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Acoso al Juez Elpidio Silva: Persecución de la libertad de Información.

El Juez Elpidio Silva manifestaba hace unas semanas que “si la ciudadanía conociera la gestión de la caja, el sistema no lo soportaría".  En ese momento parecía que el denostado juez exagerase. Mas dado el contenido de los, hasta ahora, últimos correos de Blesa conocidos no se puede dudar de las palabras de Silva, el segundo juez criminalizado por poderes espurios por plantarle cara e investigar hasta qué punto los administradores del dinero de las Cajas, entidades públicas, jugaban con él como verdaderos trileros.

El primer togado que concitó las iras del poder, expulsado de la Audiencia Nacional, fue  Baltasar Garzón cuando comenzaba a investigar lo que no pudo, a la postre, evitar el PP que se supiera: el caso de su financiación ilegal, el trasiego de sobres y sobre sueldos en Génova 13, todo relacionado con el caso Gürtel, que pasó a ser el Caso Bárcenas y acabará siendo el ‘caso PP’.

Desde que el juez Elpidio Silva tuvo el arrojo de dictar el encarcelamiento del muy poderoso expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa de la Parra, todas las fuerzas del dinero y de la derecha, incluida la mediática, se lanzaron contra él para anularle, denostar su trabajo, e incluso criminalizarle. En el presente está imputado por la Fiscalía por haber encarcelado a Blesa, en lo que la jerarquía fiscal, sometida al poder del Ejecutivo, considera abuso de poder y prevaricación. Nada importa ni a la Fiscalía ni a la derecha que Miguel Blesa fuera uno de los responsables del hundimiento de una entidad cuyo rescate costó más de veintidós mil millones de euros, y uno de los impulsores de la comercialización de acciones preferentes y subordinadas con las que la entidad estafó –según numerosas sentencias judiciales- el dinero a miles de pequeños ahorradores que no tenían el menor conocimiento de dónde estaban colocado su dinero, entre otras cosas porque nadie les informaba.

A pesar de todas esos más que indicios de que nada de lo que hizo Blesa fue inocente, de la lectura de sus correos, de lo que se sabe hasta el presente, se deduce que el poder económico, el poder político e incluso el poder real, hicieron uso y abuso de un dinero que en teoría, solo en teoría, era del pueblo.

Como los correos de Blesa –correos electrónicos corporativos, puestos o recibidos desde el servidor de Caja Madrid- están poniendo al descubierto infinidad de manejos y corruptelas impresentables, el Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, dirigió un escrito a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para solicitar que se investigue la filtración de los correos de Blesa, al considerar que  hay indicios de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secretos.

Da la impresión de que los dardos se dirigen directamente al juez Silva, el togado al que los medios de la caverna descalifican al retratarlo como un magistrado problemático pese a que en su historia profesional no surgieran indicios de tal cosa hasta que osó plantar cara al poder económico y político procesando a Miguel Blesa.

El expresidente de Caja Madrid, íntimo amigo de expresidente Aznar, que le ascendió a su cargo en cuanto llegó a La Moncloa en 1996, está vinculado con dirigentes del PP o simpatizantes tan poco de fiar como el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en el presente en la cárcel por delitos económicos, al que prácticamente regalo varios millones de euros que sabía no iba a devolver.

El Fiscal Moix quiere no solo descubrir quién es el responsable de las filtraciones de un sumario que ha pasado por el juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, el de Silva antes de que le obligasen a renunciar al caso Blesa, pero también por el Juzgado de Instrucción Número 36 y por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, sino también procesar a los medios que han hecho públicos unos correos que ponen en evidencia, entre otros, manejos destinados al lucro de personajillos con mucho poder y escasa ética.

Por esos correos se ha podido saber que  la cúpula empresarial tapó el fracaso del rey Juan Carlos I en su intento de promover la creación de un fondo de inversión con capital de Arabia Saudí y España: "También ha habido consenso en que deberíamos hacer las cosas con firmeza pero con elegancia para que quede bien Su Majestad" decían esos correos cuando el negocio hispanosaudí fracasó.

