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La implacable cruzada del Gobierno del PP contra los derechos ciudadanos: Hasta el conservador Consejo de Estado la critica.

El reiterado reproche, que en forma de eslogan, se clama en manifestaciones y se plasma en pancartas, ‘quieren acabar con todo’, no es una mera frase retórica. Pese a las recomendaciones del Memorándum que firmó el Gobierno con la UE, y las de la propia Ángela Merkel, de que debería ‘poner en su agenda’ acciones encaminadas a mitigar la situación de penuria de millones de españoles sin trabajo y sin prestaciones, el Ejecutivo de Mariano Raxoi no solo hizo oídos sordos a esas recomendaciones si no que se empeña en recortar todo tipo de derechos en cualesquiera de las legislaciones que aprueba.

Así en el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público todas las medidas que se contemplan van encaminadas a recortar en organismos públicos destinados a atender necesidades sociales. De forma tan descarada que hasta el Consejo de Estado, con una mayoría de integrantes conservadores y presidido por un exministro de Aznar, José María Romay Beccaria, advirtió de que "sería conveniente velar" por que tales reformas no comporten "una minoración del cumplimiento de la labor social que esas instituciones públicas tienen asignada".

Porque a la hora de reformar las administraciones públicas el PP solo se fija en organismos como la protección de los consumidores, la salud de la mujer, la juventud, la evaluación de la investigación, las universidades o el Plan Nacional sobre Drogas, como también denunció el sindicato mayoritario de empleados públicos, CSI-F., que considera que la reforma que contempla el Ejecutivo supondrá, además, una peligrosa pérdida de puestos de trabajo.

Se pone así de manifiesto la voluntad del PP de acabar con los servicios públicos y los derechos irrenunciables de los ciudadanos, dejando al sector en unas condiciones de penuria que llevarán a que muchos de los servicios sean privatizados para conseguir el sueño del PP, que todo cuanto servicio existe en este país acabe en la dicotomía social de servicios para ricos o para pobres que, con sus planes, serán inaccesibles para estos últimos.

Recortar lo público, el Estado, se convirtió en los años 80, de la mano de la implacable señora Thatcher y el patético mal actor retirado reconvertido en político ultraconservador, Ronald Reagan, en la máxima aspiración de los representantes del liberalismo salvaje y que fue aceptada con estulticia por una socialdemocracia torpe y sin fuelle, dando lugar a que el papel de los Estados se convirtiera en una mera representación diplomático-folclórica.

El Gobierno de Raxoi es firme defensor de unas ideas que rechaza mayoritariamente el pueblo español que, sin saber siquiera ponerle nombre a sus aspiraciones, se manifiesta a favor de la necesidad de un Estado fuerte, de unos servicio sostenidos con los impuestos de todos los ciudadanos, totalmente públicos y de acceso igualitario para toda la población.

Así al menos lo expresaba el pasado mes de septiembre en un estudio internacional, Values Worldviews, realizado en España, Suecia, Polonia, Italia, Alemania, República Checa, Francia, Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos. Según las cifras recogidas por esa consulta, los españoles eran los que mayoritariamente consideraban que el Estado debe ser el responsable de asuntos como el control de la banca, además del encargado de proporcionar Sanidad, Educación, Prestaciones Sociales, controlar las políticas de empleo o asegurar el nivel de vida de parados y jubilados. El porcentaje de ciudadanos que se mostraban partidarios del mantenimiento de lo público frente a lo privado, y de la intervención del Estado frente a la libertad total que propugna el liberalismo salvaje, alcanzó una media del 76%.

Pese a la contundencia de los resultados recogidos en el estudio europeo, el Gobierno de Raxoi, que gobierna de espaldas a los deseos y necesidades de sus electores y de todo el pueblo, cada vez que legisla lo hace cargando los recortes siempre sobre los sectores más débiles, ya sean estos parados, mujeres maltratadas, drogodependientes, ancianos o niños.

Según denuncian tanto el Consejo de Estado como los trabajadores del CSI-F., la Ley de Racionalización del Sector Público no contempla ninguna medida encaminada a recortar ámbitos administrativos que no tengan relación con los servicios públicos, ni se plantea reducciones del personal impuesto a dedo en las diversas áreas de la administración, como son los cientos de miles de asesores con los que cuentan desde la Presidencia del Gobierno hasta el último ayuntamiento y cuya labor suele ser, únicamente, la de pasar la mano por el lomo a los cargos públicos o ejercer de censores de prensa e información.

A las áreas administrativas que proporcionan servicios y prebendas a los políticos y sus allegados –cada día la prensa da cuenta de contrataciones a dedo de familiares y amigos de los gobernantes del PP- no piensa el Gobierno de Raxoi someterlas a recortes de ningún tipo. Organismos que no sirven para nada, o incluso sirven para que el dinero público se esfume en beneficio de políticos corruptos, siguen siendo necesarios para un partido decidido a acabar con cualesquiera derechos de los ciudadanos, al tiempo que se aseguran, para sí y los suyos, toda clase de prebendas a costa del erario público.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció en una de las ruedas de presa posteriores a un Consejo de Ministros que con la Ley de Racionalización del Sector Público el Estado se ahorrará 6.500 millones, menos de la mitad del dinero que el Gobierno entrega a la secta católica, que se cifra en más de trece mil millones anuales, sin computar lo que deja de ingresar por perdonarle a esa iglesia diversos impuestos, como el IBI.

Si se estudian bien los gastos de los PGE se puede ver que no es que no exista dinero, es que el que existe se distribuye de forma arbitraria, a la vez que se dejan de ingresar cientos de millones de impuestos debido a unas normas impositivas claramente injustas y que siempre cargan en  los trabajadores que, en paro y sin prestaciones –más de dos millones de parados- se ven obligados a pagar el IVA, el IBI y todo lo que se le ponga por delante al Ejecutivo, en tanto los grandes capitales cotizan al 1º a través de las SICAV o defraudan noventa mil millones de impuestos al año.  

Ya lo dijo Andreíta Fabra, en representación del criterio unánime del PP cuando se aprobó dejar sin prestaciones a cientos de miles de trabajadores: "¡Que se jodan!"

Algo tendríamos que hacer para que fueran ellos los que se jodiesen.

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Comentarios

  1. Acabarán con todo lo que trabajosamente se consiguió a lo largo de muchos años y sacrificios.
    No debemos ni tenemos que permitirlo.
    Luchemos contra ellos.
    Podemos.

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    Respuestas
    1. Podríamos, sin duda, si todos nos pusiéramos a ello. Pero lo triste es que nos quejamos mucho pero hacemos poco...y me incluyo.

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