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Y en eso llegó la banca y mandó callar: Gobierno y jueces al servicio de los banqueros.

Parafraseando la letra de la canción de Carlos Puebla ‘Y en eso llegó Fidel’, en la que su estribillo dice: ‘Se acabó la diversión/llegó el Comandante/ y mandó a parar’, se podría decir que en este país ‘llegó la banca y mandó a callar’. Porque eso es lo que pretende el Gobierno de Raxoi, siempre al servicio de los banqueros, que planea -dice que de acuerdo con la normativa europea-, que los ciudadanos no conozcan, ni la prensa pueda informar sobre las sanciones que el Banco de España los imponga.

Después de haber convencido de la falacia que nos ha costado a los ciudadanos más de cincuenta mil millones con el principio de ‘demasiado grande para quebrar’, o ganar sueldos, percibir jubilaciones y despidos de tantas cifras que las personas normales no podrán ganar a lo largo de cincuenta años de trabajo, los banqueros ahora lograrán que el Gobierno de Raxoi adopte una medida que nadie sabe bien quién determinara: que las multas y sanciones aplicadas a los directivos de la banca puedan permanecer en secreto. Así lo prevé un anteproyecto de ley que ha elaborado el Gobierno para trasponer la directiva CRDIV de la UE sobre de recursos bancarios.

El Gobierno de Raxoi, que desde que llegó al poder no ha hecho otra cosa que favorecer a la banca se acoge, una vez más, a una falacia para justificar una medida que implica la opacidad sobre actuaciones delictivas de los banqueros, porque la directiva de la UE a la que recurre el Ejecutivo para justificar esa medida de opacidad remite a las legislaciones de los países miembros.

En la actualidad están imputados ciento noventa y cinco directivos bancarios a causa de las muchas irregularidades, trampas, componendas, ilícitos penales al fin y al cabo, que los ha llevado ante los jueces, aunque se prevé que acaben impunes a sus latrocinios, como está sucediendo con Blesa, el Presidente de Caja Madrid que llevó al hundimiento de esa entidad, o Rodrigo Rato, también procesado, que fue el factótum del descalabro de Bankia que tantos millones nos viene costando a los ciudadanos.

Esos dos son los más conocidos, mas la colección de imputados por los abusos cometidos en las Cajas de Ahorro, convertidas en entidades bancarias es inacabable. En el País Valenciá José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat, y Presidente del Banco de València. O los responsables de la CAM como el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector de empresas Daniel Gil, la también exdirectora general María Dolores Amorós, el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb. Nova Caixa Galicia, reconvertida también en banco, igualmente tiene sus imputados: Julio Fernández Galloso, su delfín y sucesor, José Luis Pego, Javier García de Paredes y Gregorio Gurriarán, dos escuderos del exdirector general de Caixa Galicia y José Luis Méndez.
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La relación podría resultar tediosa, inacabable, porque los banqueros de las entidades de ahorro reconvertidas en bancos perpetraron toda clase de abusos sobre los usuarios, como la ilegal venta de acciones preferentes y subordinadas que dejaron en la ruina a millones de ahorradores en tanto ellos cobraban sueldos de más de un millón de euros, al tiempo que inflaban el Euribor o cobraban las ilegales cláusulas suelo que hizo que cientos de miles de personas perdieran sus casas porque no podían hacer frente a los excesivos recibos de la hipoteca.

Todos los banqueros que cometan esos delitos, abusos y latrocinios, a partir de la nueva legislación que planea aprobar el Gobierno de Raxoi no solo quedarán impunes sino que ni siquiera los conoceremos porque el Ejecutivo ha acordado mantenerlos en el anonimato, no sea que algún día un usuario arruinado le parta la cara a alguno de ellos o un diputado de izquierdas cometa el delito de lesa majestad de amenazar a alguno de ellos con un zapato.

A la vez, la Ley de Seguridad Ciudadana blinda a los bancos de las acciones de los estafados por las preferentes o los abusados hipotecados, porque se sancionará con abusivas multas a quienes intenten ocupar una sucursal bancaria o se manifiesten delante de ella.

De ese modo el Gobierno de Raxoi castiga a los estafados y protege a los estafadores, a la vez que la judicatura pretende castigar –y seguramente lo hará- al juez que metió en la cárcel al defraudador Blesa. Ya ha dado el primer paso el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al aceptar la querella de la Fiscalía contra el juez Elpidio José Silva, en la que aprecia "indicios racionales" de que éste prevaricó al abrir una "causa general" y "prospectiva" contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

En el auto se recuerda que la defensa de Silva se cifró en de forma casi exclusiva en la necesidad de proceder al visionado de más de 8.000 correos electrónicos de Blesa, en los que se basó para enviarle a la cárcel, pero que el magistrado del TSJM rechazó incorporar a su investigación “porque afectaban a la intimidad del banquero”, del banquero y de paso del expresidente del Gobierno, José María Aznar, del que se supo, precisamente por esos correos, que se dedicó durante años ha hacer negocios con fábricas de armas, con las que le puso en contacto el banquero y fiel amigo.

Los banqueros españoles, de los que no podrá saberse las tropelías que cometan, porque este Gobierno los protege de cualquier intemperancia que puedan llevar a cabo los malvados ciudadanos que reclamen justicia, se sitúan en el quinto lugar en la clasificación de banqueros millonarios, detrás de Reino Unido, Alemania, Francia  e Italia.

España es el segundo país donde más cobraron los banqueros de media (2,16 millones de euros), solo superado por Chipre (2,2 millones), por delante de Reino Unido (1,95 millones), Alemania (1,55 millones) o Francia (1,56 millones).

Para evitar que la ciudadanía conozca los sueldos millonarios de los banqueros, las tropelías que cometan contra los ciudadanos y puedan obrar impunemente, sin que ningún juez perverso como Elpidio José Silva los moleste, el Gobierno de Raxoi pone una mordaza más a la prensa, que no podrá informar de las sanciones que les aplique el Banco de España, o si se las aplica.

Entre la mordaza puesta a los medios sobre la información sobre los banqueros que perpetran tropelías, las multas a los periodistas gráficos que fotografíen los abusos de las fuerzas de seguridad y el asalto a los medios para que solo informen de lo que quiere el Gobierno, pareciera como si los planes de este fuese que desapareciera la profesión periodística.

Ya se sabe que en las dictaduras informar fuera de lo que dictaminan los gobiernos es delito. Y este triste país camina a la velocidad del rayo a serlo de facto.

Mientras la ciudadanía se lo consienta.

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