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Crónicas de Ejpañistán: El presidente que no vive en la realidad, el país que nos quiere imponer el PP y el cabreo de la UE


Poderosas razones me impidieron opinar el día del Debate del Estado de Nación pero, recuperada la capacidad de verlo y de escribir sobre ello, la primera impresión al escuchar al presidente Raxoi fue la de estar presenciando un debate desarrollado en otro país, idílico, con ciudadanos sin más problema que vivir sus vidas. Hubo que esperar a que el líder de la oposición preguntara al Presidente del Ejecutivo en qué país vivía para que aquella sensación mía adquiriera sus justas proporciones y se impusiera la amarga verdad: no es que fuera otro país, sencillamente hablaba un presidente que no vive en la realidad. 

Siempre se dijo que los presidentes del Gobierno, tras cierto tiempo en La Moncloa, pierden el sentido de la realidad, los puntos de referencia, pero Raxoi parece haber superado a todo predecesor y pintó un país desconocido por el pueblo. Es posible que sus amigos banqueros y especuladores, la oligarquía y el gran capital, vivan en ese país idílico, no desde luego los parados, los dependientes, los estudiantes, los millones de personas que sufrimos una crisis sin fin, programada por el salvaje capitalismo para derrotar a los trabajadores.

El debate del Estado de la Nación, una nación inexistente cuyo gobierno ignora los problemas de la gente –y una nación, precisamente es el conjunto de personas que pueblan un territorio, no un trapo con colorines, un himno o un santo de palo-, fue la radiografía falsa de un país sobre el que la oposición no hizo sino intentar que el Presidente pusiera los pies en el suelo sin resultado alguno. Para el autista Raxoi solo existe ese país de su fantasía plagado de unos logros que los medios internacionales se encargan de enfriar con frecuencia, pero que él no ve, enrocado en lo bien que les va a sus amigos banqueros y especuladores, a sus queridos empresarios explotadores, que pagan salarios más bajos cada día, contratan más en precario y despiden sin coste apenas, y a los corruptos que atesoran lo robado en paraísos fiscales y que defraudan impunemente al fisco. 

Tras el debate, culminado con la admisión de escasas enmiendas, dado que el Gobierno y el PP se bastan y sobran para sacar adelante leyes en contra de la ciudadanía, el Gobierno del PP acaba de imponernos una de las ignominias más significativas que ha perpetrado durante una legislatura que en el futuro será de muy infausta memoria: ha fulminado el principio de Justicia Universal con el criterio en contra, no solo de los representantes de la oposición, sino de colectivos de jueces y juristas, y aun de la Fiscalía del Estado. Este Gobierno de mercachifles no tuvo en cuenta el criterio de los juristas y los defensores de los Derechos Humanos; con el vil argumento de que, de ese modo, se evitan roces internacionales acabó con la posibilidad de perseguir a genocidas, asesinos, traficantes de droga y hasta terroristas.  

Resulta contradictorio el argumento de querer evitar conflictos internacionales, si se recuerda, por ejemplo, qué poco le importaron al Ministro de AAEE, José Manuel García Margallo, al montar su particular cruzada de recuperación de Gibraltar con el estilo propio del franquismo. 

Los Derechos Humanos carecen de interés para el Gobierno del PP, tan del Opus, tan católico, y lo único que procura es que sus amigos de la oligarquía puedan hacer negocios sin problemas. Entre otros, con los nada democráticos chinos, lo que lleva a la conclusión de que el actual Ejecutivo tiene alma de meretriz y lo único que le interesa es el dinero.  

También quiere imponer, y lo hará pese a la protesta de numerosos colectivos, una ley mordaza pensada tan solo para acallar las cada día más numerosas protestas en contra de una ciudadanía que ya no se cree al Presidente ni cuando da la hora. Este Gobierno, carente de sentido de la democracia, ha perpetrado una ley inconstitucional y antidemocrática para silenciar a quienes no están de acuerdo con su política, que van siendo ya millones.

Pareciera como si quisiera hacer lo mismo que les reprochó a sus abuelos putativos, los fascistas Unamuno en el Aula Magna de la Universidad de Salamanca: Venceréis pero no convenceréis. Y a estas alturas, a nadie convencen ya las mentiras, la prepotencia y mucho menos las medidas legislativas que adopta un gobierno que no escucha y que solo piensa en reprimir a quienes no le siguen en sus pretensiones, con la misma conducta que los sempiternos dictadorzuelos. La gente de Greenpeace, a la que no les faltan ni arrestos ni imaginación, amordazó hoy a uno de los leones del Congreso para poner de manifiesto su rotunda oposición a una ley que, de no estar el Tribunal Constitucional también en manos del PP, no debiera tardar ni un día en declararla inconstitucional. 

Mas ya vendrá la UE a ponerlos en su sitio, aunque, como siempre, con el abrumador retraso de la burocracia europea. Y es que por más que el Gobierno haga los deberes económicos por complacer a la troika –Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión-, los tribunales europeos y los consejeros empiezan a estar hartos de las decisiones y acciones de un Gobierno que consideran fascista. 

Hoy mismo, se ha llevado un berrinche que, por desgracia, nos costará dinero a todos. El Tribunal de Justicia Europeo ha declarado ilegal lo que el Ejecutivo dio en llamar el ‘céntimo sanitario’, un impuesto sobre los carburantes creado por el gobierno de Aznar que Zapatero no derogó, y que vino a costar a los usuarios de hidrocarburos alrededor de 13.000 millones de euros, de los que podrán recuperar su parte algunas empresas de transportes, mientras que los particulares, a los que también les hurtaron dinero, nunca lo recuperarán. Como el mencionado impuesto iba a las Comunidades Autonómicas, algunas de ellas, con el pretexto de su eliminación, recortarán aun más las prestaciones, con el fin de seguir haciéndoles favores a sus amigos de las aseguradoras médicas, por las que el PP viene demostrando tanto amor. 

Pero aún le queda otro trago amargo que pasar al Gobierno respecto a Europa, especialmente al Ministro del Interior Jorge Fernández, porque la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, se entrevistará con él el próximo lunes, y no cabe duda de que le reprochará el incumplimiento de la legislación europea y de los Derechos Humanos, toda vez que ya no cabe duda de que las quince muertes que se produjeron en Ceuta fueron consecuencia de la bárbara actuación de una Guardia Civil que, o recibía órdenes, en cuyo caso debe sancionarse a quien las dio, o bien actuó motu proprio y se impone una investigación que lleve ante los tribunales a los culpables del múltiple homicidio. 

Si Europa tuviera mecanismos para exigir a un país miembro que su gobierno tuviera que dimitir por incumplimiento de los compromisos democráticos que debe acatar cualquier país miembro, tendría que imponérselo al nuestro. No parece que exista pero tendría que haberlo para que la UE, que nos esquilma económicamente, salvaguardase al menos la democracia que este Gobierno del PP, formado por mitómanos como Raxoi, filofascistas como Fernández Díaz, beatos talibanes como Alberto Ruiz Gallardón, frívolas sin sentido común, con Fátima Báñez, cretinos de carné, como Ignacio Wert, o corruptas obsesionadas con acabar con la sanidad pública, como Ana Mato, entre el plantel de ineptos que conforman el Gabinete, se empeñan en robarnos. 

De lo que no cabe duda es que la UE está más que harta de un Gobierno que no es que sea conservador, como lo son la mayoría de los que gobiernan los países miembros, es que es fascista sin más. Y eso está muy mal visto en Europa. 

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