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Una clase política indecente se parapeta detrás de jueces y fiscales sin ética.


¿Qué tiene que reflejar un correo para que la ley considere que es más importante el delito que revela que la privacidad de quien lo envió? Si el correo, privadísimo, da cuenta de que alguien cometió un crimen ¿quedaría este impune porque no se puede vulnerar la privacidad de los correos? Mas o menos eso es lo que argumenta el Fiscal Jefe de Madrid a la hora de rechazar como prueba de los presuntos delitos perpetrados por Miguel Blesa de la Parra, expresidente de Caja Madrid, en los tiempos en los que ostentaba su cargo y que, según se va descubriendo a través de la lectura de los correos intervenidos por el juez Silva, llevó a cabo junto a dirigentes de la Comunidad de Madrid toda clase de sucias maniobras privatizadoras, entre otras muchas fechorías, siempre cargando sus abusos en los bolsillos de los ciudadanos.

El digital Infolibre publicaba hoy una noticia en la que se pone al descubierto que Caja Madrid planeó, desde 2004, la privatización del Canal de Isabel II a través de un concurso amañado. De ese modo se quería poner en manos privadas la empresa que gestiona el agua de los madrileños para que estos tuviesen que pagarla mucho más cara y los beneficiarios de la privatización se hiciesen de oro. Como está sucediendo con todos los servicios que vienen privatizando los políticos madrileños del PP.

Pensar que esa obsesión privatizadora solo responde a una concepción ideológica sería de ingenuos, detrás de cada privatización llevada a cabo por el PP de Madrid o de cualquier otras comunidad o desde el Gobierno de la nación, se esconden los beneficios pecuniarios que aportan a los privatizadores. Bien es sabida la relación de exconsejeros de Sanidad como Güemes o Lamela, que hicieron uso de las puertas giratorias que los llevaron de lo público a lo privado sin solución de continuidad cuando dejaron sus cargos, desde los que trabajaron por privatizar hospitales, laboratorios y en el presente hasta la gestión de la donación de sangre, que los voluntarios donarán desinteresadamente pero que luego compañías privadas comercializarán.

El plan para entregar a manos privadas la gestión del agua de los madrileños lo llevaban a Carlos Vela y Carlos Contreras que en un correo dirigido a Blesa daban cuenta de sus pasos para que Caja Madrid se hiciera con el Canal de Isabel II que, sin duda, daría grandes beneficiosa a esa entidad.

Los correos que se cruzaron los dos directivos citados ponen de manifiesto que las maniobras realizaba Caja Madrid, con la connivencia de los políticos madrileños, para sortear el concurso público a la hora de hacerse con la rentable gestión de las aguas madrileñas que, pensaban, podrían enajenarlas en beneficio de FCC, la empresa de la que es accionista mayoritaria Esther Koplowitz, y de la que compraron recientemente paquetes accionariales millonarios americanos como Forbes o Bill Gates.

Pese a que en esos correos se pone de manifiesto el grado de indecencia que presidía, y es muy posible que siga presidiendo, las gestiones privatizadoras de los políticos madrileños con las empresas interesadas en los bienes públicos, el Fiscal Jefe de Madrid considera que el contenido de los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid, son "nulos" e "inexistentes jurídicamente".

Y añadió, en el colmo del despropósito, que lo que le preocupa es que se estén filtrando a la prensa los citados correos “porque ello puede constituir un delito de revelación de secretos”. De modo que como los presuntos delitos de amaño de contratos, la connivencia entre los financieros que arruinaron una caja cuyo rescate viene costando a los ciudadanos cantidades millonarias que se ven obligados a pagar con sus impuestos y el recorte de sus derechos, y los políticos que maquinaron con ellos, presuntamente para sacar beneficios privados de lo público, son asuntos secretos, que han de quedar en la impunidad según la Fiscalía de Madrid.

El argumento de la Fiscalía de Madrid es que no puede utilizar esos correos para abrir cualquier tipo de investigación sobre su contenido porque son "inexistentes jurídicamente", dado que los 8.777 correos que figuran en la causa abierta por el juez Elpidio José Silva contra Blesa han sido declarados "nulos" por la Audiencia Provincial de Madrid porque según ese tribunal Silva los obtuvo "ilícitamente" vulnerando los derechos fundamentales del expresidente de Caja Madrid.

El juez Silva, sin embargo, mantiene que esos correos no son privados, puesto que pertenecían a Caja Madrid y no a Blesa, y que existe jurisprudencia al respecto, porque el Tribunal Constitucional, en una sentencia dictada en diciembre de 2012, dijo textualmente que: "No cabe apreciar afectación del derecho a la intimidad desde el momento en que la propia demandante y otra trabajadora quienes realizaron actos dispositivos que determinaron la eliminación de la privacidad de sus conversaciones, al incluirlas en el disco del ordenador en el cual podían ser leídas por cualquier otro usuario, pudiendo trascender su contenido a terceras personas, como aquí ocurrió al tener conocimiento la dirección de la empresa".

Cuál es la razón por la que el alto tribunal madrileño y el Fiscal Jefe de Madrid ignoran la sentencia del Constitucional y el sentido común, poniendo por delante los derechos de presuntos delincuentes antes que el bien común de los ciudadanos, y los derechos de un juez que quiso castigar a un banquero cuyas decisiones contribuyeron a la ruina de una entidad pública que se ha obligado a rescatar a los ciudadanos es algo que no se entiende si no es sospechando que en este triste país existe una intolerable connivencia entre políticos corruptos y jueces y fiscales sin ética.

Y si en un país los políticos son corruptos y la Justicia connivente ¿Qué salida queda a los ciudadanos para recuperar su dignidad y sus bienes?


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Comentarios

  1. Muy Buen Blog !
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    Gracias !

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