En la creación de esos fondos jugaron un importante papel el rey y la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que trabajaba para la firma SAGIA (Saudí Arabian General Investment Authority, el fondo soberano del país). Esa empresaria, a la que se atribuye algo más que amistad con el monarca español, participó en el diseño y constitución de esa iniciativa fracasada, a pesar de lo cual fue muy bien remunerada.  En junio de 2007, el monarca de Arabia Saudí, Abdala bin Abdulaziz Al Saud, presidió junto al Rey Juan Carlos la presentación en Madrid del Fondo y recibió de manos del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, las llaves de oro de la ciudad. El mismo día se firmaba el acuerdo que se comenzó a negociar en un viaje del rey a la capital del país árabe realizada el 8 de abril de 2006, al que corresponde la famosa fotografía de Corinna Larson - nombre de soltera de quien se hace llamar princesa zu Sayn-Wittgenstein - bajando del avión en el séquito del rey Juan Carlos.

En uno de esos correos, los gestores de Caja Madrid hacían referencia al descontento de los empresarios, que habían aportado 21 millones de euros al fondo –dinero que, a la postre, sin duda recuperarían a base de despidos y bajadas de salarios a los sufridos trabajadores- y escribían: "nos hemos puesto como fecha tope Semana Santa. También hemos estado todos de acuerdo en que no pagamos más gastos", en relación fracasado fondo hispanosaudí, iniciativa empresarial del rey que está costando el dinero de todos los ciudadanos.

Tuvo razón Silva cuando dijo que de conocerse el contenido de todos los correos temblarían las bases del Estado. Y no la tienen quienes quieren hurtar a la opinión pública unas informaciones que ponen de manifiesto hasta qué punto las actuales instituciones del Estado, del rey abajo todos, jugaron con el dinero del pueblo.

Si funcionase mínimamente el Estado de Derecho esa denuncia contra los medios no podría prosperar porque existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como el honor y la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de Interés Público, y que la información sea veraz y comprobada desde el punto de vista de la profesionalidad informativa. Así lo señalan varias sentencias del alto tribunal de fechas, entre otras, de 23 de Marzo y 26 de Junio de 1.987, 12 de Noviembre de 1.990, 14 de Febrero y 30 de Marzo de 1.992 y 28 de Abril y 4 de Octubre de 1.993. Y nadie puede negar el interés público de los correos de Blesa para conocer cómo se las gasta el poder económico e institucional.

Mas como están las cosas en este país, en el que la más alta magistratura se dedica a los negocios privados a costa del dinero del pueblo, los Gobiernos inclinan la cerviz ante esos desmanes como hizo el de Rodríguez Zapatero en el caso concreto de los fondos hispanosaudís; otro expresidente, como Aznar, se quiso lucrar –y seguramente lo hizo en otras ocasiones-, con la venta de cuadros de un amigo y empresarios ladrones, como Díaz Ferrán, obtenían créditos que se sabía no iban a devolver y quienes en lugar de actuar como personas sin tacha lo hicieron como verdaderos trileros, no sería de extrañar que quien acabase pagando los platos rotos de tanta corrupción fueran los medios y los periodistas que están dando a conocer tanto latrocinio.

Lo más triste es que la ciudadanía no reacciona; convencida por siglos de educación malamente impartida que hizo creer que nadie podrá nunca evitar que los poderosos roben y el pueblo pague. Hasta que la cuerda se tense tanto que acabe por romperse.

Aunque en ocasiones sí hay reacciones. El abogado defensor del Juez Silva, Cándido Conde ha presentado una querella que se quiere vaya avalada por miles de firmas contra el Fiscal Jefe y Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid Manuel Moix debido al comportamiento de este alto cargo de la Justicia, que viene actuando más como defensor del banquero Blesa que como defensor de la Justicia. 

http://ubprogresistas.blogspot.com.es/2014/01/primicia-denuncia-al-fiscal-moix.html


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