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Pobre país donde intentar hacer justicia es un delito: El caso Silva y los privilegios que los jueces reconocen a la infanta.

“Pobre país donde intentar hacer justicia es un delito”, esta frase, en la que sin duda habrá pensado el juez José Elpidio Silva en los últimos meses, se debe a  Quevedo. También dijo el genial literato del Siglo de Oro que ‘donde hay poca justicia es un peligro tener razón’. Parece que la justicia, o más bien la injusticia, no es cosa del presente y que los siglos no han mejorado su situación. Si es cuestión genética o fruto de la pasividad y aborregamiento de un pueblo que siempre ha permitido a sus jueces y gobernantes toda clase de abusos resulta un enigma social y moral de difícil discernimiento.

De lo que no cabe duda es que en el presente es frecuente, al leer noticias sobre decisiones judiciales, pensar en la frase que le costó un procesamiento al entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco en 1985, por afirmar que ‘la Justicia es un cachondeo’. Y en veinticinco años no solo no parece haber mejorado, sino que viendo lo que está sucediendo con el juez José Elpidio Silva y el más que presunto delincuente Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, ya no es que sea solo un cachondeo sino un tremendo despropósito.

No hay quien pueda explicar, por muchas razones jurídicas que pretendan esgrimir aquellos que han levantado la veda contra el juez que encarceló a Miguel Blesa, los motivos que puedan existir para perseguir y criminalizar con tal saña al mencionado juez por haber mandado a prisión al  banquero que estafó a cientos de miles de incautos con acciones preferentes o que compró ilegalmente un banco en Florida, saltándose todas las normas existentes en la entidad que presidía, para hacer negocios rentables y, aprovechando la coyuntura, comprarse una casita en el lugar.

En el colmo del delirio, al juez Silva pretenden inhabilitarle de por vida, acusándolo de delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y además, el juez instructor está pensando en pedir para él una pena de cárcel por haber filtrado los correos de Blesa en Caja Madrid por considerar que podría haber cometido delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

Y como si las peticiones del juez instructor y la fiscalía fuesen poco, en el colmo del desafuero, la acusación particular del convicto delincuente Gerardo Díaz Ferrán, solicita que se condene a Silva a abonar 50.000 euros como indemnización por el "daño a su honor y el sufrimiento moral" provocado por la reapertura de la causa. Como si el citado caballero (?) tuviese honor. Como se recordará, Díaz Ferrán, fue presidente de la CEOE y propietario de la agencia de viajes Marsans, encarcelado por delito fiscal y fuga de capitales. No hace muchas semanas su antiguo testaferro descubrió dónde guarda aún este individuo el dinero que robó a los trabajadores de su empresa y a los viajeros que contrataron vuelos con su compañía.

Que existan jueces que permitan que un delincuente convicto por estafa pueda personarse a través de sus abogados como acusación particular exigiendo reparación al daño en un honor que no tiene es algo que suscita la perplejidad de la ciudadanía, cuando no impotencia y rabia al ver que el único juez que se atrevió  a procesar a un banquero corrupto está a punto de verse inhabilitado de por vida, arruinado económicamente, e incluso hasta preso, por haber intentado hacer una justicia de la que este país está horra desde hace siglos.

Considerar, respecto a unos correos que revelan no solo la catadura de un personaje impresentable como Blesa, sino la comisión de delitos, que  al ser supuestamente privados estos –estaban en el servidor de Caja Madrid no en el ámbito personal de Blesa- deben ser hurtados a la acción judicial y la información de la ciudadanía es una bofetada en el rostro de la equidad.  Puede deducirse, a tenor de esa consideración, que si en algún momento alguien escribe un correo confesando un crimen, la policía o los jueces no podrán usarlo contra el asesino porque vulnerarían su derecho a la privacidad.

Y es que bancos y banqueros dan la impresión de que suscitan en sus señorías una especie de temor reverencial –y después de lo que está sucediendo con Silva el temor a procesar a cualquier desalmado estafador aumentará, que para eso han emprendido algunos sectores la cacería contra él- que los lleva a tomar decisiones que no tienen pies ni cabeza y que, en algunas ocasiones, en instancias superiores son revocadas. Eso sí, a esos jueces que pretendieron ser complacientes con los poderosos no se les hace reproche legal alguno, con anular sus sentencias las instancias superiores consideran que no hay que hacer nada más.

Es lo que sucedió con un grupo de preferentistas estafados por el poderoso Deutsche Bank, al que la Audiencia de Madrid ha condenado a devolver 2,9 millones de euros a medio centenar de clientes a los que no ofreció información suficiente sobre las participaciones preferentes. La reclamación se remontaba a 2011, cuando cuarenta y nueve clientes de esa entidad interpusieron una demanda contra el Deutsche Bank, que el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid desestimó al entender que su perfil inversor demostraba que eran clientes familiarizados con esos productos financieros. Aunque como casi la totalidad de los afectados por las preferentes fueran personas que no tenían ni idea de qué se trataba.

Nada puede extrañar de las decisiones judiciales en un país en el que la segunda asociación de jueces, la conservadora Francisco de Vitoria, expresa en público su convencimiento de que la justicia no es igual para todos y que la infanta, por ser quién es, tiene derecho a un trato privilegiado, dada su condición princesa. Así lo ha expresado hoy mismo el portavoz de esa asociación, el juez Marcelino Sexmero, que considera que ‘algunos imputados merecen ser protegidos’, se supone que de las iracundas miradas de la plebe, dado que el juez se refería al modo cómo ha de entrar la señora de Urdangarin en el juzgado de Palma.

Aunque tampoco sería de extrañar que surgiesen voces cortesanas que argumentaran que no se puede imputar a una hija del rey, simplemente por serlo. Ya lo pronosticó el Presidente Raxoi, y nunca sabremos si su certeza sobre la resolución judicial del caso de Cristina de Borbón se debe a un bienintencionado pálpito o a su conocimiento de las órdenes dadas a la Fiscalía para que tan aristocrática dama se vea libre cargos, como no se ve quien roba una barra de pan para dar de comer a sus hijos.

Ciertamente no dijo una barbaridad el exalcalde de Jerez en aquel ya lejano 1985. Es más, se quedó muy, pero que muy corto.

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