando esas cifras como referencia, si en 2012 se produjeron 24.000 muertes adicionales en invierno, más de 7.000 de esos fallecimientos se habrían producido a causa de la pobreza energética. El Ejecutivo y las compañías eléctricas se niegan a una moratoria para el cobro de los recibos durante el invierno y siguen cortando la luz, implacablemente, a quienes no hacen frente a su pago, aunque el corte de suministro pueda privar al usuario, incluso, del uso de respiradores y otros aparatos imprescindibles para su pervivencia. Al tiempo, los directivos de las empresas eléctricas perciben en total 14.884.000 euros anuales en retribuciones salariales. 
 
Los hogares sin ingresos han pasado de más de 300.000 en 2007 a casi 700.000 en 2013, 11,7 millones de personas están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, un 60,6% más desde que gobierna el PP; 5 millones de personas viven situaciones de exclusión severa, cifra que se ha disparado en los últimos años. El riesgo de pobreza infantil aumentó en el último año casi nueve puntos por encima de la media de la UE, que estuvo en el 21,4%, según datos de 2013 de Eurostat. De 2011 a 2012, la tasa de pobreza en ese sector de la población aumentó del 15,6 % al 19,4 %. El porcentaje de hogares sin ingresos creció del 2% al 4% en el último trimestre de 2013.

La Reforma Laboral llevada a cabo por el PP propició el despido de millones de trabajadores, facilitó el despido prácticamente libre, legalizó los ERES arbitrarios, precarizó los contratos y otorgó tal impunidad al empresariado que en la actualidad hasta se permiten, como José Ángel Crego, presidente del Círculo Empresarial Leonés, sugerir que sean los trabajadores despedidos los que paguen una indemnización al empresario de “45 días por cada año que la empresa le ha estado pagando un sueldo y le ha dado trabajo”.

Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial durante 2013 se produjeron 67.178 desahucios ordenados por los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos, esto es, 184 al día. De la cifra contabilizada por el Poder Judicial, el 38,5% se debían a ejecuciones hipotecarias, aunque la mayoría -el 56,8%- tuvo su causa en la draconiana Ley de Arrendamientos Urbanos, reformada por el PP, que agiliza los trámites por impago de alquileres y pone todos los derechos del lado del arrendador. 

Las ayudas a la Dependencia han sufrido tales recortes que las hace prácticamente nulas. Los PGE recortaron 1.108 millones en ese concepto, a la vez que las comunidades autónomas perpetran hachazos que dejan a los dependientes prácticamente sin asistencia, obligándolos a copagos a los que la mayoría de las familias no pueden hacer frente. En los últimos días se conoció el drama del joven Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, al que la Junta de Castilla-La Mancha no reconoció a su familia el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.
Los recortes en Sanidad son los responsables de numerosas muertes por errores médicos, falta de camas hospitalarias y cierre de servicios de Urgencias. Cientos de miles de jubilados se ven obligados a prescindir de la medicación indicada para sus enfermedades crónicas a causa del injusto repago, porque tienen que ayudar a la subsistencia de sus hijos y sus nietos en paro y sin prestaciones.

Los recortes en Educación, desde que llegó el PP al Gobierno, han superado los siete mil millones de euros. Lo que ha dado lugar al despido de numerosos docentes, un empeoramiento notable de la calidad de la Enseñanza Pública en los tramos primaria, ESO y bachillerato y el abandono de decenas de miles de estudiantes universitarios debido a la reducción de becas y aumento de las tasas, porque el Gobierno de Raxoi quiere restringir la Educación superior a la clase trabajadora. Al tiempo las subvenciones a centros católicos se disparan en las comunidades autonómicas gobernadas por el PP. 

La ONG católica Cáritas, nada sospechosa de extremismos ideológicos de izquierdas, señalaba en pasados días que con 2.600 millones de euros se solucionarían los problemas de las personas que padecen el suplicio de la exclusión y la pobreza. Sin embargo, el Gobierno de Raxoi prefiere destinar 30.000 millones de euros a rescatar las autopistas, algunas en manos de empresarios que figuran como donantes del PP en las investigaciones de la trama Gürtel. 

Los dirigentes de ese partido justifican los implacables y crueles recortes escudándose en la crisis y niega las ayudas necesarias a los ciudadanos sin trabajo, argumentando que el drama de la pobreza no se soluciona con ayudas sociales sino con la creación de empleo que, asegura, se creará a raíz de una supuesta recuperación económica que nadie percibe y que no alcanza sino a la oligarquía, para explicar el caprichoso y arbitrario uso del dinero público que destina a rescatar bancos y empresas. 

El PP, partido que consiguió después de las elecciones de 2011 un poder omnímodo que le permite controlar todas las instituciones del Estado, mira para otro lado, ignora los problemas y las protestas de la ciudadanía, desacredita a quienes las protagonizan y, con la apisonadora que supone su mayoría absoluta, avanza por la vida de los españoles como un bulldozer que arrasa cualquier vestigio del Estado del Bienestar. 

Con esa realidad, que tratan de ocultar los medios de comunicación, que sobreviven gracias a la publicidad institucional y que no hacen sino repetir las consignas del PP, mienten y enmascaran una realidad que se conoce gracias a blogs y digitales, pero sobre todo, por la experiencia empírica de la ciudadanía, resulta extraordinario que no se haya producido ya un estallido social de enormes proporciones.

Encastillado en su determinación de privilegiar a los suyos a costa del pueblo, ignora las protestas y las necesidades de los ciudadanos. Mas el pueblo está despertando y llegará el día en el que ‘cabalgará hasta enterrarlos en la mar’.  

De ello depende la supervivencia del bienestar y los derechos de todo un país. 

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