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¿Quién desestabiliza el Estado de Derecho? España el segundo país con más pobreza infantil después de Rumania.



Las agresiones, reales o inventadas que sufrieron los miembros de las UIP tras la Marcha de la Dignidad –sobre la que se están publicando fotos de antisistemas con pulseras de la bandera española o encapuchados que ayudaban a detener manifestantes-, no cesan de producir reacciones y declaraciones de los políticos del PP. Hoy le tocaba el turno al Director General de la Policía, Ignacio Cosidó que se descolgó asegurando que las constantes manifestaciones y la escalada de violencia que se está produciendo en ellas en las últimas semanas, según dice, ‘busca desestabilizar el Estado de Derecho’. El señor Cosidó debe ser como tantos otros miembros del PP que toman la parte por el todo y consideran, como Luis XIV, que el Estado son ellos. 
 
Mas ¿quién está desestabilizando el Estado de Derecho desde que llegó al poder sino el partido de Gobierno? Hoy se ha sabido que España es el segundo país de la UE, después de Rumanía, con un porcentaje más alto de pobreza infantil, según ha revelado un estudio de Cáritas presentado en Atenas. El riesgo de pobreza entre los menores de 18 años alcanzó en 2012 el 29.9%, lo que supone un crecimiento de casi nueve puntos por encima de la media de la UE, que estuvo en el 21,4%, según datos de 2013 de Eurostat. De 2011 a 2012, la tasa de pobreza en ese sector de población aumentó del 15,6 % al 19,4 %. 

Según el estudio de Cáritas Europa, institución a la que el Gobierno de Raxoi se supone no atribuirá un afán de desprestigio hacia él dadas las vinculaciones de esa ONG con la secta católica, la población española está siendo una de las más afectadas por la crisis económica, pues mientras la tasa de pobreza media entre países comunitarios fue del 25,1% en 2012, España registró un 28,2%, lo que se traduce en alrededor de 13 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social. Otro de los sectores de población especialmente afectado por la crisis es el de las personas mayores, pues la pobreza entre ellas sufrió un aumento significativo, del 7% en 2008 al 10,6% en 2012. En total en España hay en este momento 11.7 millones de personas padeciendo situaciones de pobreza.
Con esas cifras podría preguntársele al señor (?) Cosidó quién quiere destruir el Estado de Derecho, o más precisamente, quién viene destruyendo el Estado Social y de Derecho, tal como define al español la Constitución de 1978. 

Si se tiene en cuenta que desde que llegó al poder el Gobierno del PP emprendió una privatización implacable de la Enseñanza Pública y la Sanidad, que ha puesto en manos privadas infinidad de servicios anteriormente públicos, y tiene planeado privatizar entre otros el Fogasa o el SEPE, que ha destruido cientos de miles de puestos de trabajo de funcionarios públicos resulta un tanto chocante que alguien del Gobierno hable de destrucción del Estado. 

Los ciudadanos que se manifestaron el día 22 en las Marchas de la Dignidad no querían, ni mucho menos, destruir el Estado sino todo lo contrario, reclamaban más Estado, uno fuerte que controle los abusos de la banca, que se ha adueñado de sesenta mil millones de euros de los ciudadanos, obligándolos a pagar una deuda que no es la suya para que un reducido número de desalmados vivan en la opulencia a costa del pueblo. Quieren la nacionalización de las eléctricas para evitar que el abusivo precio de la electricidad causara 7.000 muertes el pasado año como denuncia el segundo informe Pobreza energética en España. Análisis de tendencias, de la Asociación de Ciencias Ambientales Según ese estudio, hasta siete millones de españoles, el 17% de los hogares, tienen dificultades para pagar las facturas energéticas al tener que destinar más del 10% de sus ingresos para cubrir estos pagos, y cuatro millones, hasta un 9% de las familias, son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío.

Quienes marcharon por la Dignidad del pueblo sí quieren más Estado, un Estado laico, que proporcione una enseñanza de calidad, pública, sin condicionamientos religiosos ni trabas sociales que impidan a los hijos de las familias menos favorecidas acceder a una educación igual para todos los estamentos de la sociedad. Un Estado que no abandone a los seis millones de parados, de los que cerca de la mitad no recibe subsidio de desempleo, y en muchas ocasiones tampoco subsidios asistenciales de los Servicios Sociales en un país en el que el número de millonarios creció a la vez un 13% el pasado año sin que el sistema impositivo haga nada por equilibrar las situaciones de pobreza. 

El pueblo quiere evidentemente más Estado, no destruirlo, sino aumentarlo para que sea una maquina destinada a crear igualdad y bienestar en la sociedad en lugar de hurtar derechos a los más débiles a través de impuestos indirectos, para bajárselos a los oligarcas. Quiere más Estado para que controle los abusos de la patronal, en lugar de una Reforma Laboral que viene dando lugar a que muchos trabajadores hayan sufrido una caída de rentas de más del 10%, aún teniendo un puesto de trabajo.

El 80% de la ciudadanía, buena parte incluso de la que no se manifiesta, también quiere más Estado, así lo publicaba el estudio Values Worldviews, realizado en varios países europeos, durante el verano de 2013. No son los ciudadanos que claman porque acabe la insufrible brecha social que se padece actualmente en el país los que quieren destruir el Estado de Derecho. 



Es precisamente el Gobierno del que forma parte el señor (?) Cosidó el que está destruyendo el Estado de Derecho, el que quiere imponer una Ley de Seguridad Ciudadana que acabará con la posibilidad de que cuenten con un juicio justo y protección jurídica a quienes sean detenidos en manifestaciones, dejando a los ciudadanos sometidos al capricho de un estado policial. 

En la actual situación de destrucción del Estado Social y de Derecho por parte de un partido irrespetuoso con las libertades, la igualdad y la justicia, los ciudadanos tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para impedir que acaben con él y recuperarlo tal como lo señala la Constitución de 1978. 

Mientras gobierne el PP será imposible. Hay que echarlo.
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Comentarios

  1. Querida Luis, no le demos más vueltas al tema estamos en los años 50. El dictador no ha muerto ni mucho menos.

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    1. Pues tendremos que hacer algo antes de que se muera en la cama...

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