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Gallardón se carga la Marca España: Políticos y medios europeos critican la regresión contra los derechos de la mujer con su ley del aborto.

Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, se sacó la manga el invento de la Marca España no se sabe si calibró que uno de sus compañeros de gabinete, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, iba a hacer que la Marca España, pensada para promocionar este país como moderno, civilizado y democrático, fuese vista por los países de nuestro entorno como la Ejpaña de la beatería, del hurto a los derechos de las mujeres y de la regresión casposa y fascista. 

Marca España, el invento del Ministro de Asuntos exteriores, no es solo un eslogan sino una dirección general que cuesta al erario muchos millones en propaganda y personal, entre funcionarios y los inevitables asesores de los que el PP ha colocado legión en todos los ámbitos gubernamentales, porque si criticaban el número de los que tenía Zapatero, el PP los ha multiplicado generosamente.

La Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada concita la crítica unánime de la clase política europea -tan solo el ultraderechista y xenófobo Le Pen se mostró partidario de ella-. Uno de los casos de rechazo que vino de la UE fue el de la ministra de de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno francés, Najat Vallaud-Belkacem, que reaccionó a la ley de Gallardón no solo criticándola, sino dirigiéndose al Gobierno Raxoi por carta, para intentar que cambie una ley restrictiva que hace a las mujeres prisioneras de las decisiones de un ministro beato, supeditado a las imposiciones de la Conferencia Episcopal. En tanto, los medios de medio mundo hacen hincapié en el retroceso que supone para los derechos y la libertad de las mujeres, incluidos aquellos considerados ‘conservadores’, como es el caso de The Times.

El último medio en sumarse a las críticas, hasta el momento, fue el diario francés Le Monde que en un artículo publicado por su corresponsal en nuestro país, Sandrine Morel, explicaba que la ley de Gallardón es "una concesión del Gobierno de Rajoy al ala dura de su partido y a las reivindicaciones del Episcopado católico". Aunque precisa que esas concesiones a la derecha más extrema "no es la primera", en alusión a la también criticada ley de ‘Seguridad Ciudadana’, que igualmente es vista en Europa como un recorte de libertades impropio en una democracia. "Después de la primera mitad de legislatura absorbidos por la urgencia de la situación económica, el Ejecutivo está emprendiendo ahora las reformas más ideológicas" señala Morel, que califica, como el resto de medios europeos, la ley de Gallardón como claramente regresiva.

Esa ley, como señalaba Morel, está supeditada al ala más ultraderechista de un partido que acoge en su seno a las ideologías más reaccionarias, integristas, machistas y filofascistas de todo el electorado, razón por la cual en este triste país gobernado por un partido que se dice de centro, pero de ideología sumamente retrógrada, no existen partidos ultraderechistas. A los reaccionarios les basta con el Gobierno de Raxoi, que legisla, como demuestra con la ley de ‘Protección de la vida del concebido y derechos de la embarazada’, como lo más ultraderechista de Europa.

Gallardón viene expresando su criterio reaccionario y machista siempre que se ha tocado el tema del aborto, ya que desde considerar que las mujeres que abortan lo hacen por presiones sociales y no por su voluntad, con lo que parece que el Ministro considera a las mujeres incapaces de tenerla, a manifestar que una mujer que no es madre es un ser incompleto y frustrado.

En su imposición de llevar a cabo las gestaciones se quieran o no, el reaccionario Ministro ha decidido que no se permitirá el aborto terapéutico, al defender que los fetos con malformaciones han de ser paridos aunque su esperanza de vida sea de días o de horas, o que su existencia, de prolongarse la vida, sea la de una biografía de dolor tanto para el nacido como para su familia.

Esto, además, en un momento en el que el Ejecutivo niega constantemente ayudas a los dependientes. Porque en la nefasta ley de ‘protección de la vida del concebido’ no se contempla que una vez que el feto llega a ser persona, y por muchos problemas que tenga, el Gobierno preste ayuda alguna a él o a su familia. O expresamente a esa madre a la que dice la ley que protegerá tan solo durante la gestación. Después del parto las mujeres tendrán que enfrentarse solas a todos los problemas que suponga haber traído al mundo un ser con graves discapacidades físicas o mentales, o ambas.

El Ministro Gallardón se aferra torticeramente a una resolución de la ONU, aunque no sea cierto, como dice el Gobierno, que Naciones Unidas se haya manifestado en contra del aborto y, concretamente, en contra del supuesto de malformaciones fetales. Nada más lejos de la realidad porque todos los Comités de Naciones Unidas han mostrado su profunda preocupación por los abortos ilegales o inseguros y la conexión entre éstos y las altas tasas de mortalidad materna. En el mismo sentido otras instancias internacionales como las plataformas mundiales de Beijing y del Cairo y la Organización Mundial de la Salud han subrayado el elevado coste que las leyes de aborto restrictivas tienen para la salud de las mujeres.

Resulta curioso que este Gobierno, que pasa por encima de los derechos de las mujeres y hasta del sentido común, recurra a una inventada resolución de la ONU para imponer sus creencias religiosas, cuando en otros asuntos, como la necesidad de buscar a las casi dos mil víctimas desaparecidas bajo la dictadura franquista enterradas en fosas comunes en bosques y cunetas o al pie de tapias de infinidad de cementerios, ignore las resoluciones a ese respecto, del mismo modo que desobedece la normativa que insta a que no se apliquen amnistías a los regímenes genocidas como el del general Franco.

No es esa la única contradicción de un Gobierno supeditado a las creencias religiosas de la secta católica en un partido, el PP, al que se le llena la boca a la hora de reivindicar los cumplimientos constitucionales, pero que ignora sistemáticamente la aconfesionalidad del Estado. Igualmente resulta incoherente que el Ejecutivo tenga ese afán sobreprotector sobre los no nacidos y, sin embargo, permita la desnutrición y el hambre de cientos de miles de niños cuyos padres forman esa legión de parados sin prestaciones que padecen las consecuencias de unos planteamientos de neoliberalismo salvaje que raya en el genocidio de la clase trabajadora.

La ley de Gallardón que penaliza el aborto pone los ovarios de las mujeres en manos de la curia y un neoliberalismo inhumano que quiere una masa trabajadora sometida a la penuria para así poder explotarla mejor, y su dignidad en manos del BOE. Es una ley injustificable en términos sociales y de libertades e ignominiosa en cuanto al respeto que se debe al 51% de la población.

Las restricciones a la ley de aborto de 2009, que llevó a cabo el Gobierno Zapatero, adecuándola a la normativa europea, que mayoritariamente contempla los plazos a la hora de legislar sobre el aborto, es únicamente una revisión legal motivada por la ideología reaccionaria de un Gobierno talibán, no responde a demanda social alguna, sino a sus ansias controladoras. Porque este Ejecutivo, que habla mucho de libertades cuando se trata de las de la oligarquía para robar a su capricho, actúa como el Gobierno comunista chino en cuanto la libertad de las mujeres, aunque en sentido contrario. Porque si los jerarcas de la china comunista limitan el número de hijos que han de tener las familias de ese país, el español impone que las españolas sean úteros gestantes sin capacidad para decidir sobre su maternidad y su cuerpo.

Es, además, y como todas las medidas que toma el Gobierno de Raxoi, profundamente discriminatoria en tanto las mujeres de alto nivel económico, las que pertenecen a esa plutocracia que representa el PP, podrán ir a abortar al extranjero mientras que las de la clase trabajadora se verán abocadas a tener que recurrir a clínicas clandestinas sin las garantías necesarias, poniendo sus vidas en peligro.

En definitiva, el engendro legal que ha pergeñado Gallardón no es sino un bodrio legal al servicio de la secta católica y el neoliberalismo salvaje, profundamente injusto y machista, que pone a este país a la cola de los derechos de las mujeres y al Gobierno en evidencia ante la Europa civilizada, a la que la Ejpaña del flamenco y la salvajada patria por excelencia – los espectáculos taurinos-, sumará su carácter beato para completar la imagen de un país de charanga pandereta y sacristía que no gusta nada a los países de nuestro entorno.

Margallo derrocha el dinero de los contribuyentes con el invento de la Marca España porque entre Gallardón con su restrictiva ley del aborto y Wert subvencionado la tortura de indefensos animales con dinero público, se han cargado la de un país moderno que es visto en Europa como se viera durante la dictadura.

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